El presidente no tan ético de la Comisión de Ética del Congreso

Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares

Laureano Augusto Acuña Díaz, más conocido como ‘el gato volador’, es senador por el Partido Conservador y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Ética en el Congreso de la República. Su llegada a esta instancia, el pasado 28 de julio, pone en riesgo el ejercicio imparcial de este organismo que tiene como objetivos: el cumplimiento del código de ética que rige a los y las congresistas, el seguimiento de casos abiertos y el establecimiento de sanciones en relación con el régimen de incompatibilidades e inhabilidades.

En 2018, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió sobre los serios cuestionamientos que rodeaban a Acuña en su aspiración al Congreso para el periodo 2018-2022. Sin embargo, resultó elegido con una votación de ​​82.854 votos (la cual se concentró en el departamento de Atlántico). Los cuestionamientos más relevantes que tiene este senador están vinculados con sus presuntas relaciones con el sistema de compra de votos en el Atlántico.

Acuña es señalado por Aida Merlano en sus declaraciones como uno de los “tres mayores responsables de compra de votos en el Atlántico”, junto al ‘Clan Char’ y al ‘Clan Gerlein’[1]. Estas estructuras clientelares habrían permitido la llegada al Congreso de César Lorduy, Modesto Aguilera, Karina Rojano y José Gabriel Amar, quienes también obtuvieron sus mayores votaciones en el departamento de Atlántico, permitiéndoles ser actuales representantes a la Cámara por el partido Cambio Radical.

Entre los comportamientos más cuestionables de Acuña se encuentra un episodio del que fue protagonista en el 2015, cuando se negó ante la Policía de Tránsito y Transporte de la Guajira a realizarse una prueba de alcoholemia. Está situación casi le hace perder su curul, tal como le sucedió al exparlamentario Jorge Merlano. Para entonces, Acuña reconoció que se encontraba en estado de embriaguez, pero afirmó que no estaba conduciendo cuando fue detenido en el retén de la Policía de Riohacha. Lo anterior produjo que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra.