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El Clan del Golfo: retos y escenarios frente a la Paz Total

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos


El pasado 19 de marzo el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de derogar el decreto 2258 de 2022, por medio del cual se declaraba el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. Los detonantes de esta decisión fueron, por un lado, las denuncias de presiones e instrumentalización de mineros en el Bajo Cauca antioqueño por parte de este grupo criminal para mantener el paro y así evitar el aumento de las multimillonarias pérdidas derivadas de la acción de la fuerza pública en contra de la gran maquinaria de la minería criminal. Además de la agudización de hechos de violencia en el paro, como quema de buses, ataques a ambulancias y posteriormente el enfrentamiento con unidades militares en Tarazá.


Esta situación constituye un reto para la materialización de la paz total en varios sentidos. En primera medida, porque el pacto de un cese bilateral al fuego con este grupo criminal para dialogar en torno a un eventual sometimiento a la justicia tenía como objetivo aliviar en cierta medida la situación humanitaria en los territorios, sin embargo, su accionar criminal nunca contribuyó a dicho propósito. Por el contrario, como lo reconoció Petro en recientes declaraciones, el Clan del Golfo se estuvo fortaleciendo en medio del cese, por medio de sus fuentes económicas ilícitas.


En relación con esto, un segundo desafío tiene que ver con la expansión de este grupo criminal. Durante el 2022 La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) documentó la presencia del Clan del Golfo en 241 municipios de Colombia, sin embargo, en la actualidad tiene influencia en cerca de 270 municipios, alrededor del 24% de los municipios del país. Sus acciones armadas en lo corrido del presente año reflejan una especial concentración en departamentos como Magdalena, Sucre y Santander, principalmente a través de amenaza y homicidio.


Además, hace pocos días, inteligencia del Estado reveló que el Clan del Golfo está compuesto actualmente por 3.618 integrantes, 1.435 de ellos en armas y 2.183 en redes de apoyo. No obstante, no hay consenso sobre el número de personas que la integran . El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció en declaraciones que las filas de este grupo ascienden a 5.000 hombres, mientras que Ricardo Giraldo, abogado representante de esta organización criminal, mencionó que la cifra ronda los 9.000 efectivos, siendo según esto, la estructura criminal más grande del país.


A estos retos se suman las expectativas generadas por el gobierno en torno a la propuesta de un diálogo socio-jurídico con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales de alto impacto para su sometimiento a la justicia. El abogado del Clan ha expresado inconformidades debido a que ya existe un proyecto de ley a discutir en el Congreso con los términos del sometimiento y, en consecuencia, no tendría sentido la idea de diálogo socio-jurídico ni tampoco habría disposición de la organización criminal a someterse bajo estos condiciones.


Otro reto de gran importancia es que el Clan del Golfo se ha constituido en un actor relevante dentro de fenómeno del Crimen Organizado Transnacional. En este sentido esta estructura criminal ha logrado consolidar un portafolio de negocios diversificado que contempla el dominio de toda la cadena de narcotráfico, la extracción de oro por medio de minería ilegal, la extorsión, el contrabando de armas, entre otros. Además, ha logrado permear en distintos niveles de la institucionalidad, por medio de la influencia en sectores políticos y de la fuerza pública. La extensión de sus redes en distintas esferas ha complejizado la manera de entender a este grupo armado y cómo opera en red con otros actores criminales de distintos niveles territoriales.


Con base en lo anterior se podrían plantear tres escenarios. Inicialmente se prevé un incremento de las confrontaciones de esta estructura criminal con otros grupos armados y con la fuerza pública, y en este sentido, impactos para la población civil como desplazamiento y confinamientos, sobre todo en territorios donde el Clan del Golfo tiene mayor control territorial como el Urabá antioqueño y chocoano, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Allí la respuesta institucional frente al accionar de este grupo armado será esencial para evitar el incremento de violencia.


Por otro lado, pese a la suspensión del cese al fuego, se plantea la posibilidad de seguir adelante con unos acercamientos entre el gobierno y el Clan del Golfo sobre la base de un sometimiento a la justicia. Velásquez ha mencionado la disposición de seguir explorando caminos conducentes a un sometimiento, independiente de la derogación del decreto. De igual forma, el Clan de Golfo ha manifestado seguir con su disposición de paz, si bien esto contrasta con el impacto de sus acciones armadas en los territorios.


Por último, aunque el Clan del Golfo ha expresado consenso dentro de sus cabecillas frente a la paz total, se plantean dudas frente a la capacidad de alias “Chiquito Malo” para unificar al resto de la estructura en torno a ese propósito. Bajo este escenario es posible una fragmentación, que desemboque en disputas por el control de la organización o en la atomización de esta estructura armada, derivando en nuevas facciones. Hay que recordar que esta estructura criminal recientemente está pasando por un cambio de mando en sus cabecillas a raíz del asesinato de alias “Siopas”, quien era el segundo al mando. Al parecer este habría sido asesinado por “Chiquito malo” por cuenta de las diferencias que ambos tenían respecto a un eventual sometimiento a la justicia. Con la muerte de “Siopas”, alias “Gonzalito” quedó como segundo al mando.


De hecho, el pasado 27 de marzo se conoció un video comunicado del Clan del Golfo por parte de sus comandantes, lo que ellos llaman la “Mesa de Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que aparecían “Gonzalito”, “Rodrigo”, “Joaquín” y “Jerónimo” (pero no “Chiquito Malo” o “Javier” por “cuestiones de salud”), expresando que responsabilizaban al gobierno de la problemática que podría causar la “decisión apresurada” de ordenar una ofensiva militar en contra del Clan del Golfo y la cancelación del cese bilateral al fuego con esta organización. Posteriormente ratificaron “nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la Paz Total”.



En definitiva, los álgidos sucesos relacionados con el Clan del Golfo de las últimas semanas demuestran un escenario complejo para la paz total. Sin embargo, esta es una ventana de oportunidad para el gobierno de demostrar una política pública coherente de seguridad y defensa en la que se mantenga la acción contra los valores económicos estratégicos de este grupo armado, así como acciones tendientes a replegar su accionar y proteger a la población civil.

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