Por: Isabela Puyana, Fundación Paz y Reconciliación, Pares en alianza con Vorágine / Ilustración: Camila Santafé
En El Guabal, al extremo sur de Bogotá, viven en un eterno racionamiento. Una líder de la zona hizo lo que el distrito no logró: llevar agua a sus habitantes.
Natalia Rodriguez tiene seis años y necesita un nebulizador todas las mañanas al despertarse. Después de lavarse los dientes y las manos con el agua del tanque de su casa le pide a su mamá que le ponga un ungüento blanco en las mejillas y en las manos para reducir la comezón de una alergia que tiene desde que era una bebé. Natalia no ha podido regresar a sus clases porque lleva meses presentando síntomas de diarrea y vómitos de manera recurrente.
Sarpullido, dolor intenso de estómago, vómito y diarrea son algunos de los síntomas más frecuentes entre los niños y adultos mayores que viven en el barrio El Guabal, un asentamiento ubicado en el extremo sur y rural de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, que empezó a levantarse hace 30 años y cuyos habitantes viven enfermandose ante la falta de agua potable.
En El Guabal muchos son desplazados por la violencia, campesinos que en tiempos de crisis encontraron allí la posibilidad de tener un techo propio. Nadie que actualmente haya construido una casa en esta zona dice haber invadido el espacio. Aunque algunos de los consultados para esta historia dicen tener un documento que los acreditaría como compradores de buena fe, cabe la posibilidad de que hayan sido estafados. Otros hablan de haber negociado el pedacito de terreno con Luis Felipe Martínez, un hombre a quien muchos de la comunidad reconocían como propietario de la zona y que falleció hace dos años.
El distrito, por su parte, considera la zona como un asentamiento ilegal y se ha abstenido de darles soluciones a las condiciones precarias en las que viven.
Sandra, la mujer que llevaba el agua al Guabal
Sandra Rodríguez se convirtió en la fontanera del barrio. Llegó a El Guabal cuando tenía ocho años. Antes su padre sacaba arena para la construcción a las afueras de Bogotá, y la plata no les alcanzaba para pagar un arriendo en Vista Hermosa, Ciudad Bolivar. Por ese entonces a la mamá de Sandra le llegó una herencia y ahí fue cuando vio por primera vez la oportunidad de tener un pequeño pedazo de tierra en El Guabal.
Sandra era apenas una niña cuando su familia le compró el pequeño lote a una mujer. “Era alta, estilizada, llevaba prendas finas y joyas, nos decía que era la dueña del terreno y aparentaba ser una señora adinerada”, solía contar Sandra. Aunque era muy pequeña, siempre contaba que el día en que hicieron el negocio la mujer les entregó el lote, se despidió, se montó en un carro rojo que comenzó a andar y a perderse entre los caminos de la loma. Nunca más volvieron a saber de ella.
Sandra Rodríguez. Crédito: Marcela Parra
Años después de construido el nuevo hogar, Sandra comenzó a encargarse de la provisión de agua. Se despertaba todos los días a las cuatro de la mañana para caminar hacia las motobombas, a más de diez kilómetros de su casa. Así lo hizo durante años. Caminaba tres horas por un tramo de tierra y pastizal, luego encendía dos motobombas, y esperaba a que el agua se impulsara desde el río El Paraíso, el barrio aledaño al Guabal, para que comenzara a subir por una manguera.
El proceso era arduo. Había que esperar a que se llenara un tanque de 5.000 litros ubicado en el punto más alto del barrio. Entonces Sandra encendía los registros del agua, todos vinculados a mangueras de diferentes tamaños y colores que aún hoy se pueden ver regadas por las calles del barrio. Cualquiera que no supiera del trabajo que hay detrás diría que entre una casa y otra hay montones de basura. Y no. Son conectores, tubos que enlazan los hogares, es ingeniería casera que se pasea kilómetro a kilómetro llevando este valioso recurso con el que sobreviven los habitantes de El Guabal.
Hace diez años, entre todos los vecinos construyeron este sistema para abastecer de agua al barrio y nombraron a Sandra como la fontanera, era ella quien suplía de agua a todas las casas por 8.000 pesos al mes.
