Por: Walter Aldana. Columnista Pares.
Los detractores del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se quedaron viendo un chispero, creían que al igual que la justica transicional que “juzgó” a los paras, la JEP sería un canto a la impunidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, con sus tres salas (de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía e indulto y la última de definición de situaciones jurídicas), es la encargada de saber, investigar y definir jurídicamente la situación de miembros de la extinta guerrilla de las Farc, unidades de la Fuerza Pública, así como de terceros civiles, todo ello primando los derechos de las víctimas del conflicto armado Colombiano.
La semana anterior culminó con la expectativa generada ante la imputación de cargos por parte de la sala de reconocimiento de la JEP, a 8 de los miembros del antiguo secretariado de las Farc, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del llamado caso 01.
Además de “crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, tiene responsabilidad de otros crímenes cometidos en relación con el secuestro, tales como como “homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
“Con esta providencia que emitimos hoy comienza la producción de decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz”, expresó el caucano Eduardo Cifuentes presidente de la entidad.
Si pasado 30 días, los imputados reconocen los cargos, se abre el camino de las sanciones propias, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de prisión. En el modelo de la JEP (Su fin es la justicia para la paz y la reconciliación), por primera vez se integra a las víctimas al proceso penal, además nace por que la justicia ordinaria es paquidérmica y permite la impunidad.
En una de nuestras tertulias de la cuarentena humana, Gabriel Bustamante nos recordaba que Michel Foucault en su texto “vigilar y castigar”, dice: “la base del derecho penal es la venganza social”, en referencia a la justicia ordinaria.
Los miembros del ex secretariado, firmaron el acuerdo, conocen el sistema de JEP, lo que quiere decir asumirán sus responsabilidades y penas determinadas por las mismas; no podrán ser décadas de privación de la libertad, un comandante de 60 años de edad no va a firmar un pacto para pagar 30 años de cárcel, preferirían morir en sus actividades insurgentes.
La verdad es la base de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, sobre la verdad se construye el sistema judicial para la reconciliación.
El país quiere que reconozcan, expliquen las situaciones personales y colectivas, no para justificarlas, si para entenderlas y así poder avanzar a la reconciliación como nación, objetivo final de la negociación. Debemos igualmente esperar y “celebrar” el llamado a terceros civiles, aportantes a la guerra de más de 50 años.