El Nobel de Paz y la solución de la crisis



Cuatro hechos de esta semana han dejado la sensación de que la renegociación de la paz y la superación de la aguda crisis política después del triunfo del No en el plebiscito va a resultar relativamente fácil: le conceden el Nobel de Paz al presidente Santos; los participantes de las reuniones del miércoles en el Palacio de Nariño salieron hablando bien de este primer acercamiento, Pastrana alcanzó a decir que el plebiscito había unido al país, y Uribe y sus acompañantes utilizaron un tono conciliador para referirse a la actitud de Santos; a su vez las Farc insistieron, una y otra vez, en que no volverían a la guerra; entre tanto, se realizaron multitudinarias manifestaciones en todo el país para pedir que continúe el proceso de paz.

Pero las diferencias son tan profundas y el efecto de la votación del No en el entramado institucional y político es tan limitado y precario que es muy aventurado predecir una solución tranquila y concertada de la crisis. Lo único seguro es que la superación del grave impase vendrá pronto, porque el presidente Santos ha fijado el 31 de octubre para dar por terminado el cese al fuego y a las hostilidades con las Farc.

Se engañan quienes creen que las únicas o principales objeciones al acuerdo de paz son la exoneración de cárcel para las Farc y su habilitación para participar en la política. Esos fueron los temas que escogieron los uribistas para promover la indignación de la gente. Pero su distancia va mucho más allá y se puede ver con entera claridad en las 68 críticas a los acuerdos que publicó Uribe en octubre de 2014, cuando aún faltaba un largo trecho de la negociación. Algo más: la confrontación con Santos no se ha limitado al acuerdo de paz, abarca los principales temas de gobierno.

Puntos centrales de las diferencias: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la apertura democrática; el reconocimiento de los derechos a las minorías étnicas y sexuales y la consiguiente transformación de la familia; la perspectiva de modernizar el campo colombiano con medidas a favor de los campesinos pobres y medios; un nuevo enfoque para el tratamiento de los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas; la creación de un Tribunal Especial de Paz y el propósito de llevar a la justicia transicional a todos los que en medio del conflicto hubiesen incurrido en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluidos empresarios, líderes políticos y agentes del Estado.