Sin derechos básicos
El abogado Jhair Rico es especialista en Derecho Público y ha trabajado en temas de protección de los derechos y garantías fundamentales de comunidades vulnerables. Asegura que la población de El Guabal está protegida por la sentencia T-025 de 2004, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado y la violencia en Colombia, lo que generó una sistemática vulneración de los derechos fundamentales en millones de ciudadanos. El abogado dice que, entre los derechos constitucionales amenazados o vulnerados por el desplazamiento forzoso, se encuentra el del acceso a una vivienda digna. Aunque parezca obvio decirlo, las personas desplazadas debieron abandonar sus hogares habituales y enfrentarse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares a los que se desplazaron. Eso cuando pudieron hallar un techo. Muchos campesinos se han visto obligados a vivir en la intemperie. En relación con este derecho, la corte ha definido unos criterios mínimos que deben ser garantizados para proveer vivienda y alojamiento básico a la población desplazada.
Actualmente El Guabal está conformado por 120 casas y 500 familias a las cuales no les llegan los servicios públicos. Una de sus habitantes es Luz María Pereira, quien vive en una casa que ella misma levantó con palos de madera, y materiales reciclados. Allí llegó hace dos décadas desplazada por la violencia en Nariño. A sus 78 años fue diagnosticada con cáncer de estómago, enfermedad que le ha costado tratar porque no tiene cómo acceder a un tratamiento por las distancias, el dolor que padece y las pocas citas y exámenes que le asignan en su EPS.
Ella cree que su enfermedad puede deberse a las condiciones del agua que bebe a diario. Ha decidido estar tranquila y no moverse más para ser tratada: “Yo sé que estoy enferma, pero no quiero estar metida en una clínica, pasar cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta en una buseta, sin saber si me van atender o no, y con dolores en el cuerpo, sin comer durante el día. Yo quiero estar en mi cocina, así esté a medio hacer, me gusta mirar por mi ventana, quiero cocinar mi arroz y mis cosas y descansar”, dice Luz Marina con la impotencia de llevar una enfermedad sin cura. Su única certeza es su casa, esa misma que está en un terreno que no le pertenece, y que construyó para saberse resguardada por el resto de su vida.
Luz María deposita el agua que logra conseguir en un barril de metal corroído. De ahí saca para lavar, cocinar y comer. Un acueducto rústico es la única posibilidad que tiene esta mujer y todos los habitantes del asentamiento para aprovisionarse.
El Guabal es solo uno de los 20.819 asentamientos que se encuentran en Bogotá y en municipios aledaños según un diagnóstico del POT del 2016 que compartió María Carolina Castillo, ex secretaria de Hábitat del Distrito para el artículo La preocupante situación de las invasiones en Bogotá hecho en el 2018 por la Revista Semana. Muchos de los barrios no legalizados no tienen servicios públicos y la situación de estas comunidades se torna más compleja si se tiene en cuenta que hay terrenos que están en zonas de protección ambiental y de alto riesgo de desastre; en otros casos —en un porcentaje muy menor— quienes ocupan los predios no hacen parte de población vulnerable. También existen bandas criminales organizadas que negocian y estafan con las tierras, son grupos conocidos como ‘Tierreros’. Las distintas administraciones distritales poco han hecho para legalizar y llevar condiciones dignas a este tipo de asentamientos.
Según Maria Carolina Castillo, quien fue secretaria de Hábitat de Bogotá en el 2017, el fenómeno de la ocupación ilegal tiene otras complejidades que se suman a la pobreza y la vulnerabilidad de quienes allí viven. Los ya mencionados ‘Tierreros’ promocionan la venta ilegal de predios, la urbanización ilegal y la invasión a tierras y edificaciones, y muchos de estos están protegidos por bandas armadas que amenazan a la población y obstaculizan el derecho a la legalización que es una de las vías para que el agua y otros recursos básicos lleguen a los barrios.
