• Laura Natali Cano Murillo

El Pacífico colombiano: entre la guerra y el olvido

Por: Laura Cano, periodista Pares.


Recientemente la Fundación Paz y Reconciliación presentó su informe Conflictos Socio-ambientales en el Pacífico, en el que se hace una evaluación de los hechos que más están afectando en esta zona del país, donde se agregan las dinámicas que ha provocado la minería ilegal, la falta de regulación de producción de carbón, la presencia de grupos armados, el narcotráfico y cultivos ilícitos y la inoperancia del Gobierno actual en la implementación del Acuerdo de Paz.


El Chocó ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por la violencia que ha vivido el país. Esto no ha cambiado mucho, incluso cuando hay un Acuerdo de Paz firmado desde el 2016, con el que se esperaba un impacto positivo en la zona y una disminución importante de los hechos victimizantes contra la población civil.


Actores armados y minería ilegal


El olvido estatal ha provocado que no haya cesado la presencia de grupos armados ilegales, y que hoy, a pesar de que las Farc-ep y su Frente 30 y ‘el Arturo Ruíz del Bloque Occidental’, ‘la Columna Móvil Libardo García’ y ‘la Columna Móvil Aurelio Rodríguez’, dejaron territorios, persista el copamiento de actores armados, donde ahora se ubican el ELN (Frente Che Guevara y el Cacique Calarcá); el Clan del Golfo (AGC), que ha consolidado su presencia en torno a Istmina y al paso del río San Juan a la cuenca del río Baudó y del Atrato, mediante el control sobre la zona del río Suruco y su carretera; además, de algunas disidencias de las Farc-ep, las cuales han retornado a territorios como el Litoral del San Juan.


Una de las preocupaciones que recaen sobre este departamento es la crisis de la minería ilegal, la cual se ha ido tecnificando desde los 90, año en el que se comenzó a implementar maquinaria pesada como grandes dragas, retroexcavadoras y motores, situación, que además del impacto negativo ambiental, ha generado una guerra contra el uso de estas herramientas, las que son quemadas por parte de la Fuerza Pública.


Esto ha sido uno de los motivos que ha provocado crisis en la minería de oro, lo que es una amenaza constante de disputa entre los grupos armados, pues el Clan del Golfo recibe sus mayores ingresos con esta dinámica económica, lo que llevaría a un recrudecimiento de la violencia por el control de los territorios, los que son corredores estratégicos para desplazarse hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe.


A esto se agrega el escenario amenazante en el que está la población civil en general, pero en especial la del sur del Chocó, esto motivado por la búsqueda de nuevas formas de ingresos por parte de los grupos armados, lo que ha generado una agudización en las medidas de movilidad restrictiva, y a su vez al cobro de impuestos ilegales a los comerciantes de la zona y a políticos que hagan trabajo allí durante campañas electorales. Estos hechos intimidantes han llevado también a un silencio provocado por el miedo, lo que afecta los procesos de liderazgo que se ejercen y a la no colocación de denuncias.


Esto, como se señala en el documento, “se agrava por no encontrar respuesta en las autoridades. Se prefiere no denunciar las amenazas a los líderes sociales o a la población de parte de esas organizaciones armadas, pues se temen las represalias. Incluso, en algunos casos las denuncias juegan en contra de quienes las hacen, ya que llegan a oídos de los denunciados, quienes toman represalias. Hay mucha desconfianza en las autoridades para la denuncia y el seguimiento a los grupos armados ilegales, pues algunas veces se les señala de mantener relaciones que reflejan coordinación, sobre todo en lo que se refiere a las AGC”.


A esto se suma, que, aunque hay presencia de la Fuerza Pública con la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del C.T.I. y el GAULA, estos se ubican en lugares estratégicos con el objetivo de aumentar el control sobre el extenso territorio de esta parte del país.


Cultivos de uso ilícito


Asimismo, además de las afectaciones económicas y sociales que trae este panorama a los habitantes del sur del Chocó, se adiciona la problemática que desata los cultivos de uso ilícito, en donde, además de los grupos armados, también hace parte de la dinámica cerca de 17 nuevos grupos ilegales con presencia en el corredor Pacífico y narcotraficantes, que también benefician a los grupos armados a través de pagos para que éstos permitan su ingreso y compra.


