Por: Carlos Montoya Cely, coordinador de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
El 4 de noviembre de 2008, el General (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada bajo el eufemismo de ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública.
Al General (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Se estima que, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares, una de cada tres muertes en combate fue una ejecución extrajudicial. Según la Fiscalía, el 59% del total de los casos se presentó en este periodo. Además, hay evidencias de que el General (r) tuvo conocimiento sobre las denuncias que, desde entonces, presentaron los familiares de las víctimas.
El pasado jueves, después de diez años, el General (r) Montoya compareció ante la justicia. Como era de esperarse, no reconoció los hechos y alegó que no es posible determinar conexión entre la comandancia militar y las unidades tácticas menores. De esta forma, aplicó una visión restrictiva de la responsabilidad de mando y desconoció a las víctimas.
Sin embargo, este hecho abrió la puerta para que por fin la justicia, que ha sido servil con el General (r), reconozca las demandas de cientos de víctimas que en 2009 gritaron que no querían ver al verdugo de embajador, último reconocimiento que recibió de Álvaro Uribe Vélez. Ya antes Montoya había recibido, en seis ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’. Seis condecoraciones para el mismo que pudiera considerarse traidor de estos principios al ascender sobre el crimen.
Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas.
Otro de los paramilitares que mencionó en versiones libres al General fue Daniel Rendón Herrera, quien señaló que Montoya recibió dinero para ayudar a Miguel Arroyabe, del Bloque Centauros en la guerra contra ‘Martin Llanos’ por el control del Meta y Casanare. Pero no sólo han sido exjefes paramilitares quienes vinculan al General (r) con actividades ilegales. En 2010, tres coroneles y un capitán testificaron en contra de Montoya, a quien acusaron de autorizar la utilización de guías civiles, quienes, más tarde, se comprobaría fueron paramilitares en acciones que culminaron en la masacre de ocho campesinos miembros de la comunidad de Paz de San José de Apartadó.
A pesar de este largo dossier, el General (r) Montoya llegó a la Jurisdicción Especial de Paz con la soberbia de los miserables. Su aterrizaje voluntario se hace en el marco de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y representa una alternativa real para que los familiares de las víctimas tengan derecho a la verdad, justicia y reparación. No se puede olvidar que, desde marzo de 2016, Montoya fue citado por la Fiscalía General de la Nación para imputación de cargos, la audiencia se suspendió y durante dos años el caso estuvo congelado.