Un estudio de la Universidad Libre de Pereira titulado Acceso de las poblaciones vulnerables al agua potable en Colombia y publicado en el 2022 recuerda cómo el poco acceso a agua potable como mínimo vital genera brechas de desigualdad entre poblaciones y agudiza la pobreza, la enfermedad y las pocas posibilidades de desarrollo de sus individuos:
“El agua es un recurso natural necesario para la protección de los derechos humanos, pero dada la contaminación, el uso inadecuado y la falta de protección, la realidad es que su disponibilidad ha disminuido no solo en Colombia, sino en gran parte de países del mundo. Así las cosas, en América Latina, el agua por persona ha disminuido un 22%; en el sur de Asia, un 27%; y en África Subsahariana hasta un 41%. En esta última región alrededor de 50 millones de personas viven en áreas donde la sequía severa tiene impactos catastróficos en las tierras de cultivo y pastizales una vez cada tres años”.
Dicha escasez de agua ha aumentado las enfermedades crónicas y puesto en escena desafíos para distintas regiones tanto para el desarrollo humano como para el nivel socioeconómico. Es lo que sucede con las personas que habitan El Guabal. La falta de agua hace incierto un proyecto de vida.
Las malas condiciones del agua
Hace algún tiempo, frente a un ranchito de tablas se escuchó una explosión. Fueron varios impactos que se hicieron cada vez más fuertes, más constantes, hasta que se hizo un silencio y se empezó a oír una corriente. Los vecinos se alarmaron, todos reconocieron el sonido: era la explosión de una manguera. Los niños que jugaban por la calle corrieron a avisarle a Sandra, quien tuvo que abandonar su trabajo para subir por tercera vez a apagar los registros y arreglar la situación. El sistema del acueducto se había dañado y esa era la segunda vez en la semana que esto pasaba: “Yo antes calculaba que podía demorarme 15 horas llenando los tanques de las casas, pero ahora que todo está en mal estado, y que las mangueras no funcionan, que todo se rompe y se daña, duro hasta tres días. Siento que no puedo hacerlo sola”, dijo Sandra aquella vez que la visitamos.
Fernanda García, una mujer joven de sonrisa disminuida, se acercó muchas veces a Sandra a pedirle ayuda porque el agua no le alcanzaba. Fernanda vive hace siete años en el barrio y ha tenido complicaciones con sus tanques. Son viejos y de metal, como la mayoría de las canecas de El Guabal, que en ese estado siempre presentan fugas.
La apariencia del agua cambia considerablemente después de cinco días de estar empozada en los tanques: se ve amarilla, con insectos, y tiene un olor rancio, pero es la única opción que tienen para beber, para bañarse y para cocinar a lo largo de la semana.
En su casa Fernanda vive con su esposo, quien trabaja como técnico de computadores. Para llegar al trabajo, Orlando debe todos los días tomar un transporte en un trayecto que dura cuatro horas. Ella intentó ayudar con las finanzas del hogar, montando en la entrada de la casa una pequeña papelería. A su esposo le regalaron un computador que arreglaron y lo ubicaron en una esquinita sobre una mesa de madera, así los niños del barrio comenzaron a hacer sus tareas y ellos les cobraban 500 pesos la hora de internet. Dice con orgullo que es el primer negocio que ofrece internet en El Guabal, aunque hasta ahora no han recuperado las ganancias.
Fernanda tiene cuatro hijas de tres, seis, doce y quince años. Sofía, la menor, ha estado enferma durante meses con bronconeumonía. Fernanda asegura que sus pulmones se afectan porque debe cocinar con leña, pues no les alcanza para la pipeta de gas.
Sus hijas tosen constantemente y se oyen ahogadas. Valentina, la niña de seis años, ha estado hospitalizada en Vista Hermosa, el centro de salud más cercano de El Guabal porque presentó graves síntomas de gastroenteritis: dolor estomacal, vómito y diarrea, que la deshidrataron y descompensaron.
Para Fernanda se ha vuelto común la enfermedad de sus hijas, como le pasa al resto de los niños de la zona.
En muchas ocasiones, los habitantes del Guabal no tienen los medios para llegar a los puntos de salud, todos a más de una hora y media en bus. Cuando presentan síntomas o se enferman muchos ven como única solución caminar hasta la droguería del Paraíso, que se ha vuelto una solución pasajera para sus malestares. La secretaría de salud, encargada de las brigadas, y que estaría obligada a llegar a la zona, nunca ha hecho presencia.