Igualmente, entra dentro de estas dinámicas las economías basadas en estos cultivos, pues con los intentos erradicación solo se ha demostrado que esta no es una política eficiente, que tenga en cuenta las familias que se sustentan de esta forma y tampoco que disminuya y mitigue los impactos sociales de esta actividad.


“Un ejemplo de este fenómeno es el de Istmina en los años de 2017 y 2018. En el primer año se calcularon 743 ha de cultivos de coca y se erradicaron de forma manual 556 ha, para el 2018 se calcularon 577 ha. Sucede igual con el caso de San José del Palmar, municipio en el que se señalaron 392 ha en el 2017 y 97 ha erradicadas manualmente, en el 2018 las hectáreas contadas fueron 391 ha y se erradicaron 553 ha. Estas cifras permiten apreciar la intensidad de los cultivos de coca y el impacto que tienen las actividades de erradicación que se llevan a cabo año tras año, que parece no rendir resultados sobre el crecimiento de los cultivos de uso ilícito”.


Buenaventura: un puerto sin atención


La producción de carbón en Colombia ha venido en ascenso, resaltando que el país es uno de los productores mejor calificados. Se estima que el potencial carbonífero (recursos y reservas) ronda los 16.800 millones de toneladas, de las cuales el 86% corresponde a carbón térmico y el 14% a carbón metalúrgico, siendo La Guajira, Cesar y Córdoba las zonas más productoras del primero y Valle del Cauca y Cauca del segundo, el cual tiene un alto contenido de cenizas y azufre.


Así, cabe señalar, que a pesar de los procesos de desarrollo portuario y comercial que representa esto, también hay que resaltar que la falta de regulación ya atención con las comunidades que viven cerca a las zonas de exploración, explotación y transformación están viéndose afectadas tanto en su salud, como en factores sociales y económicos, pues las dinámicas de los puertos han provocado una alta presencia de grupos armados.


En el caso preciso del Puerto de Buenaventura, el cual está constituido como el más importante de la costa pacífica, y el que representa, no solo un alto potencial carbonero en sus zonas aledañas, sino también la posibilidad de carga inmediata y por ende un ahorro de costos y tiempos.


No obstante, las comunidades han sido reiterativas con las denuncias a causa de las alteraciones sobre la calidad del aire provocado por el almacenaje a cielo abierto de carbón en la ciudad, lo que ha causado un aumento de las enfermedades respiratorias, decesos en niños, problemas con el cáncer y tuberculosis, sobre todo en los barrios vecinos donde se registra esta actividad: Inmaculada, Nayita y Mayolo.


Esta situación ha promovido constantes denuncias, que, entre otras cosas, suscitaron a través de la organización a un Paro Cívico realizado en el 2017. En este punto es necesario nombrar que esta problemática ha sido alertada desde el 2012, y que, aunque se han generado sanciones y cierres de patios en especial a los de las dos principales empresas que allí operan: Inatlantic y Coquecol, en el 2019 se acusa que estas medidas no han sido llevadas a cabo, y por el contrario el funcionamiento de las compañías en la región sigue sin restricciones.


Además, “se evidencia una debilidad por parte de las instituciones locales en cuanto a la emisión y aplicación de las sanciones que derivan de los conceptos emitidos por los órganos de control. Estos últimos, como la Defensoría del Pueblo y de veeduría ciudadana, como la Mesa Ambiental del Paro Cívico, son los que han registrado el incumplimiento por parte de las empresas, sin que El Establecimiento Público Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo entes sancionatorios, cumplan con sus funciones”.


Otras de las conflictividades que se desarrolla en Buenaventura es el Malecón Bahía de la Cruz, un proyecto de reordenamiento territorial sobre el sector sur de la bahía de la Isla Cascajal que compone los barrios San José, Pascual de Andagoya, La Trinidad, El Capricho, Alberto Lleras Camargo, Venecia, Buenos Aires, La Playita y Alberto Lleras Camargo. Esto representa que quienes han construido durante años sus comunidades allí deban ser despojadas de sus territorios y de las costumbres y dinámicas con las viven y han vivido históricamente. En este punto cabe señalar que Buenaventura es una ciudad pluriétnica donde cohabitan negros, afros, indígenas y mestizos.


