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El paramilitar que se murió esperando que la JEP escuchara su verdad sobre masacres en Urabá

Por: Redacción Pares


Foto tomada de: Periodismo Investigativo


En Punta Coquitos hubo una época en donde había playa. Hace 36 años se dejaban ver palmeras, arena. El mar ha avanzado unos 300 metros. El mar ha querido borrar la tierra. Y lo ha logrado. En 1988 hasta el paisaje era distinto hasta que todo cambió el 11 de abril de 1988. Desde las fincas Las Tangas Fidel Castaño ejercía funciones casi que de emperador. Allí no sólo se entrenaron en cinco años 20.000 hombres que recibían instrucciones del mercenario israelita Yahir Klein, sino que desde ese lugar salían camiones llenos de paramilitares que cruzaban el país para desplegar el horror. Querían pegarle duro al Urabá, a los sindicatos, quedarse con el banano y en Punta Coquitos empezaron a estructurar su plan.


Nadie los esperaba, llegaron de la nada en el día donde caía un aguacero. Nadie los esperaba pero en Punta Coquitos sabían que un monstruo rondaba Urabá. Un mes antes de la tarde aciaga, los paras ejecutaron dos masacres, la de Turbo y la de Córdoba. En Turbo llegaron a la finca Honduras y asesinaron a 17 trabajadores. Luego fueron a la finca La Negra y mataron a tres hombres más. No era una masacre aleatoria, era una masacre que traía mensaje. Es increíble como los paramilitares usaron la semiología del horror para hacerse entender. Todos estos hombres asesinados tenían algo en común: eran miembros del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia.


En Punta Coquitos se continuó con el plan. Con lista en mano se llevaron 27 trabajadores bananeros y los subieron a una chalupa. No se sabe muy cuál era el plan. El mar estaba picado, la chalupa era demasiado estrecha, se sabía que iba a zozobrar. Entonces, fueron aligerando peso. En la playa ejecutaron a nueve, a los otros 17 los ensardinaron en la embarcación, y a medida que se iban adentrando en el mar los iban soltando a que se ahogaran. Les daban antes un tiro en la nuca. Lo peor vendría en los cinco después. Un cuerpo no flota en el mar. Hay que hacer algunos cortes, prepararlo, para que caigan como piedras. Al dejarlos en la superficie pueden desaparecer algunas horas pero después volverán, la marea los comenzará a sacar a flote. Los que sobrevivieron aún recuerdan la escena, cinco días después los cuerpos, hinchados como globos, empezaron a aparecer en la playa. Muchos de los familiares de las víctimas tuvieron que presenciar este momento indigno, la última afrenta a un muerto.


Fidel Castaño no pudo pagar por este crimen. En 1994, unos meses después de encabezar el operativo que terminó con la muerte de su peor enemigo, Pablo Escobar Gaviria, un francotirador lo asesinó. Su cuerpo nunca se encontró. Simplemente desapareció. Para ser un comandante paramilitar tenía una muerte natural. Las víctimas de Punta Coquitos, la primera gran masacre de las que vendrían en Urabá, querían respuestas, la verdad. Había una persona que lo sabía.


Veintiún años después de la masacre, en el 2009,  fue capturado en Anserma Caldas el empresario y paramilitar Mauricio Zuluaga Espinal. Ya había sido encarcelado en 1991 y condenado a 30 años de prisión por estos hechos. Pero Zuluaga logró zafarse esa primera vez de la justicia por comprobar que él no pertenecía a ninguna estructura paraca. Estaba implicado en la masacre porque él era el dueño del predio donde estaban los colonos asesinados. Se llamaba hacienda San Jorge. La JEP describe al detalle la participación de Zuluaga en estos hechos: “Concertó con el administrador del predio “para que con el apoyo de un grupo armado ilegal, con dominio territorial en la región del Magdalena Medio y que extendía su actuar en la región del Urabá antioqueño asesinara a los 17 labriegos ocupantes del predio”. Jugó un papel determinante para que los paras entraran a Urabá y también estuvo implicado en las masacres de La Honduras y la Negra. Le fue detectado un cáncer terminal por lo que fue trasladado a casa por cárcel en el año 2016. Desde 2017 suplicó a la JEP para que este tribunal escuchara su verdad. El 10 de marzo del 2017 le escribió una carta a la JEP en donde pedía ser escuchado. El tiempo lo apremiaba por la gravedad de su enfermedad: un cáncer en la vesícula que le derivó lesiones cerebrales acabó con su vida. Contó en varias cartas como contrató a 20 mercenarios para asesinar a los pobladores.


El papeleo, que lo entorpece todo, empezó a apiñarse, requerimientos, comprobantes, incluso, según contó la Agencia API dirigida por Norbey Quevedo, le pidieron presentar “el contenido del programa de significación a las victimas”. Fue un proceso tan lento que duró tres años. La primera vez que la JEP lo escuchó fue en el 2020. Fue por intermedio de la magistrada Caterina Heyck Puyana quien le puso lógica a lo que sucedía y decidieron escucharlo el 15 de julio del 2020. Una semana después moriría. Zuluaga compareció ante la JEP prácticamente agonizando.


Se perdía una oportunidad para que las familias que sobrevivieron a esta masacre pudieran saber la verdad de todo lo que pasó. Fue más importante el trámite burocrático.

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