Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Ya cumple un mes el paro en el Cauca, que ha pasado prácticamente desapercibido para el pesidente Iván Duque. Desde febrero la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, Anuc; y a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación vienen adelantando unas protestas a las que, hace unas semanas, se le unió el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). El departamento ha reclamado con insistencia la presencia del Presidente.
El paro ha sido declarado indefinido. Las movilizaciones han generado el bloqueo de la vía Panamericana, que conforma la red vial que conecta a Cali (Valle), Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño). Estos bloqueos, a su vez, han generado choques entre las comunidades y la represión ejercida por el ESMAD que ha dejado 16 personas heridas.
Una mesa de negociación en medio de la protesta
Solo hasta el día de ayer, 14 de marzo, el gobierno nacional instaló en la vía Panamericana una mesa de negociación a la que acudieron; la delegación del gobierno, fuerza pública, alcaldes de municipios aledaños y defensores de derechos humanos.
La situación ya se le salió de las manos al gobierno que no advirtió a tiempo la solicitud expresada por las comunidades indígenas, la denominada Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz —liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC—
Antecedentes de la movilización
En este caso, los gobernadores de los departamentos de la región, Óscar Rodrigo Campo, Dilian Francisca Toro y Camilo Romero, le habían solicitado al gobierno establecer canales de comunicación, a propósito de la crítica situación “(…) Estimamos que es fundamental y urgente, la creación de canales de comunicación expeditos que permitan rápidas soluciones, bajo condiciones de respeto y garantías a la protesta social “(…)
“Como gobernantes, reiteramos toda la disposición de acompañar este importante proceso, convencidos que el diálogo constructivo y sin vías de hecho nos permitirá acuerdos de región y país, que no afecten aún más las ya fracturadas economías y relaciones sociales en nuestros territorios”, señalaron en la misiva.
Es más, hace cuatro meses la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), llamó a la movilización en todos los territorios de Colombia “a los pueblos indígenas, organizaciones indígenas en regiones y en contexto de ciudad, a los hermanos afros y campesinos”.
En esa oportunidad, alrededor de 500 indígenas del pueblo Embera Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú llegaron a Bogotá a denunciar la crisis humanitaria, exigir garantías de supervivencia y presionar el cumplimiento de los acuerdos pactados en ‘La minga por la vida’ de agosto de 2017.
Ahora bien, la minga que se adelantan en los departamentos de Cauca, Caldas y Huila es de carácter indefinido, pues la movilización no retrocederá ni un centímetro para que les garanticen los acuerdos y el cumplimiento de los mismos.
En este sentido, esa movilización, liderada por el CRIC, ya cuenta con el respaldo, entre otras organizaciones, del el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, los pueblos nasa, misak, yanacuna, emberá y pijao, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario, el CNA.
La violencia no se ha ido del Cauca
La situación más grave tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, tal como lo evidencian las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación Pares, después de que las FARC —producto del Acuerdo— se desplazara de las zonas en las que históricamente hacía presencia.
En la actualidad se ha desencadenado una disputa territorial por parte de Grupos Armados Organizados que ha desencadenado en desplazamientos, asesinatos e incluso confinamientos, situación que el gobierno nacional no ha atendido.
Tal como lo expresó Aída Quilicue, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a El Espectador, el fenómeno va mucho más allá de los asesinatos “No solo se trata de los homicidios, también hay constantes amenazas, desplazamientos, confinamientos, y vuelven a aparecer factores y actores de la guerra en Colombia”.
Lucha por la soberanía territorial
Otra de las grandes consignas tiene que ver con el mecanismo de consulta previa que ya estaba estipulado por medio de la Corte Constitucional, mecanismos que le permitía a las comunidades indígenas participar en la toma de decisión con lo correspondiente al territorio.
Sobre todo, dice la Corte, en los asuntos que implican proyectos mineroenergéticos y la implementación del fracking. En este momento la medida no es tomada en cuenta, anulando así el reconocimiento del papel de las comunidades sobre los recursos naturales.
Según lo dio a conocer Feliciano Valencia, senador por el partido MAIS, “dentro del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fueron aprobados $10 billones para entregar a los pueblos indígenas del país. “De los $10 billones destinados a las comunidades, el Gobierno retiró el 70% del presupuesto unos meses después”.
Además, Valencia agregó que este paro es “la posibilidad que el presidente conozca de voz de las organizaciones, sobre las problemáticas que se presentan en el sur occidente del país. La situación de la región merece atención gubernamental”.
Duque se niega a dialogar con las comunidades
Hay una clara determinación por parte de los líderes de la protesta, quienes desde hace tiempo han exigido hablar directamente con el presidente Iván Duque.
Sin embarog, el Presidente Duque ha asignado para esta tarea a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Lo que ha dicho la ministra es que se necesita levantar la protesta para que se establezca un diálogo.
Sin embargo, las comunidades han insistido que mantendrán paro de manera indefinida, porque para ellos levantar la protesta no es garantía de que el gobierno cumpla.
El hecho de que el presidente Duque no se presente como interlocutor directo frente a un paro, es una práctica recurrente.
El año pasado, durante el paro nacional estudiantil, nunca acudió ante las constantes solicitudes de los líderes universitarios que buscaban una mesa de concertación directa con el mandatario. A este paso, no habrá suficientes ministros en el despacho para acudir a las movilizaciones que el Presidente no quiere atender.