Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Han pasado 76 días desde el momento en que la Corte Constitucional envió la Ley Estatutaria de la JEP para que el presidente Iván Duque la sancione o la objete. Ya han pasado 15 meses desde que fue aprobada por el Congreso y, a pocos días de que el mandatario tome una decisión, el jefe máximo y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se ha pronunciado de manera contradictoria y airada sobre el devenir de la Ley Estatutaria de la JEP.
A raíz de los escándalos y los enredos por las capturas y las imputaciones en el caso de Carlos Bermeo y la Fiscalía General, el expresidente Uribe ha tendido un manto de duda sobre la integridad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ahora, Uribe ha llegado incluso a plantear la posibilidad de eliminar la JEP.
«Hay que derogarla»
Precisamente, frente a este hecho el senador antioqueño señaló que “Lo que hasta hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos de la JEP, previsibles por su origen, lleguen a decirles a los políticos y la opinión pública que hay que derogarla”.
En este sentido, la atmósfera está creada para que la decisión que tome el presidente Iván Duque incida directamente en la concepción de la JEP. De hecho, Uribe ya había hablado hace casi un mes que las derogaciones eran despropósitos y que incluso era mejor eliminarla.
Ahora bien, las manifestaciones que ha hecho Uribe sobre la Ley Estatutaria de la JEP no plantean un camino de concertación. Es más, en entrevista con Bluradio este miércoles el expresidente reconoce que esta ruta de presentar ocho reformas a la Ley, tiene que ver con que quienes se oponen a ella no cuentan con mayorías en el Congreso para tener éxito en las pretensiones de eliminarla.
Sin mayorías en el Congreso para derogar la Ley
Así las cosas, Uribe expresó que mientras logran una consolidación de mayorías, el partido Centro Democrático presentará ocho reformas a la JEP. De dichas reformas, cuatro son producto de las observaciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Este capítulo es recordado porque revive el debate sobre los puntos que ya están aprobados por la Corte Constitucional.
El hecho de retomar las objeciones que tiene Martínez Neira significaría revivir un debate jurídico, o mejor, una maniobra dilatoria para la JEP teniendo en cuenta casos a los que han asistido comparecientes a contar la verdad sobre su participación en hechos violentos y de los cuales están pendientes las innumerables víctimas del conflicto armado colombiano.
Por otra parte, el Centro Democrático señaló cuáles son las luchas que pretende jugarse con la JEP. Por una parte, la eliminación de la conexidad del narcotráfico con el delito político y el no tratamiento de pena alternativa a delitos contra menores de edad.
¿Fuerza Pública fuera por fuera de la JEP?
Un tema en el que ha sido enfático el senador, tiene que ver con que los miembros de la Fuerza Pública no sean juzgados por la JEP. Sobre este tema, a pesar que muchos militares en retiro han manifestado su deseo de contar la verdad sobre casos que implican masacres, ejecuciones extrajudiciales y demás vejámenes de la guerra, Uribe alega que no se les puede comparar con los “terroristas de las FARC”.
Además, el expresidente Uribe pretende unas condiciones de juzgamiento y garantías diferenciadas a los miembros de la fuerza pública, como el caso de que puedan recuperar la libertad si los militares han estado presos por cinco años.
Implicaciones de la Ley Estatutaria para la JEP
Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja sobre tres tipos de pena y sobre todas las conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias.
En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía.
Por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar.
Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan aquellas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada. En definitiva, si el presidente Duque sanciona la Ley Estatutaria permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana.