Por: Redacción Pares
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos. De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. Así lo señala en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado este miércoles en Bogotá.
Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. En 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
De los 108 asesinatos documentados por el ACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales.
Comunidades rurales y grupos étnicos en la mira
El 55% de estos casos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los ámbitos del ejercicio de defensa de derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65% de todos los asesinatos, manteniendo una tendencia que ha documentado el ACNUDH desde 2016.
El asesinato de un defensor indígena Embera ocurrido en abril en Riosucio, Chocó, fue emblemático. Este municipio se caracteriza por un alto índice de pobreza multidimensional, violencia endémica y la presencia del ELN y de grupos criminales que se diputan el control del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes. Su labor de reivindicar los derechos de su comunidad afectó los intereses de estos grupos, por lo que fue asesinado. Su asesinato exacerba las condiciones de marginalidad de su comunidad y reduce la posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos.
El ACNUDH ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos. Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018. El 5 de enero en Magdalena, una defensora afrocolombiana que exigía la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la adjudicación de tierras, fue asesinada por denunciar la presencia de un grupo criminal.
La pronta y efectiva implementación del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos17 debería ser una importante herramienta de prevención, protección e investigación de ataques contra mujeres defensoras.
En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Algunas recomendaciones de ONU al gobierno
Según el informe, la Alta Comisionada para los derechos humanos reitera las recomendaciones hechas en informes anteriores y recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia.
Además, para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación.
En ese sentido, el informe solicita a las autoridades pertinentes a garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, y asegurar que la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones.