• Camilo Díaz Suárez

El pobre papel legislativo de la oposición en la primera legislatura

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional

Línea Democracia y Gobernabilidad


Para el periodo legislativo 2022-2026, la declaratoria de los partidos se inclinó, en su mayoría, a ser de gobierno. De esta forma, la oposición quedó representada, en esencia, por el Centro Democrático (CD) en el Congreso de la República. A este partido se le suma la curul de “oposición” obtenida por Rodolfo Hernández, siguiendo el Estatuto de Oposición.


Así, con tan solo 14 senadores, siendo 13 del CD y 1 de Rodolfo Hernández, la oposición ocupa apenas el 13% de las curules del Senado. Esto fue un duro golpe en las elecciones legislativas para un partido que lideró el Congreso en el periodo pasado (2018-2022) siendo partido de gobierno, al tener 19 senadores y contar con el apoyo de otros 35 senadores, equivalente a un 35% en el Senado.


Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE)


Ser minoría en el Congreso se ha traducido en su pérdida de control sobre la agenda legislativa, lo cual se traslapó a poca visibilidad en el legislativo. Luego de las elecciones presidenciales, en las que en segunda vuelta Rodolfo Hernández obtuvo 10 millones y medio de votos, se esperaba que fuera quien encabezara la oposición, pero con su anuncio de renuncia al Senado, terminó de caerse esa posibilidad. A eso se suma que en el Centro Democrático no hay una cabeza clara, mientras se encuentran divididos internamente. Con ello, el papel de la oposición ha sido marginal y con un pobre desempeño legislativo.


Rodolfo Hernández, el líder que no fue


Después de la sorpresiva votación obtenida por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial, por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, le correspondió una curul de oposición en el Senado. Sin embargo, su postura nunca fue del todo opositora.

Inicialmente, Hernández anunció que no le iba a hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro, pero, al aceptar su curul, le comunicó al CNE que haría oposición. Pese a ello, no destacó en el Congreso por eso. Bajo la idea de realizar una ‘oposición reflexiva’, el papel de Hernández fue marginal. Se destacó más por realizar algunas denuncias por corrupción, pero no por liderar iniciativas legislativas.

De los pocos pronunciamientos en contra de las iniciativas de gobierno, algunos tuvieron que ver con el anuncio del alza de los precios de la gasolina por la propuesta de eliminar el subsidio del fondo de estabilización de precios. De resto, en su agenda legislativa se conocen 4 denuncias por corrupción y la coautoría de un proyecto de ley. Las denuncias radicadas son:

  • Presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para mejoramiento de una vía en el municipio de Maní, Casanare, en cabeza de Jersson Esneyder Montoya Hoyos, por un valor de $110.000 millones. Licitación revocada, después, por la Procuraduría General de la Nación.

  • Solicitud para frenar la adjudicación del contrato del Canal del Dique, por cuenta de la solicitud realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de solicitar su licencia ambiental.

  • Denuncia de contrataciones directas por $124.000 millones por parte de la Gobernación de Arauca.

  • Denuncia en contra de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, su sucesor y antiguo protegido, por presuntas irregularidades en un contrato de alumbrado público, en el que habría ignorado advertencias de incumplimiento en la implementación del sistema de administración electrónica de la iluminación, para otorgar 170 días de prórroga y 13.000 millones de pesos. En respuesta, Cárdenas lo denunció por un contrato adjudicado a un único proponente para instalar 34.000 luminarias LED, por 24.000 millones de pesos.

Por su parte, en su accionar legislativo solo se registra su coautoría en el proyecto de acto legislativo número 27/22 de Senado, “Por medio del cual se modifican los artículos 108, 109 y 176 de la Constitución Política de Colombia”. Este es el proyecto de reforma política propuesto por el partido Mira, en el que proponen que los partidos políticos obtengan la personería jurídica por obtener en 2% de los votos válidos en las elecciones de 2026, el 2,5% en las de 2030 y el 3% en las de 2034. Además, proponen que la financiación de partidos políticos se distribuya de manera igual entre todos y que el número de representantes por circunscripción internacional sean 2.

Eso recoge el paso de Rodolfo Hernández por el Congreso, en el que, además, solo quedó con la representación de Marelén Castillo en la Cámara de Representantes, luego que Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, elegidos por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fueran excluidos del proceso de conformación de este movimiento en partido político. Con ese escenario, sostuvo que la razón de su anuncio de renuncia se dio por no sentirse cómodo en el Senado.

El Centro Democrático, sin rumbo claro


Aún sin el liderazgo de Rodolfo Hernández, el Centro Democrático no ha logrado posicionar una figura clara que lidere la oposición. El vacío que dejó Álvaro Uribe no lo ha podido llenar ninguna figura al interior del partido, llevando a diversas posiciones. En un escenario de post-uribismo, el Centro Democrático se ha desdibujado en su norte, reflejándose eso en su desempeño legislativo.


