Por: Katerin Erazo, Catalina Lema y con la colaboración de Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN)
La crisis climática es la principal amenaza que enfrenta la humanidad en la actualidad, según las conclusiones del Informe de síntesis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), pues este fenómeno afecta directamente los medios de vida que tiene la especie para garantizar su supervivencia y bienestar, como son la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, entre otros.
Colombia, por su grave situación en materia de seguridad y por la brecha de desigualdad, es uno de los países con menor capacidad de adaptación al cambio climático. Esto lo ubica dentro de los 11 países más vulnerables a la crisis climática, según Pacto Global[1].
Una de las estrategias más aceptadas y recomendadas en las instancias internacionales para abordar la crisis climática es la descarbonización, que consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir de forma significativa y sistemática las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN). Estas estrategias implican el replanteamiento de varias actividades económicas, especialmente las que dependen de la explotación de carbón e hidrocarburos para la generación de energía, responsables del 50% de las emisiones totales de GEI, así como las dependientes del modelo de producción agrícola actual, responsable de cambios en los suelos y del 14% de las emisiones de GEI.
El aporte de Colombia a las emisiones globales de GEI es muy bajo, pero el país tiene alto riesgo de que los efectos globales de este empeoren las condiciones de pobreza, desigualdad y riesgos en materia de seguridad. Estas condiciones responden a dinámicas económicas dentro del modelo extractivo, que se han llevado a cabo de manera irregular y en detrimento de los derechos, especialmente de comunidades indígenas, mujeres, afro y jóvenes.
La línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento a conflictos socioambientales relacionados especialmente con la explotación de carbón en el país. Esta actividad ha llevado a la vulneración de los derechos de quienes habitan en los territorios en donde se desarrolla la explotación de carbón. Al igual que otras actividades de explotación de los suelos, que contribuyen a la emisión de GEI, la minería de carbón a de los suelos ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola a partir de procesos de desplazamiento forzado y despojo. Por esto, urge que el país redirija su economía hacia una transición justa frente a la crisis climática.
Minería de carbón y conflictos socioambientales
El carbón es uno de los principales insumos para la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento (materia prima para la construcción de infraestructura) y la producción de combustibles líquidos. Todas ellas, actividades necesarias para el sostenimiento de la forma de vida actual.
En Colombia, la explotación carbonífera ha estado asociada a la alianza económica entre algunas élites políticas e inversionistas extranjeros en el país, pero no necesariamente ha implicado un crecimiento económico en las regiones. En cambio, ha generado procesos de desplazamiento forzado, despojo, afectación al acceso a los servicios públicos y ecosistémicos. Esto ha derivado en una alta conflictividad en los territorios con explotación de carbón y en entorpecimientos a la implementación de los varios intentos de reforma agraria en el país. Consecuentemente, ha afectado el desarrollo de otras actividades de subsistencia como la agricultura.
Casos como el documentado por la Comisión de la Verdad sobre las tierras concesionadas en La Jagua de Ibirico, Cesar, han develado el funcionamiento de alianzas entre empresas carboníferas y grupos paramilitares. Estos últimos se encargaban de la expulsión de los habitantes de los territorios de interés para las empresas y, posteriormente, estas podían adquirir las tierras a muy bajo precio. De la misma manera, una investigación realizada por el CINEPP encontró que predios del sur de La Guajira, que habían sido adjudicados a beneficiarios de la reforma agraria, fueron transados para que la vocación de sus suelos para uso agrícola cambiara por la de explotación de carbón a gran escala. Estos predios fueron también adquiridos por mineras y despojados de su objetivo inicial para la titulación campesina.
Esto, mediante procedimientos irregulares de la institucionalidad encargada y aún a costa de las grandes pérdidas que la actividad extractiva había generado y que tuvieron que ser asumidas por el Estado. Las concesiones fueron impulsadas por los gobiernos especialmente entre los años 70 y 90, en un afán por demostrar resultados inmediatos en materia económica, a costa de los estudios ambientales y sociales previos.
En años recientes, y desde inicios del presente siglo, las organizaciones sociales de las comunidades cercanas a las minas han desarrollado procesos de movilización social y participación ciudadana para detener los impactos de la actividad minera. Sus principales consignas son el acceso al agua potable y la destinación de suelos para usos agrícolas. También, se suman a estas, las demandas por los derechos de los trabajadores de ese sector.
La pérdida de los medios de subsistencia es una realidad y una preocupación permanente para las comunidades cercanas a las minas. En 2022, las comunidades del municipio de Barrancas, sur de La Guajira, junto al movimiento sindical, realizaron bloqueos a la operación de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; los bloqueos fueron levantados tras la instalación de una mesa técnica para el abastecimiento de agua en La Guajira, como una nueva acción para dar cumplimiento a las sentencias que ya han regulado el asunto previamente pero que no han sido acatadas debidamente.
En San Vicente de Chucurí, Santander, la Resistencia Ante la Minería y el Extractivismo (RAME) y otras organizaciones sociales se han movilizado en contra de nuevas pretensiones empresariales de realizar minería de carbón a cielo abierto. En este y municipios aledaños, desde 2005 opera la mina San Luis, a cargo de Cymcol Ingeniería S.A.S., que realiza explotación de carbón a cielo abierto y subterránea. De acuerdo con líderes territoriales, la concesión minera en San Vicente abarca zonas de interés turístico y de vocación agrícola. La actividad extractiva de carbón afecta el desarrollo de estas actividades económicas, así como otras formas de vida relacionadas con la protección ambiental, que la comunidad ha buscado impulsar en el Plan de Manejo Básico Territorial.
Además de las afectaciones ambientales, territoriales y a la salud de las comunidades, grupos armados han violentado a las organizaciones y líderes que se oponen a la minería de carbón y a otras economías extractivas.
¿Puede la descarbonización ser una aliada de la paz?
A parte de ser una apuesta por la mitigación de emisiones de GEI, en países como Colombia, con alta conflictividad asociada a las economías de explotación, la descarbonización se presenta como una oportunidad para desescalar la violencia y saldar la deuda histórica con las comunidades más afectadas por estas actividades. En ese sentido, su implementación debe estar alineada con los conceptos de seguridad humana y seguridad alimentaria a nivel local, territorial y nacional.
Las estrategias, proyectos e iniciativas en pro de la descarbonización tienen un respaldo internacional y legal en los compromisos adquiridos por Colombia y otros países a través de acuerdos internacionales y locales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).
A nivel nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050) describe 9 pilares para cumplir con lo pactado en estos acuerdos: el conocimiento y la gobernanza climática, la gestión integral de la biodiversidad, la producción y el consumo sostenible, una transición justa para la fuerza laboral, el desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones, el desarrollo urbano integral en las ciudades-región, la diversificación de la matriz energética, y la movilidad e infraestructura sostenibles.
Sumado a ello, después de un largo proceso impulsado principalmente por organizaciones de la sociedad civil y defensores ambientales, en 2022 Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú. Este pacto plantea mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana equitativa, que pueden ser aplicados en la construcción de las estrategias de descarbonización en el país, lo que puede no solo ayudar a disminuir la crisis climática que vive Colombia, sino también puede llegar a frenar el conflicto armado que ha sido otra de las grandes problemáticas por la que ha pasado Colombia.