• Web

De qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional

Mi sorpresa fue enorme. El expresidente Gaviria se atrevió a decir que los beneficios de la justicia transicional se debían aplicar a todos los involucrados en el conflicto y de inmediato Santos, el fiscal general, las FARC, sectores del uribismo, el general Jaime Ruiz Barrera, notables juristas y miembros de organizaciones de derechos humanos, salieron a respaldar la idea.

Gaviria mencionó en su propuesta a los miembros de la fuerza pública, a los guerrilleros, a líderes políticos, empresarios y miembros de la Rama Judicial que auspiciaron el paramilitarismo.

Eso nunca había ocurrido. Era un tema polémico a morir. Siempre que alguien mencionaba el asunto le llovían objeciones. Desde la derecha o desde la izquierda se prendían las alarmas contra la impunidad. Unos, para hacer énfasis en el castigo implacable a los insurgentes y para salvar responsabilidades de los miembros del Estado y los empresarios; otros, para insistir en el carácter especial de la rebelión y el delito político y hacer hincapié en el castigo a los funcionarios públicos y a los miembros de las elites políticas y empresariales.

¿A qué se debe el cambio? Creo que la idea de la reconciliación nacional ha tomado fuerza. Creo que el país ha empezado a comprender que en 50 años se presentaron dos fenómenos concomitantes. Se gestó una rebelión armada que le ha disparado desde afuera a la democracia y, al mismo tiempo, una legión numerosa de líderes políticos, funcionarios del Estado y empresarios empezaron a dispararle desde adentro a la democracia en escandalosas alianzas con fuerzas ilegales.

Ahora se empieza a comprender que una verdadera paz implica una doble reconciliación: de las guerrillas con el Estado, y de las elites políticas y empresariales –que han utilizado la violencia y la ilegalidad– con la democracia. Es así de apasionante y de histórico el momento.

¡Bienvenidos todos a la justicia transicional! La tarea es monumental. Solo miremos los procesos en curso susceptibles de incluir en este marco. De la guerrilla hay 22.000 expedientes abiertos por rebelión y 2.020 presos en 138 cárceles; los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz fueron 4.346, y solo una parte menor ha recibido sentencias y beneficios; de la parapolítica y los empresarios hay, al decir del fiscal, más de 12.000 procesos; entre tanto, 61 parlamentarios y varios centenares de políticos regionales han recibido condenas; de los miembros de la fuerza pública hay 14.000 procesos y cerca de 4.000 presos. Todos los números se agrandarán a medida que el proceso de paz avance y se clarifique el tamaño de las guerrillas y de las fuerzas regulares e irregulares involucradas.