Por: Redacción Pares
Foto tomada de: Canal 1
Es un imperio de la salud lo que Joseba Grajales tiene en Colombia. La firma que preside, el grupo Keralty, la sociedad sucesora de Sanitas Internacional tiene en su puño las siguientes clínicas: la Reina Sofía, la Universitaria Colombia, la Sebastián de Belalcázar en Cali, la Iberoamérica en Barranquilla, la Infantil Santa María del Lago, la de Chía, varios centros médicos en Medellín, así como de centrales de urgencia y centros de servicios médicos. Además, la Fundación Universitaria Sanitas (Unisanitas) ofrece a estudiantes de pregrado y posgrado centrados en el área de la salud programas de medicina y enfermería. Así lo dice la información que publicó el diario el Salto de España en un artículo titulado El Gobierno de Colombia quiere reducir el peso de la firma vasca Keralty en el sistema público de salud.
La fortuna de Joseba Grajales no la consiguió con la salud sino con la energía. Hace cincuenta años creó la compañía Emce, pionera en energías renovables. Cuenta la leyenda que todo empezó en un taller a las afueras de Vitoria-Gasteiz, dieron sus primeros pasos con la creación de la empresa de motores Guascor en 1976 y del Grupo Auxiliar Metalúrgico en 1973, una pequeña compañía de aerogeneradores que germinó en Gamesa, que en 2017 pasó a llamarse Siemens Gamesa tras la compra del gigante industrial alemán de la mayor parte de la compañía.
Ha creado y ha vendido empresas de alto prestigio por un valor que supera los 700 millones de euros. Todos sus esfuerzos se centraron en crear en el 2012 el Grupo Fénix, que se dedica a explotar yacimientos de gas en tres continentes. Los negocios de Grajales lo ubicaron en el número 266 en el escalafón de los hombres más ricos de España.
Paralelo a esto creó el grupo Keralty, que es dueño de la EPS Sanitas. La historia de Sanitas en Colombia tiene varias décadas Un grupo de médicos españoles aterrizó en Colombia en 1980. Era el gobierno de Julio César Turbay y la salud pública en Colombia estaba completamente estancada. Ellos se convirtieron en una alternativa y se transformaron en la primera EPS del país. La Revista Semana, en el año 2019, afirmó que el grupo Keralty, que terminó absorviendo a Sanitas- hace presencia en siete países: Colombia, Perú, México, Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Filipinas. Su prestigio en el país le dio para crear un torneo de tenis y apoyar incluso una escuela para tenistas mujeres, además de una revista mensual. Le dio su respaldo, además, a 24 grupos de investigación. Joseba Grajales preside la junta directiva desde el 2016.
Sin embargo, las grietas de Sanitas se vieron expuestas durante la pandemia. El senador del Pacto Histórico Wilson Arias comparó al grupo vasco Keralty con “una máquina de muerte” y que esto se habría visto en la atención durante la pandemia. Incluso a comienzos de este año la Superintendencia de Salud multó con 350 millones de pesos a Sanitas por incumplimientos durante el COVID-19. La sentencia hace referencia a “De acuerdo con la investigación administrativa, para los meses de abril y mayo de 2021 la Supersalud realizó tres requerimientos dirigidos a la regional Caribe de la EPS para que informara, entre otras, los mecanismos empleados para garantizar el suministro de las bases de datos depuradas, actualizadas y oportunas en el distrito de Barranquilla, a fin de generar una óptima gestión del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en el marco de la pandemia de Covid-19”.
Y concluye: “Tras evidenciarse que no se registró respuesta de la EPS a esas tres comunicaciones donde se daban instrucciones y órdenes puntuales, la Superintendencia inició el respectivo proceso administrativo sancionatorio y en diciembre de 2022 resolvió la investigación del caso con la imposición de una multa por 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre la EPS”.
En un debate en el congreso Arias se refirió, con datos, a los problemas que tenía Sanitas: según la UTL del Senador la EPS no detecta en un 50% los casos de cáncer de mama, en un 58% no identifica a los enfermos por tensión arterial, y hay problemas a la hora de evaluar a las mujeres embarazadas.
La contraloría también le impuso una sanción a la EPS por prácticas anticompetitivas. En concreto la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, respaldada por el Consejo de Estado, fue por “acordar negar la prestación de servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), ocultar o falsear información, e impedir la debida transparencia en el mercado de servicios de salud”.
