Duván Álvarez, un asesinato que no puede quedar impune

Por: Laura Cano, Periodista Pares.


El pasado 23 de junio se reportó que en Ciudadela Sucre en Soacha había alrededor de 800 personas que se habían instalado en un lote donde ubicaron algunas carpas, además de parcelar el terreno entre familias. Esta situación, según los videos que circularon en redes y también a través de lo informado por la Red Popular de Derechos Humanos, se provocó por la imposibilidad de solventar gastos de arriendo, dado el escenario económico crítico acentuado con la pandemia, pero también siendo un resultado de los problemas estructurales que hay para poder tener acceso a una vivienda digna.


En este sentido una de las peticiones que se hacía era la presencia del dueño o dueña del lote para poder mediar con la intención de un acuerdo económico y de construcción. Lo anterior teniendo en cuenta el problema que en Soacha está hace por lo menos 40 años con los llamados tierreros, quienes venden terrenos de forma ilegal generando urbanizaciones informales, que como una de sus consecuencias tiene, precisamente, los desalojos que se dan institucionalmente e incluso a través de la violencia, creando una doble afectación a quienes han encontrado en los asentamientos ilegales una solución para las pocas garantías de vivienda.


Tras esto el 24 de junio a la zona llegaron policías y algunos organismos municipales como la Secretaría de Gobierno, la Personería, además de miembros Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Al no proponer soluciones efectivas a las solicitudes de la comunidad hay una negativa en dejar el lote, lo que es utilizado como argumento para que al día siguiente desde horas de la mañana agentes del ESMAD hicieran presencia en el punto con la intención de desalojar el lote.