Por: Laura Cano, periodista Pares.
Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, terminó ayer jueves de rendir su versión ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del proceso que se adelanta por ‘falsos positivos’. Montoya había señalado que se acogería a su derecho de guardar silencio. Lo que vive hoy el país respecto al actuar de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios o exfuncionarios públicos, es una burla e irrespeto a las víctimas del conflicto armado.
Por un lado, a principios de mes se conoció que, por la falta de compromiso y posturas por parte de Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta institución había sido expulsada de la Red Internacional de Memorias. Por otro lado, poco después de esta noticia, Alfredo Ramos, concejal del partido Centro Democrático, hizo la propuesta de eliminar el concepto de Conflicto Armado del Museo Casa de la Memoria de Medellín, pues para él esta expresión no es representativa de la realidad colombiana.
Estas acciones suponen un riesgo para lo que ha sido reconocer a las más de ocho millones de víctimas, esto, entendiendo que más allá del reconocimiento se debe instar por la creación de herramientas que velen para que haya reparación y garantías de no repetición.
Así, esas posturas significan volver a poner en escenarios de disputa el valor del lenguaje y el uso de la historia para la construcción de un discurso hegemónico, evadiendo a los actores del conflicto y el tratamiento político y judicial que se les debe dar.
Pares habló con Luz Marina Bernal, integrante fundadora del colectivo Madres de Soacha, activista por la paz en Colombia y defensora de los derechos humanos, señala: Hoy vemos reflejado nuevamente que el director del CNMH nos aísla de un proceso que era importante para las víctimas. La finalidad es que internacionalmente no se den cuenta de la magnitud de la violación de derechos humanos que tenemos y hemos tenido en Colombia. Las víctimas tenemos una responsabilidad de pelear por esos espacios internacionales para exigir que se haga veeduría de las situaciones del país por parte de entidades externas.
A esto, se le suma la elección en diciembre de 2019 de Eduardo Enrique Zapateiro como comandante del Ejército Nacional, precedido por Nicacio Martínez, quien salió de la institución por supuestos motivos personales, pero siendo responsable, en por lo menos sus últimos días al mando del organismo, de las interceptaciones telefónicas que fueron noticia empezando el 2020 y el bombardeo a 18 niños en Caquetá; situación que agitó la movilización nacional desde noviembre del pasado año.
La posesión de Zapateiro en el Ejército fue un desconocimiento total a los hechos que encierran a este personaje dentro de las Fuerzas Públicas, por una parte, la planeación de la Operación Fénix, un hecho que más haya de los resultados militares, terminó en una crisis diplomática con Ecuador y varias alarmas por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, por otro lado, también se le acusa de estar relacionado con caso de ejecuciones extrajudiciales, además de desapariciones forzadas.
A pesar de esto, él ha estado a la cabeza de la Institución y hace poco, como un mal chiste, se refirió a la muerte de Popeye, diciendo a través de Twitter que Lamentamos mucho la partida de ‘Popeye’, somos seres humanos, somos colombianos. Y del comandante del Ejército de los colombianos solo tienen que esperar seguridad y defensa. Es mi responsabilidad, y constitucionalmente debo garantizarle al pueblo colombiano el respeto por su vida, sus bienes, su honra, su dignidad, el orden y la libertad.
Burlarse de la JEP y de las víctimas
La Ley 1957 de 2019 señala que “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuya misión, es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron directa o indirectamente durante el conflicto armado”.
Según esto y lo planteado en distintos puntos de esta ley, quienes se someten a la JEP le deben a los colombianos el compromiso de aportar con la verdad de lo ocurrido en el Conflicto Armado, independientemente que se acepten o no las responsabilidades.
En este sentido, varios ex miembros de las Fuerzas Públicas se han acogido a esta instancia para contar las versiones de sus actuaciones en el conflicto. En medio de esto, once militares han señalado en sus declaraciones al general retirado Mario Montoya, en las que se lo vincula con la Operación Orión, cuando comandaba la IV Brigada del Ejército Nacional (2002-2003), con desapariciones forzadas y además de los casos de ejecuciones extrajudiciales de los que fueron víctimas jóvenes de Soacha y Bogotá.
Ante esto, hace dos años, tras firmar el sometimiento a la JEP, Montoya asistió a las audiencias en donde no aceptó las responsabilidades por las cuales se le indagaba. Hoy por hoy, este organismo lo citó de nuevo para que diera su versión voluntaria de los hechos para contrastar esta información con la que ya ha sido recopilada.
Sin embargo, esto no se terminó de dar, pues durante el primer día en el que fue citado, el excomandante se escudó en su derecho de guardar silencio: en efecto, olvidó el fin de la JEP y el compromiso que obtuvo con las victimas al someterse a esta justicia.
Es como si todos los militares que en este momento están dando las versiones libres se hubieran puesto de acuerdo con no pronunciar palabra o simplemente señalar que los de arriba los presionaban. Son muy contados los militares que han hablado y que han aceptado o nombrado responsables, señaló Luz Marina.
Ahora, los magistrados de la JEP verificarán la versión de Montoya con los informes que han recibido y en los cuales se le menciona como uno de los responsables de los falsos positivos. Asimismo, los abogados de las víctimas solicitaron «activar el procedimiento adversarial y remitir al compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción, ya que a juicio de las víctimas, el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional». Esta solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento.
Según Bernal Para nosotros no es nuevo que él tomé esa actitud, como dice el dicho: “el que calla otorga”. Para nosotros es entendible que él no diga lo que sabe, porque en el momento que él diga que es responsable tiene que nombrar al que va sobre esa cabeza que dio la orden, que en ese caso sería el Ministro de Defensa de ese momento Juan Manuel Santos y si este hablara tendría que decir las responsabilidades del presidente de ese periodo, quien era Álvaro Uribe .