Por: José Roberto Acosta, aliado PARES
Pasados tres años desde la venta de Isagen, el destino de los $6,2 billones recibidos hay que seguir vigilándolos. El 10% de esos dineros fueron al Fondo Nacional de Pensiones de Entes Territoriales (FONPET) y los restantes $5.6 billones hoy están invertidos en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que es un banco en el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es accionista mayoritario junto con otros socios extranjeros.
El propósito de la FDN es financiar proyectos de infraestructura pública contratados mediante la modalidad de Asociación Público Privada (APP) en los que el contratista privado, que es el que corre los mayores riesgos y pone el dinero en la etapa de diseños y construcción, para después poder usufructuar la obra pública mediante peajes o rentas por un lapso que le permita recuperar su inversión inicial mas una rentabilidad.
Antes de recibir los recursos de Isagen, el patrimonio de la FDN era apenas de $750.000 millones, pero con la inyección de los $5.6 billones de recursos públicos y un aporte menor de los socios extranjeros, la posibilidad de préstamos es muy importante, y busca suplir el apalancamiento de obras como carreteras, puertos, escuelas y hospitales que se estiman con un valor superior a los $60 billones.
Sin embargo, como el dinero de Isagen entregado a la FDN no parece ser suficiente, el gobierno expidió el Decreto 1385 del 22 de junio de 2015 que autoriza los autopréstamos con los recursos de ahorro privado de pensiones a los conglomerados financieros que controlan su administración, siempre y cuando se destinen esos prestamos a obras de 4G.
La idea de las APP es que los contratistas pusieran de su bolsillo en cada obra por lo menos el 30% del costo y el 70% lo consiguieran con créditos para lograr el difícil cierre financiero que, como pasó con el cuestionado caso del consorcio Navelena para garantizar la navegabilidad del Río Magdalena, puede no lograrse llevando a la caducidad o terminación abrupta del contrato.
El frustrante caso de Navelena se quiso realizar con la ayuda del Banco Agrario, que de manera irregular prestó $120.000 millones a este consorcio que solo había puesto de su propio dinero apenas $500 millones y cuyo principal socio, Odebrecht, estaba en causal de disolución por tener patrimonio negativo. Es decir, estaban haciendo el negocio con la cédula, sin arriesgar casi nada y usando la banca pública para apalancar financieramente la obra.
Lo sucedido con Navelena es un ejemplo de los riesgos en los que está inmersa la FDN, que hoy constituye la principal fuente de recursos los contratistas privados en las obras de 4G que se adelantan mediante APP. En estas, se supone que el Estado no corre con los riesgos ni pone dinero sino hasta que la obra esté operando o en funcionamiento.
Hasta hace un año la FDN ya había desembolsado recursos por $3.4 billones de pesos, entre los que llama la atención la entrega en febrero de 2018 de un crédito por $400.000 millones al Consorcio Coviandina, responsable de la obra Chirajara-Villavicencio y cuyo dueño es Corficolombiana del Grupo Aval, tambien propietaria del Consorcio Coviandes. Cabe recordar que un mes antes del desembolso de dineros públicos, se le había caído el puente de Chirajara dejando nueve trabajadores muertos. Esta trágica circunstancia debió, por lo menos, consignarse como adversa en la matriz de riesgo crediticio de la FDN.
Fué con el dinero de Isagen en manos de la FDN que el Consorcio Coviandina logró el cierre financiero, a pesar de pertenecer al conglomerado finaciero mas importante del país y que debería apalancarse con recursos provenientes de la banca privada nacional y/o internacional.
De un total de 14 cierres financieros logrados desde febrero de 2016, hasta el último logrado el pasado mes de octubre, 9 contratos APP bajo la modalidad de 4G han contado con el apoyo financiero de la FDN, que les ha desembolsado mas de $2,5 bilones. Es decir que, sin la existencia de los recursos públicos provenientes de la venta de Isagen, la mayoría de las obras públicas de 4G hubieran quedado solo en el papel, como le sucedió al Consorcio Navelena.
La preponderancia de los recursos públicos de la FDN para financiar las obras de 4G, desfiguran el espíritu inicial de esta modalidad de contratos en los que, se supone, es el contratista privado quien debe asumir los riesgos financieros; y aunque la FDN se ha cubierto con garantías contractuales como prendas y fiducia en garantía, es en últimas esta la que está arriesgando en la díficil etapa de construcción de las obras.
Por lo anterior, la FDN constituye, no solo la joya de la corona, sino también la punta de lanza para la ejecución del ambicioso plan del gobierno de desarrollar la infraestructura pública que tanto necesita Colombia para salir del perjudicial atraso, que en ese estratégico tema, pesa tanto para la economía nacional.
En cabeza de la Junta Directiva de la FDN reposa una gran responsabilidad con el país y desde ya, el nuevo gobierno ha asumido el control nombrando a Andrés Pardo Amézquita, antiguo Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, entidad beneficiada con créditos de la FDN; Rodrigo Galarza, abogado que representa a ASOFONDOS ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 que autoriza los autupréstamos con ahorros pensionales; Julio Torres García, vinculado con Tecnoglass, empresa sancionada en Bolsa por incumplir con la entrega oportuna de información; y la Sra. Luisa Fernanda Lafaurie, cuñada de la senadora María Fernanda Cabal y hermana de José Felix Lafaurie, a quien el Ministerio de Agricultura acaba de otorgarle nuevamente el manejo del Fondo Nacional del Ganado.
En esa medida, vigilar el manejo de los recursos de la FDN debe ser una prioridad y un compromiso que debemos asumir todos los ciudadanos.
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