Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Este martes 4 de agosto de 2020, en una histórica decisión, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente es investigado por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda. En los últimos días de nuevo ha vuelto a debate nacional el proceso de Uribe por posible manipulación de testigos.
Esta inédita decisión de un tribunal de justicia colombiano ocurrió luego de iniciado el proceso contra Diego Cadena y Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautores. Tras esto hubo dos comunicaciones importantes; por un lado, la del partido Centro Democrático blindado al expresidente. Por otra parte, la de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a confiar en la acción de los jueces dentro de este proceso, en el que la presión política ha resaltado.
Tras esto, uno de los cuestionamientos era ¿cuál iba a ser la situación política de Uribe?, que como se afirmaba estaba próxima de definirse por parte de la Corte y por medio de los magistrados de la Sala de Instrucción: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Hoy ya hay un paso dado: la medida de aseguramiento domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez, una decisión histórica que se da para proteger el proceso que adelanta la Corte.
En el contexto de las advertencias que se hicieron antes de conocerse esta decisión en El Poder de Semana TV León Valencia, director de Pares, estuvo analizando el panorama en el que se daba este debate, en el que resaltaba la presión a la Corte, acompañado de una instigación política en el nombre de la repercusión que tuvo el ahora senador en sus dos periodos presidenciales, en este sentido, una de las advertencias que se daban era la detonación de hechos violentos. Ante esto Valencia afirmó que:
“Ahora es más difícil que la gente vaya a enfrentar al Estado por defenderlo, menos en un caso judicial donde hay muchas pruebas para condenarlo. No creo que eso ocurra. Pero sí va a ser un acontecimiento político muy notable en el país, pero no veo que eso vaya a tener unas consecuencias de violencia y de armas, porque de eso está muy cansado el país”.
Por otra parte, otro de los cuestionamientos era sobre el respeto y la protección a la democracia con el acatamiento de las decisión que tomara la Corte, la cual, como lo exponía Valencia, tiene un gran reto al enfrentarse a un hecho con gran impacto nacional, pero también con un proceso que ha estado por años con varios estancamientos, además de contar con uno de los equipos de abogados con más injerencia mediática y muchos recursos para defender a Uribe y atacar a quienes lo acusan.
“La Corte actúa en derecho, además da una señal de vigencia de la justicia en Colombia. Sé que es un proceso judicial difícil, que incluso los nuevos magistrados se atemorizarán mucho. Por algo en la posesión de Duque colocaron a todas las cortes muy atrás del escenario, desde ahí se mandó un mensaje muy fuerte, diciendo que las iban a reformar. Desde ahí ha habido una presión muy fuerte contra las cortes porque están tratando de proteger la democracia”.
Adicionalmente, y en el marco de los delitos que fueron cometidos dentro del conflicto armado, se aseveró que Uribe podría reconocer lo cometido y así acceder a la JEP, lo que no le daría cárcel, pero, en primera medida, sí permitiría esclarecer los hechos, exigencia que han hecho miles de víctimas durante años. “Allí, si confiesa, tendrá una condena importante pero que no le dará cárcel, ese es un recurso al que podría acudir Uribe en vez de ponerse a sobornar testigos, en vez de obstruir a justicia y de enfrentarse al país como lo está haciendo”, agregó.
Ahora, luego de una decisión unánime por parte de los cinco magistrados de la Corte, Uribe deberá responder por lo que se le acusa, en este caso habiendo cerca de diez testigos que habrían recibido prebendas para dar falsas declaraciones. Además, también se abre uno de los capítulos políticos, democráticos y jurídicos con mayor relevancia.
“Acaba de ocurrir algo lógico en derecho: un acusado, Álvaro Uribe, tiene sobre sus hombres pruebas ciertas de fraude procesal y compra de testigos y un tribunal lo llama a juicio y debe ordenar su detención porque precisamente la materia del delito es obstrucción a la justicia”, trinó León Valencia.