Glifosato: una problemática social y ambiental


Por lo menos desde 1990 el uso de glifosato para la erradicación forzada ha hecho parte del debate público. Asimismo, desde hace alrededor de 15 años Tumaco ha sido uno de los territorios más expuesto al uso de este herbicida, lo que ha significado, que además de la violencia, también su gente deba vivir con las enfermedades que este veneno ha producido, el cual desde el 2015 está reconocido por la OMS por su toxicidad cancerígena.


“El glifosato es sinónimo de tragedia; no sólo es un cancerígeno, sino que de acuerdo con evidencias médicas y a testimonios de las comunidades más afectadas por las fumigaciones como ha sido el caso de Tumaco, este agrotóxico también es causante de abortos, partos prematuros, defectos de nacimiento, enfermedad crónica renal, problemas gástricos, respiratorios y dérmicos, entre otras patologías”. A esto se agrega el daño a la fertilidad de la tierra, las fuentes hídricas, al mar y a toda la biodiversidad en su conjunto, lo que además de lo social, ha terminado afectando las dinámicas económicas de la región.


Sin importar esto, parte de la agenda del presidente Iván Duque ha sido retornar con las fumigaciones, esto como respuesta a una falta de preocupación por las comunidades y de voluntad política para reemplazar estrategias que se han utilizado contra los cultivos ilícitos, que con el tiempo han demostrado ser ineficientes y no tener efectos importantes para establecer dinámicas que centren esfuerzos en la población que vive de la siembra de hoja de coca.


“Es así como el PNIS, en el marco del Acuerdo Final, se desarrolla con múltiples falencias e incumplimientos gubernamentales, por los cuales será muy difícil que la sustitución de cultivos llegue a buen término. Este fracaso anunciado, será el pretexto para que retornen las aspersiones con el veneno letal”.


Por otro lado, es necesario nombrar que el Pacífico se ha fortalecido como uno de los corredores más importantes para el narcotráfico, por donde, como se informó recientemente en Pares, se mueve el 70% de la droga que sale del país. Situación que se agudiza por la tasa de pobreza multidimensional, la cual sobrepasa el 90%, y obliga que muchos de los habitantes de esta zona deban optar por los cultivos de uso ilícito.


Las fumigaciones han promovido el desplazamiento forzado, pues además de producirse por las amenazas de los grupos armados, también se ha generado por el peligro que significa habitar zonas donde se hace uso de glifosato, pues esto ha causado que otros cultivos no sean posibles, que se esté en riesgo de enfermar o morir y además de no poder consumir los productos que en este territorio se dan.


A esto se agrega la erradicación manual que ha evidenciado que termina en el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y también en el asesinato de los campesinos por parte de miembros de instituciones como el Ejército. Tal es ejemplo de lo anterior el hecho registrado el pasado 18 de mayo en Cúcuta, en donde integrantes del Batallón Hermógenes Maza le quitaron la vida a Emérito Buendía en medio de un proceso de erradicación forzada, caso no alejado del de Ariolfo Sánchez, quien fue asesinado el 20 de mayo en Anorí, Antioquia, por su homicidio fue acusado el Ejército Nacional.


En el caso del Pacífico Nariñense se puede mencionar que los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, la Fuerza Pública se desplazó a distintas zonas rurales y erradicó cultivos de coca. Adicional, el 8 de diciembre del 2019 hubo enfrentamientos entre campesinos y uniformados, en los que los habitantes de la zona fueron atacados con gases lacrimógenos y perdigones.


Por otro lado, se alerta que desde el gobierno de Iván Duque la erradicación, además de lo nombrado anteriormente, también se da sin la existencia de políticas sociales claras, lo que ha traído como consecuencia en el Pacífico Nariñense un incremento del desplazamiento forzado y de los niveles de pobreza. Además, ha resaltado el abandono al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, el cual tiene vinculadas 16.000 familias.


“Los habitantes de la región concluyen que irónicamente entre más se fumigaba, más crecían los cultivos de uso ilícito, sin embargo, el glifosato generó la más grave crisis social, humanitaria y ambiental en la historia del Pacífico Nariñense, este fue un agente generador de verdaderos éxodos del campo a la ciudad, campesinos que después de haber poseído la tierra, hoy viven en zonas periféricas de las cabeceras municipales de la Costa de Nariño o en los barrios subnormales de las grandes ciudades del país en condiciones de gran precariedad y miseria, algo que además propició la descomposición del tejido social e incrementó distintas violencias”.