Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado en todo el país. De estos, 106 tuvieron lugar en Riosucio, Chocó, donde los principales afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes. El fenómeno se presenta, sobre todo, en la población de Taparal y el resguardo de Peñas Blancas.
Las garantías de seguridad para los habitantes han sido vulneradas y la población ha manifestado que no existen condiciones para retornar al lugar de donde han sido desplazados y constantemente violentados y amenazados.
Al respecto, el pasado 9 de octubre la Alcaldía le solicitó a la Gobernación Departamental ayudas humanitarias como alimentos, colchonetas y demás elementos que contribuyan a atender la crisis de la población desplazada.
Para el investigador Alejandro Jiménez, de la Fundación Paz & Reconciliación, la situación en Riosucio es muy compleja, ya que el desplazamiento continúa aún sin la presencia de la exguerrilla de las FARC y debido a las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales.
Jiménez precisa que esta violencia se da en el marco de una disputa que se viene adelantando entre el ELN y el Clan del Golfo desde 2015, incluso cuando las FARC estaban activas. Esta guerra radica, fundamentalmente, en el deseo de ambos grupos armados de hacerse con el control de las zonas de las cuencas de los ríos, que son las que permiten el manejo de economías ilícitas como el narcotráfico, tráfico de personas,contrabando, tráfico de armas y movilidad de tropas.
Efectivamente,esa zona presenta un fenómeno que se denomina ‘las mulas de carga’, actividad desarrollada, en su mayoría, por jóvenes hombres para llevar cocaína por todo el Darién hasta la frontera con Panamá.
Jiménez expande la complejidad de los sucesos que por estas semanas se están presentando en Chocó, pues asegura que el desplazamiento en este territorio viene desde que los paramilitares llegaron en 1997.
Hoy en día, la reconfiguración de la dinámica bélica obedece al control de rutas y a la disputa por ostentar la imposición del orden social, afirma Jiménez. Tres cuencas son epicentro de la afectación: Truandó, Cacarica y Salaquí. Para el investigador lo que sucede, por ejemplo, en Truandó es que hay territorio minado. Esto genera, por un lado, el desplazamiento forzado de una gran cantidad de población indígena y, por otro, una situación de confinamiento producto de las minas.
Además, el reclutamiento de jóvenes complejiza el panorama de este territorio, puesto que no sólo se reduce al marco de las economías ilegales, sino a al reclutamiento de grupos armados, como el del ELN en comunidades indígenas.
El 31 de octubre de 2018, el partido de la Fuerza Revolucionaria del Común (FARC),por medio de un comunicado, manifestó que «en el municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, un grupo paramilitar compuesto por más de 20 personas fuertemente armadas al mando de alias Fabio, incursionó en la vereda Río Ciego en cercanías a la cuenca del río Salaqui. En esta incursión paramilitar fueron desplazados de manera forzada los integrantes de la FARC en proceso de reincorporación que se habían asentado en dicho territorio con el propósito de desarrollar proyectos productivos y acciones de reincorporación».
¿Qué se viene para atajar la continuidad del desplazamiento?
El próximo 29 de noviembre de 2018 se hará una audiencia pública, en la cual la Corte Constitucional, el Gobierno, otras instituciones competentes y organizaciones nacionales e internacionales analizarán la situación sobre el desplazamiento forzado.
Se deberá “demostrar la garantía efectiva de los derechos de un alto porcentaje de la población desplazada” pues pone en evidencia que los informes allegados a la Corte por parte de la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Contraloría General de la República; la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2.011 (CSMLV); la sociedad civil; y las oficinas de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos,advierten sobres “graves vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se encuentran reflejadas en emergencias humanitarias como los desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, desplazamientos intraurbanos y asesinato a líderes y lideresas”.
¿Cómo ha sido el desplazamiento forzado desde el año de la firma del Acuerdo de Paz?
En el año 2016, en el departamento de Chocó se registraron 17.420 casos de desplazamiento bajo la categoría de expulsión, 6.062 casos de recepción y 14.294 por la de declaración. En 2017 se registraron 15.740 casos de expulsión, 4.311 casos de recepción y 13.629 casos declarados. En el 2018, a corte de 30 de septiembre, hay registrados 2.762casos de expulsión, 782 de recepción y 3249 casos de declaración.