Hasta el momento, en el Senado solo hay 2 proyectos de acto legislativo presentados como bancada. El primero de ellos, bajo el título de “Por medio del cual se reduce el número de miembros del Congreso de la República de Colombia, se realiza una reducción salarial y se dictan otras disposiciones”, con el número 10/22 de Senado, con el que buscan una serie de modificaciones al Congreso. Entre las modificaciones se encuentra reducir el número de senadores a 66, siendo 64 por circunscripción nacional y 2 por circunscripción especial, una por comunidades indígenas y otro por comunidades afrodescendientes. Con respecto a estas últimas establecen que sea requisito haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad. Sumado a ello, plantean reducir el número de curules por circunscripción territorial en un 20% a partir de 2026. Eso incluye una reducción del salario de congresistas, para que quede en 23 salarios mínimos.


A dicho proyecto se suma el número 11/22 de Senado, “Por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia”, que busca reducir las vacaciones de los congresistas en 2 meses. Así, el primer periodo de sesiones ordinarias sería del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de enero al 20 de junio. Este proyecto contó con la particularidad de no ir con la firma de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Con excepción de esos proyectos, se han visto más que todo esfuerzos individuales en materia legislativa. Los de mayor actividad por presentar proyectos de autoría propia o en coautoría son Paloma Valencia, Honorio Henríquez, Enrique Cabrales y José Vicente Carreño, con participación en 9 proyectos cada uno. Por su parte, los de menor actividad legislativa son Ciro Ramírez (3), Carlos Meisel Vergara (3) y Yenny Rozo (2), los cuales, básicamente, solo aparecieron en los dos proyectos radicados como bancada.


Elaborado por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Senado de la República


Los otros proyectos de ley presentados por un grupo de más de 5 senadores del Centro Democrático son 6 proyectos, de los cuales solo 4 tienen un trasfondo relevante. De resto, existen 18 iniciativas legislativas que tienen autoría o participación de solo 1 senador del Centro Democrático, siguiendo sus propias agendas.


Uno de ellos y el que tiene mayor apoyo de este grupo es el 19/22 de Senado, “Por el cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones”, que crea el programa de Bono Escolar, que consiste en la entrega de un cheque a padres de familia para que niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad puedan acceder a instituciones educativas públicas o privadas. El bono se propone que equivalga al pago de derechos académicos y servicios complementarios como herramientas de aprendizaje, salud, comida, útiles escolares, entre otros. Este proyecto fue impulsado por Paloma Valencia con el apoyo de Miguel Uribe, Ciro Ramírez, Andrés Guerra, Honorio Henríquez, Esteban Quintero y Alirio Barrera.


El otro proyecto se trata del 191/22 de Senado, “Por el cual se garantiza la pluralidad ideológica en la formación política e ideológica en las instituciones educativas del país y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto busca que la formación política e ideológica corresponda a los padres de familia, lo que implica que, si una institución educativa de cualquier nivel implementa una cátedra sobre esto, se deben tomar todas las posturas existentes y consultar a los padres sobre la participación de sus hijos en estos espacios. Este proyecto fue radicado por Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Esteban Quintero, Miguel Uribe, Andrés Guerra y José Alirio Barrera.


Otro proyecto también con apoyo de 6 senadores del Centro Democrático es el 156/22 de Senado, “Por medio del cual se adoptan reglas de procedimiento para las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz”. Su objeto es modificar el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018 para que el procedimiento de acreditación de una víctima del conflicto sea presentando una prueba de su condición, con el relato de las razones para considerarse víctima, especificando época y lugar de los hechos victimizantes. El proyecto es impulsado por María Fernanda Cabal, con el apoyo de Enrique Cabrales, Honorio Henríquez, Paloma Valencia, Andrés Guerra y José Vicente Carreño.

El último de estos 4 proyectos es el 21/22 de Senado, “Por medio del cual se establece el servicio público ad honorem de los miembros del Congreso de la República, se modifican los artículos 150, 180, 187 de la constitución política y se dictan otras disposiciones”. Este busca que los congresistas no reciban retribución económica por su asistencia y participación en las sesiones de plenaria y comisiones. El proyecto lo presentaron senadores del Partido Liberal, con la coautoría de Paloma Valencia, Paola Holguín, Esteban Quintero, Miguel Uribe y Enrique Cabrales.


Los proyectos faltantes solo buscan regular algunos aspectos que no tienen mayor relevancia salvo contextos específicos. A eso se ha limitado la agenda legislativa del Centro Democrático, sin proponer grandes cambios o proyectos. Eso, en gran parte, siendo coherente con su posición de minoría en el Senado.


Esa posición los ha dejado maniatados, ya que la oposición que ejerzan no llega a ser significativa por la minoría que son. Así, la postura que han adoptado para no quedar reducidos es la de una ‘oposición constructiva’, encabezada por Álvaro Uribe y Miguel Uribe. Con ello se han recrudecido las divisiones entre una postura más radical, encabezada por María Fernanda Cabal, y otra más moderada.


Lo que sí es cierto es que el Centro Democrático está lejos de lo que es y el escenario post-uribista está dejando entrever la debilidad de este grupo político. Con un papel marginal y perdiendo visibilidad, su actividad legislativa quedó reducida a buscar proyectos que contribuyan a posicionarse en la opinión pública y no perder más protagonismo. De todas formas, aún cuentan con un respaldo importante de la ciudadanía, como dejaron en evidencia las marchas realizadas en contra de las reformas del gobierno Petro el pasado 26 de septiembre.