La investigación de la contraloría reveló que el grupo vasco había obtenido los siguientes números: 8,7 billones de pesos de ingresos en 2022, es decir, un 20,8 % más de lo que recibió en 2021. Las ganancias de esta entidad llegaron a 295.367 millones de pesos. Por su parte, los ingresos de Colsanitas, del grupo Keralty, se cifran en 2,5 billones de pesos. Sin embargo, los vascos tienen una deuda de 899 mil millones de pesos con la Asociación de Clínicas y Hospitales. A los detractores del gobierno se les olvidó que Cruz Verde, en enero del 2024, anunció que no podría darles fármacos a 30 mil afiliados porque Sanitas les debe 400 mil millones de pesos.
Ante la deuda Gustavo Petro afirmó que le parece inconcebible que, mientras Sanitas dice que está perdiendo plata en Colombia, no para de hacer clínicas en Brasil, México, Perú y Estados Unidos. Además dentro de la junta directiva del grupo vasco figuran personalidades de la clase política tradicional del país, que estarían en confrontación con el actual gobierno, ellos son Mónica de Greiff, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien además es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Esta es una junta directiva que estaba antes de la pandemia. En ese momento el subdirector de contabilidad de Sanitas era Raúl Cardona, político liberal que fue alcalde de Envigado y que el 22 de noviembre del 2018 había sido arrestado en el Aeropuerto Olaya Herrera junto a otros funcionarios de su administración, acusados de actos de peculado, concusión, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias. A los cuatro días fue dejado en libertad. Aún sigue siendo investigado por presuntamente, haber despedido a varios funcionarios de Envigado que decidieron no pagarle dinero al exconcejal Lindon Jhonson Galeano Avello, que los presionaba para que le entregaran entre el 10 y 20 % de su sueldo a cambio de conservar sus puestos. Todo esto lo dice la acusación que hizo la Fiscalía.
Bastaba entrar en el 2022 a la propia Web de Colsanitas para ver quienes conformaban su junta directiva. Luis Guillermo Vélez Cabrera, quien, como Superintendente de Sociedades de Juan Manuel Santos, fue duramente criticado por su papel en el caso de Interbolsa, el fondo donde 492 personas fueron estafadas perdiendo 254 mil millones de pesos. Vélez Cabrera intentó minimizar el caso y en una entrevista a la W Radio afirmó lo siguiente: “La información que hay sobre el fondo premium es una información que hasta ahora es una información especulativa". Incluso confundió a las víctimas diciéndoles, en su momento, que tenían que ir y reclamar sus ahorros en Curazao, ya que la plata estaba allí en ese paraíso fiscal, una maniobra que le sirvió al gobierno Santos para evadir responsabilidades.
Las espaldas de Joseba Grajales están bien cubiertas en Colombia, con contactos en las más altas esferas. En el País Vasco también están bien resguardadas. Según el diario El Salto de España cualquier esfuerzo que haga Petro para investigar al Grupo Keralty se chocará contra un muro: “el Gobierno colombiano ha entendido que Keralty goza de unas puertas giratorias de lo más cualificadas para la casta política del oasis vasco, así como de inyecciones de millonarias cantidades de dinero público desde las instituciones de Euskadi y la Unión Europea.
En el grupo Keralty han ido recalando altos cargos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Allí llegaron dos exconsejeros de Sanidad –Jon Azua y Jon Darpón–, dos exviceconsejeros de la misma área –José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui– y una exdirectora de calidad de Osakidetza –María Teresa Bacigalupe–“.
Wilson Arias, además, presentó una denuncia ante el CNE donde afirma que los vascos de Keralty financiaron las campañas de partidos que están buscando hundir la reforma a la salud, estos son Centro Democrático, Alianza Social Independiente (ASI), Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. La denuncia dice que estas colectividades recibieron más de 600 millones de pesos de Keralty y otras empresas extranjeras que son dueñas de la salud en el país. Es que Coomeva es del multimillonario Richard Burke y Coomeva de otro magnate de la salud, Ernie Sadau.
Se especula que Joseba Grajales no se quedará con los brazos cruzados y, después de la intervención del gobierno Petro a la compañía, demandará a su gobierno. Los próximos días traerán la verdad.