Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En estos días se abrió un intenso debate en la opinión pública. Un joven fue multado por la Policía de Bogotá con 883.000 pesos por comprar una empanada en una venta callejera. Hay dos posiciones frente a este hecho, unos sostienen que la aplicación del Código de Policía por parte de la autoridad contra el joven comprador de empanadas fue arbitraria e injusta, mientras otros defienden la dura sanción que se le aplicó, y consideran que está acorde a lo estipulado en dicha normatividad, es decir, que como afirma el presidente Duque “El que la hace, la paga”.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, en el país la proporción de personas que sobreviven económicamente por medios informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 46,9% para el trimestre octubre – diciembre 2018. La informalidad laboral es un aspecto que profundiza la inequidad y compromete la estabilidad de los sistemas de pensiones.
Las normas que regulan el espacio público
En el artículo 140 del nuevo Código de Policía, expedido en 2016, hay dos normas que hacen referencia a la utilización del espacio público. La primera de ellas señala que “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes” iría en contra de la ley.
La segunda norma indica que “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”. Es decir, comprar productos que se ofrecen en ventas callejeras es interpretado como promover o facilitar la ocupación ilegal del espacio público.
“Es importante que entiendan que la orden no es por comprar la empanada, es simplemente porque están auspiciando el uso indebido del espacio público”, expresó el lunes el director de la Policía, Óscar Atehortúa.
En ese sentido, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó “El policía le dijo al ciudadano que no comprara esa empanada, y él, irrespetuoso y desafiante la compró y por eso sobrevino la multa. En cualquier país avanzado donde alguien desobedezca a la policía de la manera en que lo hizo ese ciudadano, puede incluso ser detenido”.
“La estabilidad social de la gente está por encima de cualquier código”
Hay una realidad que es inocultable. En 2018, en Colombia aumentó la tasa de desempleo que pasó a 9,7% frente al 9,4% en 2017. Esto corresponde a un aumento de 0,3 puntos porcentuales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
“A la norma le están dando unos alcances que no corresponden, ¿A quién va orientada esa multa? A las personas que les cobran a los vendedores ambulantes por el uso del espacio público”, expresó el senador Germán Varón, ponente de dicho Código.
De acuerdo con Varón, lo que se busca con ese segundo punto del articulado es que ninguna persona termine extorsionando o cobrando una cuota de permiso al vendedor para permitirle que esté en un espacio público, más no que se multe al consumidor.
Por su parte, Miguel Uribe, ex secretario de gobierno de Peñalosa y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, opinó todo lo contrario a su antiguo jefe. En redes sociales indicó que multar a alguien por comprar una empanada en espacio público es una mala aplicación al Código.
“A los vendedores hay que ofrecerles alternativas para que salgan de la informalidad y tengan mejores oportunidades”, agregó. Y aseguró que “la única manera de combatir esa informalidad es con oportunidades reales. Por otra parte, la informalidad vuelve vulnerable a los vendedores ante las mafias de espacio público”.
¿Una mala lectura del Código de Policía?
Contrario a Peñalosa, el alcalde de la ciudad de Cali, Mauricio Armitage, salió en defensa de los vendedores informales y expresó a medios que “no se trata de no aplicar el Código de Policía, aquí lo que se trata es de convivir. Primero está la estabilidad social de la gente (…) eso está por encima de cualquier código”.
“Sencillamente es una mala interpretación del Código. Yo lo que interpreto es el hambre y la necesidad de la gente”, agregó, con la tranquilidad de que varios funcionarios del gobierno ya han expresado que se trata de un malentendido.
Ariel Ávila, subdirector de Fundación Paz y Reconciliación-Pares, indicó que “hay una realidad del país, hay una realidad de un trabajo informal. Este es un país que no ofrece un trabajo formal, es un país inequitativo, es un país que básicamente una persona mayor de 50 años lo discriminan y le toca ponerse a salir a vender”.
La ministra de Justicia, Gloria Borrero, también intervino sobre el asunto y dijo que se iban a implementar unas jornadas de capacitación para que los uniformados sepan cómo proceder en los casos que consideren que se presenta una violación a la ley.
“Trabajamos en esto para conseguir un sustento”
En Bogotá es muy común encontrar en cada esquina de la calle a un vendedor ambulante. Es el caso de Luz Marina Garzón, de 59 años, quien lleva 40 años de su vida en ese oficio y la mayoría del tiempo se ha ubicado en el centro de Bogotá.
“Nosotros somos vulnerables y trabajamos en esto para conseguir un sustento y pagar un techo y una comida y llevarle de comer a los hijos”, relató Luz Marina a Fundación PARES.
“La policía a veces hasta le pega a uno. A nosotros hace un tiempo nos cogían las mercancías, nos las botaban al piso y nos quitaban el ‘carrito” explicó.
Ella dice que últimamente no ha sido forzada a dejar una zona por parte de las autoridades, aunque también indicó que entiende que el Estado quiera organizarlos. Según la mujer, la Alcaldía está promoviendo la renta de unos “triciclos” para adecuar la mercancía. Sin embargo, tienen un costo de 90.000 pesos.
“Póngase usted a pensar si pagamos 90.000 con qué comemos, con qué pagamos un techo. Entonces el alcalde nos debería dar una reubicación y pagar algo más barato porque ese valor no lo podemos pagar” además, comentó que conoce muchas personas que como ella, por ser de la tercera edad ya no les dan empleo en ninguna parte.
El nuevo código busca prevenir y dotar a la Policía de herramientas para mantener la convivencia ciudadana y adecuar el ejercicio del poder, función y actividad de policía de acuerdo al contexto actual. Es decir, con este código se pretende adaptar las normas de la Policía a las situaciones que se presentan hoy en el país, y no adaptar la realidad a la interpretación terca y agresiva de los funcionarios.