Por: Anamaría Corrales, colaboradora – Pares
El documento Paz con legalidad del gobierno Duque se caracteriza por referirse a varios puntos del Acuerdo Final de Paz sin señalarlo y por hacer un énfasis en la legalidad, como si el Acuerdo no promoviera la legalidad o si hubiera que amenazar a unos que ‘posiblemente no cumplan’, pero no responde a la pregunta de qué sucede cuando el Gobierno no cumple lo acordado.
Tres puntos llaman significativamente la atención: 1. el rol central del Alto Consejero; 2. si el objetivo fuera integrar para mayor eficiencia, se refuerza la desarticulación; 3. se plantean aspectos como concepciones propias del actual gobierno pero que son parte del Acuerdo Final de Paz.
1. El rol central del Alto Consejero
Bajo la presidencia del Alto Consejero para el Posconflicto quedan los temas del punto 1, parte del punto 3, del punto 4 y del punto 6, algunos para los que ya fueron expedidos los decretos. En varios componentes queda con autoridad por encima de los ministerios, volviendo al modelo de superministro. Ya se vio que no fluyen las tareas si un área de Presidencia o una agencia que es de Agricultura, pero que ejerce como de Posconflicto, da instrucciones a los ministerios. Todo lo contrario: algunos ministerios son parte del Consejo Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio -ART- y son quienes orientan el funcionamiento general de la Agencia. Llama la atención que se plantea modificar la ART desde la Consejería de Posconflicto sin referirse al mencionado Consejo Directivo. Por otra parte, se habla de la creación de una mesa de dirección estratégica que equivale al gabinete del Posconflicto que tuvo el gobierno Santos. Ojalá esta vez esa mesa o gabinete genere articulación, que no logró la anterior.
2. Las que sí y las que no
En el documento se parte de que la Agencia de Renovación de Territorio se dedica a promover y gestionar la planeación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Sin embargo en el Decreto 2366 que crea la ART se le establecen 15 funciones y no solo los PDET.
Señala que hay otras entidades “cuyo objeto no es exclusivo a la implementación” y lista casi todos los ministerios. Pero la transformación del territorio, que es lo central del punto 1 del Acuerdo Final, implica el actuar de los ministerios de forma estructural por su propia misionalidad: se acordó contar con 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral que en sí mismos no son aislados. No solo participan todos los ministerios y entidades sino que es en su visión integral y a largo plazo. La propuesta de crear “estructuras especializadas al interior de entidades no dedicadas” para temas de implementación que durarán la mayoría 10 años no responde a una concepción de transformación de la ruralidad. La implementación está concebida a 10 años y por lo mismo requiere es amarre a las políticas centrales y no dependencias que generan más aislacionismo.
El sentido de los planes para el desarrollo rural cruza todo el accionar de los ministerios: por ejemplo, el derecho a la educación de calidad en áreas rurales, desde la primera infancia hasta la educación superior, es una responsabilidad del Ministerio de Educación que ya tiene sus dependencias. Crear una ‘estructura especializada’ solo para temas del Acuerdo garantizará el fracaso de un Plan Nacional de Educación Rural y de manera equivalente los demás 15. O tal vez esta política ‘Paz con legalidad’ más que aportar a la superación de condiciones de marginalidad es el anuncio del desinterés y la ruta para hundir el Acuerdo.
3. Herramientas de difusión acordadas
El punto 10 del documento señala que para “hacer pedagogía de lo que será el cambio en el campo por parte de las políticas del Presidente Duque y dar a conocer los avances de la implementación y estabilización se abrirá espacio participativo en emisoras en FM de carácter comunitario, de interés público y clase ‘C’”.
Vale la pena recordar que en el Acuerdo Final de Paz el compromiso sobre las emisoras comunitarias va mucho más allá: en el punto 2.2. se hace referencia al uso de canales y emisoras de interés público “para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones, y movimientos sociales […] así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este acuerdo”. En el punto 6.1.5. se establece que se usarán “medios locales de comunicación, incluyendo emisoras comunitarias, la distribución de boletines y la exposición de resultados en lugares públicos” para la rendición de cuentas, y en el punto 6.5. que para dar a conocer los avances en su implementación, “Se establecerán 20 emisoras en FM, de interés público, clase “C”, en las zonas más afectadas por el conflicto” según se establezca en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y no como una decisión unilateral del gobierno.
Entonces, ‘los cambios legales’ que señala el documento son más de restricción que de cumplimiento.
4. Participación
El CONPES que estableció el Plan Marco de Implementación recomienda al gobierno nacional “adelantar acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana, tanto para la participación política, el ejercicio de la oposición, la movilización y la protesta, el control y veeduría ciudadana, y la planeación participativa, para efectos de implementación del Acuerdo Final y de conformidad con lo establecido en el presente PMI”. Si bien en el documento dice que “es nuestra creencia que, en todo el proceso, la participación de los colombianos y sus aportes serán invaluables”, no hay detalles de cómo se fomentará o garantizará la calidad de la participación, ni nada respecto a la oposición, la movilización, la protesta, el control, veeduría ciudadana, algunos temas que el gobierno ha anunciado fragmentadamente y que han generado reacción social.
Entre otros, es importante analizar el tema del Plan Zonificación Ambiental que se lee en el documento que se concibe realizar solo desde el gobierno central. Vale la pena recordar que ya hay propuestas de organizaciones sociales y entidades para que sea un proceso participativo porque las decisiones centralizadas sin tener en cuenta a los habitantes de los territorios ya han demostrado ahondar los conflictos sociales y territoriales.
5. Equidad para todos
La reincorporación en el marco del Acuerdo Final de Paz tiene unos componentes específicos que el gobierno debe cumplir y fundamentales para la consolidación de la paz. Lo que han enseñado estos dos años es que los procesos integrales son más eficientes: la asistencia técnica, la comercialización, la formalización y tenencia de tierras, la salud, la educación son necesidades para todos los colombianos. Y la población reincorporada habita territorios con comunidades que también requieren las soluciones.
Al existir una entidad especializada para la reincorporación se espera que esta sea la promotora para que los servicios del Estado lleguen a la población específica pero no que se hable de temas como asistencia técnica diferenciada para ellos, que surjan de una consultoría especializada y se desarticulen de los Planes en la implementación. El punto 1 del Acuerdo es para el campo colombiano y “el objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es, por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. En cuanto a sustitución de cultivos de uso ilícito en el documento siguen señalando que se cumplirá a las familias que ya están en proceso de sustitución. Es importante recordar que a muchos municipios afectados por cultivos de uso ilícito el PNIS no ha llegado ni siquiera a socializar o socializó y no ha avanzado.
El documento cobija otros temas centrales de gobierno; parece un mini Plan de Desarrollo sin tener que pasar por lo desgastante de la participación, de escuchar a la gente en territorio o pasar por las instancias legales.