Por: León Valencia
La escena es triste y, definitivamente, una vergüenza para las instituciones electorales del país. 17 candidatos, en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, integrada por los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, se encadenaron a la sede de la Registraduría de Valledupar y permanecieron allí diez días a la espera de que funcionarios del Estado atendieran sus reclamos. Nadie atendió sus quejas, nadie prestó oídos a la petición de garantías. Se vieron obligados a renunciar a sus aspiraciones.
Es el último episodio de una cadena de reticencias, engaños y agresiones al acuerdo de paz que quiso dar representación a los territorios marginados por siempre de la competencia política y a las victimas de la larga guerra que azota al país. Nada más justo que este acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. Esos territorios periféricos, con baja población y alta violencia, nunca tuvieron representación propia. Sus habitantes han sido ciudadanos de segunda clase.
El uribismo, arguyendo que esas curules irían a parar a manos de la guerrilla, se opuso abiertamente a que se le diera vida legal a este acuerdo. Perdió el pulso en el Congreso por un estrecho margen y recurrió a triquiñuelas para evitar que la ley saliera a la luz. Demoró el proceso de manera aleve. Al fin la Corte Constitucional, en un acto de sensatez y justicia, avaló el acto legislativo 02 de 2021 y lo puso a disposición del gobierno para que hiciera la respectiva reglamentación.
En operación tortuga salió por fin una reglamentación que dejó en manos de instancias del gobierno la certificación de las victimas con derecho a presentarse como candidatos y dispuso planes genéricos de pedagogía electoral para los territorios implicados y apoyos logísticos para los candidatos.
En este marco, ni la inscripción de cédulas, ni la pedagogía electoral, ni la movilización de los puestos de votación, ni el control de los actores armados ilegales que hacen de las suyas en estas zonas, ni los recursos económicos para hacer campaña, han fluido. En todas las circunscripciones hay graves reclamos.
Pero en la circunscripción de Cesar, Magdalena y Guajira hay un hecho aberrante que llenó la taza. Jorge Tovar, hijo del paramilitar “Jorge 40”, que dejó un incalculable reguero de victimas en esos territorios, fue admitido como victima y candidato. Ahora, con dinero a discreción y apoyo de una amalgama de fuerzas oscuras, se pasea por toda la región, según lo denunciaron los candidatos que declinaron sus aspiraciones.
Se necesita una acción urgente y coordinada de las organizaciones de la sociedad civil y de todas las fuerzas que apoyan el proceso de paz y tienen como emblema la solidaridad con estos territorios y sus victimas. Es necesario elevar el costo político de las burlas a las Circunscripciones Transitorias de Paz, acentuar la vigilancia del proceso electoral en estos territorios e intensificar las denuncias.
Pero lo más importante vendrá después. Aun con todas estas adversidades, de esos territorios saldrá una representación inédita en la vida colombiana. Tengan el color que tengan los elegidos, estarán obligados a llevar la voz de estos territorios al Congreso, a presentarle al país los problemas y angustias de estas regiones, a construir una agenda legislativa para enfrentar la marginación y la violencia que han vivido.
Tanto el Congreso como la opinión pública tienen que rodear de apoyo a los 16 Representantes a la Cámara de la paz, las victimas y los territorios del olvido. Esta representación no puede pasar desapercibida en los próximos cuatro años. El país tiene que aprender nuevos nombres de municipios, corregimientos y veredas, saber qué se esconde en el Catatumbo y en la Alta Guajira, qué hay a la vera de los ríos que circundan a Buenaventura o en las montañas del Cauca.
Tenemos la obligación de incorporar esos territorios y sus ciudadanos a la política activa del país, ese puede ser el principal reto del postconflicto.