Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares
El 23 de enero del año 2000, hombres fuertemente armados, pertenecientes al Batallón Héroes de Barbacoas de la Cuarta Brigada del Ejército y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la finca ‘La Galleta’, en el municipio de Montebello, Antioquia. Este grupo armado torturó y asesinó a 4 personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas mortales de esta masacre fueron Uberney Giraldo Castro, José Evelio Gallo (ambos exmilitantes de la CRS), Guillermo Adolfo Parra López (profesor y líder social) y Wilfredo Cañaveral (hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Antonio).
En la finca ‘La Galleta’ se desarrollaba un proyecto productivo liderado por un grupo de personas reinsertadas que hacían parte del movimiento político Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del ELN que dejó las armas en 1994 y se reincorporó a la sociedad civil. En el marco del acuerdo de paz firmado entre esta facción disidente y el Gobierno de César Gaviria, personas la CRS constituyeron la empresa Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda y gestionaron la compra de la finca ‘La Galleta’, donde desarrollarían el proyecto productivo al que tenían derecho según lo pactado con el Estado. Al respecto, Pastor Jaramillo, socio de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda desde el momento de su creación y víctima de estos hechos, menciona que “la finca es de unas 234 hectáreas de tierra que nos entregaron a nosotros por allá en el año 98. No la pudimos disfrutar sino dos años nada más. Ahí andábamos trabajando 13 familias”.
Cuando los miembros del Ejército y de las AUC irrumpieron en la propiedad, señalaron a las personas allí presentes de ser colaboradoras de la guerrilla. De acuerdo a lo señalado por la Corporación Nuevo Arco Iris, una vez allí, los hombre armados hicieron pesquisas en las viviendas de José Evelio Gallo y Uberney Giraldo y, luego de hurtar algunas de sus pertenencias, “pintaron las paredes con consignas de los grupos de autodefensas y se los llevaron junto a otros cuatro secuestrados”. Dos de estas personas fueron liberadas y, finalmente, en un lugar cercano habrían sido ejecutados con tiros de fusil Uberney Giraldo, José Gallo, Guillermo Parra y Wilfredo Cañaveral. Sus cadáveres fueron hallados en distintos lugares de la región.
Al informar sobre la muerte de los dos exintegrantes de la CRS (Giraldo y Gallo), la versión oficial del Ejército fue la siguiente: “dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en desarrollo de la ofensiva militar adelantada por el Ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia… los insurgentes pretendían colocar cuatro cargas explosivas en una torre de energía, en la vereda Madera, del municipio de El Carmen…”.
Sin embargo, de acuerdo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a lo que se terminó conociendo posteriormente, en la inspección de los cadáveres que realizó un equipo del CTI de la Fiscalía, se encontró que “una de las víctimas había sido ultimada con nueve tiros por la espalda y (…) que los uniformes que vestían no tenían ninguna perforación, conclusiones razonables para deducir que no podían haber participado en algún combate”.
De esta forma, terminó por conocerse que la brigada del Ejército había actuado mancomunadamente con el grupo paramilitar ‘Frente Batalla del Santuario del Bloque Metro de las ACCU’. Intentando ocultar las pruebas de esta acción conjunta, luego de que la Fiscalía realizara sus pesquisas, personas desconocidas habrían llegado a la morgue de El Carmen de Viboral, donde se encontraban los cadáveres de Uberney Giraldo y José Gallo, y luego de pintar consignas alusivas a la cuadrilla ‘Carlos Alirio Buitrago’ del ELN raptaron los cuerpos de los dos exmilitantes de la CRS. Hasta la fecha, aún se desconoce el paradero de ambos cadáveres. En relación a estos hechos, en el 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió una condena de 40 años de prisión contra los militares Humberto de Jesús Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero por el delito de omisión en los asesinatos de Giraldo y Gallo.
En mayo del 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito ordenó al Ejército Nacional pedir perdón a las víctimas de esta masacre perpetrada por integrantes de las Fuerzas Armadas y de las AUC. Este acto de perdón se realizará el próximo 12 de octubre, a las 10:00 am, en el Museo Casa de la Memoria, en Medellín. Frente a lo que significa este reconocimiento por parte de la fuerza pública, Pastor Jaramillo asegura que “representa una ganancia enorme para los procesos de paz. Con todo y las limitaciones que tiene, esto es una ganancia grande: que el Estado sea capaz de reconocer que ha cometido errores. Es una parte indipensable para el avance de cualquier proceso de paz y para el desarrollo de una nueva sociedad. Es un aporte grande a la convivencia, a la reconciliación”.
El desarrollo de actos de perdón como este, sin duda, hacen posible avanzar en lo que se refiere al esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria sobre el conflicto armado en el país. Y, además, en ese sentido, permiten visibilizar la enorme responsabilidad histórica que ha tenido el Estado colombiano en la perpetuación de las condiciones que han llevado al recrudecimiento de la violencia. En el marco de las dificultades actuales que existen para la implementación integral de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, y especialmente teniendo en cuenta la crítica situación de seguridad que enfrentan exintegrantes de este extinto grupo armado, casos de persecución como el que vivieron los militantes de la CRS representan un recordatorio de que si el Estado y sus instituciones (y, por supuesto, la sociedad civil) no demuestran un compromiso real de avanzar en la construcción de paz, historias como la de la masacre en la finca ‘La Galleta’ se repetirán interminablemente.
Nota: la foto utilizada en el encabezado de este artículo es cortesía de CNIA.