Por: Guillermo Segovia
Politólogo, abogado y periodista
A un mes exacto de haberse iniciado el gobierno de Gustavo Petro, mientras la emisora radial Caracol destacaba el significativo aumento de la inversión extranjera como una muestra de confianza en el nuevo mandatario y su programa, el expresidente Álvaro Uribe reclamaba el logro como el efecto de las medidas de la administración antecedente liderada por su pupilo, Iván Duque. Por supuesto que esto contradice el vaticinio del uribismo de que si ganaba Petro la plata de afuera no llegaría y la de aquí saldría a las carreras. Queda claro que los inversionistas no se comieron el embeleco del comunismo y el castrochavismo.
Desbaratada la conseja anterior, la menguada, vociferante y absurda oposición derechista se ha dado a la tarea de urgir resultados, cuando al año largo de Duque condescendían con que sus yerros eran fruto del aprendizaje, como tituló Semana. Cínico intentar señalar responsabilidad del gobierno actual en la continuidad de masacres y asesinatos de líderes: el escenario y los ejecutores son el resultado de la política de seguridad, lucha contra el crimen y control de la violencia basada en el guerrerismo, el exhibicionismo y el abandono de la búsqueda de la paz por el gobierno Duque.
En otros frentes sí que descuella la posición mendaz, anacrónica, aporofóbica y antiderechos de los reductos retardatarios, que ha encontrado eco en un sector mediático vocero de emporios económicos acrecentados sin límite por favorecimiento de gobiernos anteriores. Tal es el caso de la reforma tributaria (primer intento de cumplir principios constitucionales como la progresividad) y los ingentes esfuerzos de gremios, opinadores de derecha y periodistas “neutrales” de convencer a la opinión pública de que se trata de apretar a sectores medios y bajos con el ardid que los gravámenes se desquitarán en el consumidor o comprador final, lo que además es la confesión anticipada de un delito.
Paja aparte, Petro ha tenido un arranque exitoso marcado con una aprobación que va desde el 56% de la encuestadora Invamer hasta el 69% del Centro Nacional de Consultoría, destacado maliciosamente en portada por la revista Semana, punta de lanza del antipetrismo. En esto mucho ha tenido que ver la decisión del presidente de “tomar el toro por los cachos” y salir desde el día siguiente a su posesión a ratificar en lugares y eventos significativos los lineamientos de su mandato y a ponerle el pecho en el sitio a graves situaciones de violencia larvadas en la inacción, la incapacidad o las obsesiones del gobierno anterior.
En los congresos anuales de los principales gremios del país (ANDI, Asobancaria, Anato, ACM, Andicom), Petro ratificó los criterios del gobierno frente a empresarios de sectores como la industria, el financiero, el turismo, la minería y las tecnologías digitales. El Estado recuperará su función de dirigir y acompañar el desarrollo económico hacia un cambio de modelo orientado a la producción, la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad en un horizonte de paz y transición del extractivismo hacia energías limpias, como aporte a la contención del cambio climático como amenaza para la humanidad.
Su presencia ovacionada en los territorios con manifestaciones de violencia y la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida, con participación de la ciudadanía, busca contrarrestar factores desestabilizadores, al tiempo que los diálogos regionales vinculantes para la elaboración de los planes nacional, departamental y municipal de desarrollo, pretenden hacer frente a los asuntos estructurales de carácter económico y social que en parte están en la base de la conflictividad.
Se gestiona una Paz Total ofreciendo condiciones de negociación y acogimiento, según el caso, a los actores insurgentes y criminales, con acciones inmediatas demostrativas de un cambio de rumbo y voluntad en el propósito, como el cese de bombardeos indiscriminados donde haya niños, la reiniciación de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional —suspendiendo órdenes de captura y rehabilitando protocolos de negociación—, la posible sustitución del servicio militar obligatorio por uno de carácter social y la búsqueda de diálogo con diferentes agrupaciones para un sometimiento favorable.
Frente a la política contra drogas ilícitas el revolcón es significativo. El gobierno se plantea llevar al escenario internacional el debate sobre el fracaso de los mecanismos actuales, propone la legalización de marihuana y cocaína, opta por la interdicción en las fronteras propias, propone una revisión a la extradición con EE.UU. —condicionada en el caso del narcotráfico al acogimiento a la ley colombiana—, prohibió la aspersión con glifosato y promueve la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y un diálogo con las organizaciones de campesinos dedicados a esa actividad.
La designación del gabinete ministerial ha constituido un ejercicio sin precedentes de equilibrio y pluralismo para consolidar un amplio frente político de apoyo a los cambios propuestos, tanto los inmodificables como los transables, y garantizar mayorías congresionales que hagan posibles las reformas o iniciativas legislativas fundamentales, como la tributaria para inversión social y saneamiento de las finanzas públicas como el Plan Nacional de Desarrollo, que materialicen el programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”.
Algunas decisiones pragmáticas en función de ese logro han sido causa de críticas, pero el presidente se ha mantenido, privilegiando el objetivo mayor de que en las legislaturas de este año y 2023 se asegure al máximo el legado de su proyecto reformista en temas como impuestos, paz, electoral, salud, defensa y policía, seguridad, pensiones, justicia, entre otros, además de los propuestos por la bancada del Pacto Histórico, su plataforma electoral.
En sectores clave en sus propósitos, Petro ha designado personas de confianza, cercanas en su vida política y probadas en su gestión en la Alcaldía de Bogotá, como también jóvenes profesionales y académicos con afinidades a sus propuestas. Con esto busca tener un seguimiento estratégico directo y de resultados confiables.
Tal es el caso de Jorge Iván González en el Departamento Nacional de Planeación, Daniel Rojas en la Sociedad de Activos Especiales, Augusto Rodríguez en la Unidad Nacional de Protección, Alberto Casanova en la Dirección Nacional de Inteligencia, Gloria Cuartas en la Consejería para el Acuerdo con las FARC, Jorge Iván Bula en la Escuela Superior de Administración Pública, Javier Pava en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y Cielo Rusinque en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
En Prosperidad Social parecen tensarse las relaciones con dos sectores aliados en los que la habilidad política y el compromiso alternativo de Gustavo Petro debe jugarse a fondo. De una parte, el nombramiento de la directora genera el malentendido de que Petro renunció a su compromiso de crear el Ministerio de la Igualdad que desempeñaría la vicepresidenta Francia Márquez. Las reacciones apresuradas al respeto omiten que esa cartera debe crearse por ley y la entidad no puede quedar acéfala en el entretanto. De otro lado, está el reproche de un sector del feminismo al nombramiento de Rusinque, debido a su posición jurídica frente a acusaciones de machismo o violencia de género, por la cual parece decantarse el presidente.
Con motivo del primer mes del primer gobierno alternativo de la historia de Colombia, el analista y escritor León Valencia Agudelo, acompañado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó su libro La izquierda al poder en Colombia, en el que recorre de manera apasionada el intrincado camino de esa epopeya, ante unas élites temibles, un fuerte conservadurismo y unas guerrillas visionarias y otras obtusas, que alargaron el proceso. Ante el histórico logro, explicado en las capacidades y cualidades de Petro y el proceso de paz como por el desdibujamiento del uribismo y el mal gobierno de Duque, Valencia le pide a Gustavo ser el Presidente de la Reconciliación y de la Normalización de la Democracia. En eso está.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.