Por: Laura Cano Periodista – Pares
El pasado viernes, 17 de septiembre, se conoció que en zona rural de Quibdó, Chocó, se había presentado un bombardeo en el cual ocho guerrilleros del ELN habrían muerto y tres más habrían resultado heridos. Días después, se señaló que uno de los guerrilleros que habrían muerto en ese combate era Ogli Ángel Padilla Romero, conocido con el alias de ‘Fabián’, quien era el cabecilla del ‘Frente de Guerra Occidental’ del ELN. No obstante, el pasado 28 de septiembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, precisó que alias ‘Fabián’ había sido capturado con vida, pero que había resultado herido y debió ser trasladado a una clínica de la ciudad de Cali, donde finalmente falleció.
Aunque en su momento la operación fue presentada públicamente como “una de las operaciones militares más grandes contra el ELN”, y como una “operación quirúrgica” y de “alta precisión”, hoy se conoció que detrás de dicho proceso, de nuevo, desde el Ministerio de Defensa no habrían sido comunicados todos los resultados del bombardeo en contra de la guerrilla, pues de las ocho personas asesinadas, 4 de ellas serían menores de edad (de quienes hasta el momento no se había dado información). Esta denuncia la dio a conocer el senador Iván Cepeda, quien por medio de sus redes sociales compartió un documento en el que se expone la situación, especificando que entre los jóvenes había un menor de 13 años. Esta información le fue entregada a Cepeda por el Instituto Nacional de Medicina Legal, luego que el senador presentara un derecho de petición solicitando información sobre las personas que habían muerto en el operativo.
«El Gobierno Nacional se ha caracterizado por desconocer que los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en poder de grupos armados ilegales, son víctimas de reclutamiento forzado, y por el contrario insiste en darles tratamiento de combatientes, ubicarlos como ‘objetivo legítimos’ y llamarlos ‘máquina de guerra'», se lee en una carta compartida por el senador Cepeda al respecto.
Por su parte, y solo luego de que la información ya circulaba, las Fuerzas Militares respondieron, asegurando que: «el reclutamiento de menores de edad es un crimen de guerra que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados en el territorio nacional. (…) Es el ELN quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. (…) Tenemos plena certeza que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del DIH, acatando todos y cada uno de sus principios».
La respuesta del ministro de Defensa tampoco se ha hecho esperar. Diego Molano confirmó que en el operativo fueron abatidos 4 menores de edad, sin embargo, defendió el actuar de las fuerzas militares: «Una operación contra alias ‘Fabián’ en la mitad de la selva es legítima, es válida para una fuerza pública y hay que utilizar el uso proporcional de la fuerza y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Acá son ellos, los del ELN los que siguen reclutando menores de edad para cometer actos terroristas».
Puntualmente, la denuncia del senador Cepeda señala que entre estas víctimas se encontrarían dos menores de edad de 17 años, uno de 13 y una joven de 17 años. Adicionalmente, según lo informado por Medicina Legal, los cuerpos de las víctimas ya habrían sido entregados a sus familiares.
Ante estos sucesos, Cepeda anunció que citará el próximo jueves al ministro de Defensa, Diego Molano, a rendir cuentas en sesión de control político ante el Senado de la República. Así mismo, informó que le solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que realice una visita al país para conocer la situación que enfrenta la niñez en cuanto al reclutamiento forzado.
Es importante recordar que en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) hay cuatro principios para la planeación y ejecución de una operación militar: la distinción, la precaución (distinguir que no se afecte la población civil, por ejemplo), la limitación (que se refiere a los métodos con los que se desarrolla la acción) y la proporcionalidad (que está vinculada con la identificación de la ventaja militar que se obtendría a través de la acción).
Frente a estos hechos, Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), indicó varios aspectos a considerar: “lo primero que hay que decir es que sí había un objetivo militar: alias ‘Fabián’. Lo segundo es evaluar si la acción de bombardeo contra un grupo tan reducido de guerrilleros es legítima o no, teniendo en cuenta la proporcionalidad. Eso lo tendría que aclarar el Gobierno o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo otro que hay que mirar es si la operación está cumpliendo los estándares del DIH. Y ahí hay un problema: pareciera que el Ejército no está atendiendo de manera rigurosa los principios del DIH, es decir, o la inteligencia de las Fuerzas Militares está fallando o se están desconociendo los principios del DIH, lo cual sería gravísimo porque Colombia tiene un compromiso internacional de cumplimiento en el marco del conflicto armado. Todo apunta a que a las Fuerzas Militares desconocen, no les interesa la aplicación de los principios o tienen una falla en tema de inteligencia evaluando los riesgos de la población protegida».
La amenaza del reclutamiento
Justamente, sobre esta problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes, hay que decir que ha sido una de las tantas formas de victimización que no ha cesado en el país. Para el 2020, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), se reportaron 79 eventos de conflicto armado en los que 222 personas de esta población fueron víctimas de reclutamiento y vinculación a grupos armados ilegales. Antioquia, Chocó y Nariño fueron los departamentos donde más hechos se reportaron.
La Defensoría del Pueblo alertó que el reclutamiento de menores de edad en el país aumentó en un 113% durante el último año, en gran parte a causa de las medidas de confinamiento que sacaron a las y los estudiantes de los colegios. Este mismo organismo, en abril de este año, publicó un informe en el que señalaba que, durante el 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Adicionalmente, se identificó que hay 188 municipios con alerta por este tipo de victimizaciones: es decir, cerca del 18% del territorio nacional está atravesado por esta problemática. En este sentido, hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país.
Sobre estos datos de la Defensoría hay que anotar, por ejemplo, que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas fueron menores entre los 8 y los 18 años. Además, según la información presentada por el organismo, 20 de estas víctimas pertenecen a comunidades indígenas y dos a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre los grupos que amenazan a las y los menores estarían las disidencias de las FARC, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el EPL. Además, esta victimización tendría relación con grupos como ‘La Mafia’, ‘Los Niches’, ‘Los Cobra’, ‘Los Espartanos’ y ‘La Local’, así como con la llamadas Águilas Negras, ‘Los Rastrojos’, ‘La Constru’, ‘Los Pachenca’, ‘La Oficina’, ‘El Mesa’, ‘La Oficina del Valle de Aburrá’, ‘La Unión’, ‘Las Chatas’, ‘Los Costeños’, ‘Los Pachelly’, entre otros.
En relación con esto y con la denuncia sobre los menores de edad bombardeados, Alejandro Restrepo agregó: «Hay una preocupación sobre el reclutamiento a menores de edad por parte de guerrillas, que también es una violación del DIH. Además hay que preguntarse si el ELN está utilizando a los menores como escudos humanos para evitar las acciones militares».
El vuelve y juega de las Fuerzas Militares
Hay que señalar que este no es el primer caso en el que se denuncia la desproporcionalidad de las acciones de las Fuerzas Militares. Por ejemplo, en el último y en el presente año, se han denunciado dos casos más donde, en medio de bombardeos, menores de edad fueron víctimas. Esto, además, en contextos en los que esta información no fue divulgada de forma oficial sino hasta que en medios de comunicación se hizo pública.
Uno de estos dos casos ocurrió en Caquetá, en agosto de 2019, en la llamada ‘Operación Atai’, donde fueron alrededor de 18 menores las víctimas de un bombardeo en el que el objetivo era atacar a alias ‘Cucho’, uno de los jefes de las disidencias de las FARC. Estos hechos se conocieron por una revelación del senador Roy Barreras y llevaron a que el exministro de Defensa Guillermo Botero fuera citado a debate por moción de censura en el Senado, donde los votos por su salida sumaron casi 67, situación que terminó llevando a su renuncia en noviembre de 2019.
Frente a esto, hay que señalar que, en agosto de 2020, a partir del análisis dEl informe de inteligencia No. 937 del Ejército, desde el portal Cuestión Pública se afirmó que «el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias ‘Cucho’ estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad».
Por otra parte, Diego Molano ya se ha enfrentado a una situación similar mientras ha estado al frente del Ministerio de Defensa, pues en marzo del presente año, en medio de la ‘Operación Calamar’, 12 integrantes del grupo armado posFARC (GAPF) ‘Gentil Duarte’ fueron asesinados a manos de las Fuerzas Militares. No obstante, según denunció, de nuevo, el senador Roy Barreras, junto a Hollman Morris, dentro de estas víctimas se encontrarían menores de edad. Tras esto, Diego Molano dio declaraciones a través de RCN Radio, en donde afirmó: «yo que fui director del ICBF tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de las FARC, y lo que hacen las FARC es preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que usar el uso legítimo de la fuerza».
Ahora, este panorama se suma a la oleada de violencia que vive el país, donde los menores siguen siendo uno de los focos de los grupos armados, por los que es urgente la atención y el seguimiento de organismos nacionales e internacionales.