Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Las regiones más afectadas por el conflicto armado siguen registrando hechos victimizantes, aun cuando en todo el territorio nacional rige desde el pasado 25 de marzo el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, el cual, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), «es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables ya afectadas».
Esta situación ha sido alertada a través de varios hechos en los que se han registrado asesinatos a líderes y lideresas sociales, a personas en proceso de reincorporación, reclutamiento a menores, amenazas, enfrentamientos entre grupos armados ilegales, masacres y desplazamientos forzados. Acerca de estos últimos hechos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que en el primer trimestre del año más de 10.000 personas fueron desplazadas y cerca de 7.300 están confinadas.
Cauca: asesinatos, desplazamiento y miedo
Cabe señalar que tan solo en la última semana en el Cauca se registró el asesinato de los líderes Hugo de Jesús Giraldo López en Santander De Quilichao, Floro Samboní Gómez en Almaguer, además de Jesús Albeiro Riascos y Sabino Ángulo, quienes estaban en medio de una asamblea en la vereda de Agua Clarita (San Juan del Micay). Igualmente, en la mañana del 26 de abril fueron encontrados en el Cañón del Micay los cuerpos de dos campesinos que habitaban las veredas que colindan con el Consejo Comunitario AfroRenacer del Micay.
Esto ha generado que ante el miedo las comunidades deban abandonar sus territorios, tal como se informó el pasado 22 abril a través del comunicado de la Red Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca: “Todos estos hechos generaron un mayor desplazamiento de más de 100 personas, entre líderes, sus familias y comunidades que hoy se encuentran huyendo de la muerte”.
Asimismo, el Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN), alertó que “El 24 de abril, aterrados por el asesinato, se desplazaron forzadamente alrededor de 80 personas de las veredas Agua Clarita, Nayita, y Zabaletas.
Las personas que abandonaron las veredas fueron interceptadas por el grupo armado autodenominado ‘Carlos Patiño’, el cual montó un retén ilegal a la altura de la vereda Agua Clarita e impidieron el desplazamiento de las personas, informando que en la ‘lista para asesinar’ había solo 30 personas más y que el resto podía regresar a sus casas, pero que si se desplazaban no podían retornar a sus territorios”.
El desplazamiento no conoce cuarentenas
A partir del documento de OCHA se conoce que el desplazamiento está presentando mayores índices en cuatro departamentos, en los cuales la principal razón son las situaciones relacionadas con hechos accionados por grupos armados ilegales, quienes, señala el Informe, “están utilizando las medidas preventivas del COVID-19 como mecanismo de control social en las poblaciones vulnerables, afectadas en emergencias por desplazamientos y confinamientos”.
Estas zonas son Nariño, en donde en los primeros tres meses del año se han registrado 998 hechos de desplazamiento, siendo los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro, los puntos donde este tipo de violencia ha dejado más afectados. Situación similar hay en Norte de Santander, siendo Sardinata el lugar con más casos, registrando 231 hechos, mientras que en la zona fronteriza con Táchira hay 386 personas desplazadas.
Esto se repite, como se nombró anteriormente, en el Cauca, departamento en donde solo en Argelia ha habido 593 acciones que terminaron en desplazamientos forzados.
A esto se le agrega que en el Chocó alrededor de 3.623 personas permanecen confinadas en las zonas de Alto Baudó (3.083) y Bajo Baudó (540), mientras que cerca de 2.055 han tenido que salir de sus territorios por los ataques armados que se han presentado entre las AGC y el ELN desde el pasado 03 de abril, dejando en medio a la población, en la que hay comunidades indígenas del Resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Río Chicué.
Adicionalmente, la propagación del Covid-19 ha repercutido en este sentido en dos escenarios. Por una parte, en el caso del Caquetá también ha generado desplazamientos, los cuales rondan los 56 casos en Belén de los Andaquíes. Hechos similares se han presentado en Cumbitara, Nariño, en donde un menor contagiado fue amenazado y obligado a abandonar su territorio junto con su familia.
Mientras que en Mapiripán, Meta, cerca de 15 familias de la comunidad indígena Jiw, tuvieron que confinarse en medio de las montañas del municipio al no encontrar protocolos y medidas que en efecto previnieran el riesgo de contagio.
El olvido estatal
Por otro lado, según el Informe, las restricciones de movilidad dadas con el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, implementado desde el 25 de marzo, ha generado que con la suspensión de actividades y misiones de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos se agudicen los escenarios de violencia, sin poder hacer veeduría y acciones de mitigación de riesgos.
Es necesario nombrar que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también informa que entre enero y marzo más de 19.500 personas se han visto afectadas por eventos asociados a desastres naturales, y más de 100 han sido víctimas de minas antipersonal y otros artefactos explosivos no convencionales.
Este contexto ha fortalecido el olvido estatal en zonas donde se siguen sumando nombres a la larga lista de líderes y lideresas sociales, campesinos, indígenas, afrocolombianos, excombatientes, y población en general asesinada y afectada por los diversos hechos que la violencia trae per se. Contexto que merece acciones con urgencia, tanto dentro de la emergencia sanitaria, pero también dentro de la historia que nunca nos ha dejado, incluso cuando algunos sectores se empeñan en el negacionismo: la del conflicto armado y social del país.