Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
Escuche el podcast sobre el recuento de hechos y actores sobre el caso del asesinato e intento de desaparición del firmante de paz, Dimar Torres, en el municipio de Convención en en el departamento de Norte de Santander. Este caso que representa el retorno de los denominados ‘falsos positivos’ ha involucrado al ministro de Defensa, al Fiscal, al general del Ejército y al gobierno de Iván Duque.
Un año y dos meses después del asesinato Dimar Torres, el Juez 18 de Bogotá confirmó, en segunda instancia, medida de aseguramiento al coronel y a los tres soldados. Paralelamente, está la vida de la que fue la esposa de Dimar, su hijo y el peligro que corre la comunidad que ha alertado sobre el crimen.
Durante más de un año las versiones de la comunidad de Campoalegre sobre el asesinato de Dimar Torres se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se han ido cayendo. Este hecho ha estado en el marco de las críticas sobre el papel del gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz.
A este caso, como era de esperarse, no le ha faltado la polémica. De hecho, en algún momento, hubo la intención de que el caso fuera juzgado por la Justicia Penal Militar. La defensa de los uniformados pretendía que los delitos cometidos por la Fuerza Pública fueran vistos en el marco del servicio activo. Esa tesis se cayó ya que el hecho no fue considerado como acto del servicio. El caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria.
Ya en enero de 2020, la Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. De hecho, señaló que el coronel Pérez Amézquita fue determinador del crimen pues, el ente resaltó, «sus órdenes de matar fueron concretas y directas a sus subordinados.»
Sin embargo, la comunidad de Campoalegre la noche del 22 de abril jugaría un papel que, hoy por hoy, parece tener a portas de una condena al coronel Jorge Pérez Amézquita y a los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón. El cabo Daniel Gómez Robledo, autor material de los hechos, ya fue condenado por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta a 20 años. Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía entregando información.
Las audiencias que están programadas hasta el 30 de junio, se han desarrollado de forma virtual por COVID-19. Paralelamente, la Fiscalía arrojó la decisión de la permanencia del coronel y los tres soldados en la cárcel de alta y meridiana seguridad para miembros de la fuerza Pública del municipio de Facatativá en Cundinamarca.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»