Por: León Valencia, director – Pares
El senador Gustavo Petro sacudió el escenario político convocando a la desobediencia civil. Desconocer el mandato de Iván Duque, porque es fruto de un fraude, de la compra generalizada de votos con dineros de las mafias. No enviar a los hijos al colegio, una vez se abran los establecimientos; y no pagar servicios públicos; son las consignas inaugurales del llamado.
Petro, que no había encontrado un gancho poderoso para fungir como cabeza de la oposición y agitar a sus seguidores a lo largo de los dos años del gobierno de Duque, se anotó un gran punto con esta convocatoria. Inmediatamente el establecimiento en masa salió a enfrentarlo con la acusación de irresponsable, de incendiario, de inventar la fábula el triunfo ilegítimo, de aprovechar las angustias populares en medio de la pandemia como bandera política.
También en las filas de toda la izquierda sonaron las alarmas. Petro había decidido echarse al mar sólo, en su barca, y buscar el puerto de las elecciones de 2022 enarbolando banderas sociales duras, radicales, que pueden tener recibo en medio de la enorme crisis que va dejando a su paso la pandemia.
No es una novedad esta manera de hacer oposición. Este ha sido el tono de los opositores en los últimos diez años. El expresidente Uribe forjó a punta de consignas radicales una feroz y eficaz oposición al gobierno de Santos. Se lanzó contra las negociaciones de paz y acudió a métodos legítimos e ilegítimos para atravesarse en los acuerdos.
Llamó a la resistencia civil y al mismo tiempo mantuvo relaciones indebidas con sectores del ejército que comulgaban con sus ideas y prohijó interceptaciones y utilizó información reservada para golpear a los negociadores de la Habana. Así construyó su propio partido, el Centro Democrático, tejió una alianza con el Partido Conservador y con las iglesias evangélicas, aglutinó a la derecha política y empresarial del país, y ganó las elecciones de 2018.
También fue dura y vehemente -y no menos eficaz- aunque ajustada institucionalmente, la oposición que la izquierda y los independientes le hicieron a Duque en el año 2019 y hasta el momento en que llegó la pandemia. Las bancadas parlamentarias opositoras mantuvieron a raya al gobierno y no le permitieron pasar buena parte de sus iniciativas e impidieron que revirtiera legalmente los acuerdos de paz.
A su vez apoyaron y promovieron las enormes manifestaciones ciudadanas de finales del año que presagiaban un colapso del gobierno. El Partido Verde fue el más favorecido con este tipo de oposición: se alzó con las alcaldías de Bogotá y de Cali y se metió en alianzas ganadores en diez o más importantes gobernaciones y alcaldías del país.
Así estaban las cosas cuando llegó la inesperada Covid 19 que le dio un vuelco a toda la situación política del país. La paz, la seguridad y el régimen de Nicolás Maduro, declinaron en la agenda y la gestión de la pandemia, al lado de los graves problemas económicos y sociales, pasaron a primer plano.
El presidente Iván Duque, Claudia López y varios alcaldes tuvieron los reflejos necesarios para reaccionar rápidamente ante la nueva situación. Duque pensó que había encontrado una tabla de salvación en el mar de dificultades que afrontaba. Se aferró a esa tabla y se concentró en el manejo de la crisis, con la ventaja enorme que tienen los mandatarios nacionales en medio de la incertidumbre y el miedo que genera la brutal amenaza del coronavirus.
Claudia López, y los alcaldes alternativos, supieron que tenían que aplazar su agenda de cambios y empezaron a caminar en medio de la tormenta en el difícil equilibrio de atender las demandas de los habitantes angustiados de sus ciudades y servir, a la vez, de contrapunto a confusas y dubitativas decisiones nacionales sobre cuarentenas y aperturas o sobre inversiones sociales y emergencia sanitaria.
El Congreso, los partidos políticos, los excandidatos presidenciales, las dirigentes de las protestas sociales, las Cortes, el ELN, todas estas instituciones y fuerzas, pasaron a un segundo plano. Incluso Petro, con las credenciales de haber disputado la segunda vuelta presidencial y liderar a millones de entusiastas seguidores, con la enorme habilidad para manejar las redes sociales, aparecía menguado y distante.
En esta crónica de las vicisitudes de la política nacional llegamos a un nuevo quiebre. En este mes de julio de 2020 se han agudizado todos los dolores y se están esfumando las ilusiones de que podemos atenuar los efectos de la pandemia. Los contagios y las muertes se han acelerado. El costo de darle un empujón a la economía mediante mal calculadas aperturas y experimentos como los días sin IVA, ha sido muy alto. Las encuestas, que en un principio empezaban a levantar a Duque del suelo y encumbraban a los alcaldes, dan indiscutibles señales de castigo a todos estos protagonistas. El castigo es más duro para el presidente, pero también afecta a los alcaldes.
Gustavo Petro tiene olfato para las dificultades y siempre encuentra razones para enhebrar discursos radicales. Los indicios de una financiación mafiosa de la campaña a la presidencia de Duque a cargo del famoso Ñeñe Hernández y de una financiación extranjera ilegal o indebida a cargo del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, son bastante notorios. Asimismo, los enredos mafiosos de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Son ingredientes que, sin lugar a dudas, le restan legitimidad a las elecciones de 2018. La impugnación y los llamados a desconocer obligaciones con el Estado pueden calar en sectores sociales más allá de los fieles seguidores de Gustavo Petro.
Ahora bien, Petro puede hacer esto porque su grupo no tiene las riendas de alcaldías y gobernaciones, ni un sector empresarial al cual responder. Actúa en solitario y no le interesa construir un partido y tejer alianzas con actores diversos. El Partido Verde o el Polo Democrático, o sectores liberales o del Partido de la U que están en la oposición al gobierno nacional, pero tienen a su cargo gobiernos locales y grandes empresas públicas no pueden cortarse la cabeza promoviendo el no pago de servicios o el desconocimiento de impuestos. ¿Qué tal Claudia López promoviendo el incumplimiento de obligaciones con la Empresa de Energía de Bogotá o con la Empresa de Teléfonos de Bogotá?
Pero el Partido Verde, y todas las fuerzas alternativas, pueden responder a este momento crítico del país con una no menos férrea oposición al gobierno nacional, al tiempo que cumplen a cabalidad con la obligación de atender lo mejor posible la enorme angustia que van a vivir los ciudadanos en las semanas y los meses venideros. Es la gestación de una labor desde dentro de las institucionales nacionales y locales, una respuesta institucional a la crisis liderada por la izquierda.
Tendrían que volver, eso sí, sobre las huellas de 2019. Activar y aglutinar las bancadas parlamentarias, promover la coordinación entre estas bancadas y los gobernantes regionales y locales, encontrar maneras nuevas de la protesta social en medio de las cuarentenas y establecer una firme conexión con las organizaciones sindicales y sociales que encabezaron la protesta el año pasado.
La agenda social que han agitado en estos meses sectores alternativos tiene mucho sentido: la renta básica universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como paliativo al enorme desempleo y la generación de nuevos impuestos a la riqueza para paliar grave crisis económica y las hambrunas.
Pero las banderas para transformar la educación que agitaron los estudiantes en las marchas de 2018 tienen una especial vigencia ahora. También el ambicioso proyecto anticorrupción que llevó a cerca doce millones de personas a las urnas a votar el referendo. Y un último punto que la oposición no ha sabido explotar: la fracasada, pero riesgosa, política internacional del gobierno del presidente Duque.