Según la resolución 004796 expedida por el Ministerio de la Protección Social en el 2008, las brigadas de salud son obligatorias en todos los territorios de difícil acceso que no cuenten con servicios quirúrgicos habilitados o actividades de salud, características del territorio de El Guabal. A ellos les debería llegar cada año jornadas médicas, equipos, materiales y medicamentos necesarios para el beneficio de la población en el área. No sobra decir que la salud es un derecho fundamental.
La Empresa de Acueducto de Bogotá tampoco les ha brindado una solución al problema del acceso al recurso. Después de hacer denuncias a través de la Junta de Acción Comunal del barrio, hace dos años el acueducto le propuso a la comunidad construir un sistema similar al que tienen, sacando el agua por medio motobombas y conectándose con mangueras a tanques provisionales, sin embargo, por acondicionar el sistema les cobraban el doble de lo que pagan ahora, y su propuesta no representaba un cambio en la forma de reservar el agua. Eran los mismos habitantes quienes debían de encargarse de la distribución y limpieza. Y ellos no tenían el dinero y no podían asumirlo.
El abogado Rico dice que, según la Corte Constitucional, el Estado no sólo debía hacer esta propuesta, sino tenía que garantizar el acceso al agua potable dado que a partir del 2007 se consolidó el amparo constitucional en el que se reitera el derecho al consumo del recurso vital: “aceptar el carácter fundamental del agua es una decisión encaminada a reconocer un estado de cosas existente. Ningún sentido tendría, como lo señala la sentencia T-418 de 2010, ‘pretender asegurar la vida sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas, como fundamental’”.
A partir de lo anterior, agrega Rico, la corte incluyó en sus pronunciamientos la Observación General No. 15 del CDESC con el objeto de consolidar en el ámbito nacional una interpretación clara del derecho fundamental al agua potable y los elementos que lo componen. “Este avance conceptual es desarrollado en sentencias posteriores. Por ejemplo, la corte en la sentencia T-616 de 2010 reiteró la naturaleza fundamental del derecho al agua potable y vinculó su protección por vía de tutela al cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas a nivel internacional”.
Hoy la única solución para El Guabal, según el Distrito, es que la zona se legalice. El argumento de las autoridades para sustentar su ausencia es que se trata de terrenos invadidos. Los vecinos están en el proceso de crear un trámite para el plan de legalización de un barrio informal, una tarea que tardará años en lograrse a través de gestiones con la alcaldía. Durante todo este tiempo las personas se seguirán enfermando.
Natalia Rodriguez, hija de Sandra, la fontanera de El Guabal, tiene una estatura muy baja, es delgada y con poco color en su rostro. Tiene dos perros que ella misma rescató y adoptó de la zona en donde hay hacinamiento de animales. Su madre solía decir que su niña iba a ser veterinaria porque siempre era incapaz de dejar a un animal sin comida. Cuando lo decía, Sandra contenía el llanto, sus ojos hablaban con dolor mientras veía a su niña. Así fue cuando hablamos con ella en varias ocasiones que la visitamos. Ella sabía que si los síntomas de diarrea y las alergias en la piel persistían en Natalia, eran pocas las posibilidades de que pudiera estudiar regularmente.
Sandra Rodriguez, la fontanera, falleció hace seis meses por problemas pulmonares. Hoy su esposo, un hijo suyo, y una vecina del barrio se están encargando del acueducto rústico que ella manejaba. Sandra murió sin haber palpado el sueño cumplido de abrir un grifo en su casa y ver salir agua potable para las cosas más mínimas de la vida.
Las condiciones de las mangueras y motobombas son cada vez peores y el trabajo para hacer llegar el agua se complica. La sequía durante el fenómeno del niño ha hecho que las familias de este barrio se queden a veces por más de quince días sin con qué cocinar o bañarse. El racionamiento en El Guabal lleva más de veinte años y el Estado sigue ahí, indiferente, sin aparecer.