Por: Redacción Pares
Fotos tomadas de: Blu Radio
Hubo un momento, al comienzo de este gobierno, en el que la gente en Buenaventura comenzó a creer en la Paz Total. En ningún otro lugar de Colombia se respiró con más firmeza la oportunidad histórica a la que se aferraba este gobierno, el silencio total de los fusiles en zonas perseguidas por la maldición de la guerra. Pero el escenario de negociación entre Shottas y Espartanos vive en una constante fluctuación. El 5 de mayo volvió a renovarse la tregua pero es muy poca la gente que esto puede llegar a un final feliz. El optimismo con el que se inició poco a poco va cayendo en el mismo sopor de siempre.
Desde los noventa la violencia a golpeado con firmeza a este puerto. Guerrillas, paramilitares y ahora las bandas criminales se han pegado a la historia de los últimos treinta años de Buenaventura como si fueran lapas. El secuestro masivo en la represa de Anchicayá, donde las FARC se llevó a más de cien personas a finales del siglo pasado, pudo haber sido el puntapie inicial en la escalada de terror. El informe de la Comisión de la verdad titulado «Violencia urbana, reconfiguración paramilitar y expansión portuaria en Buenaventura», explica que la violencia en este puerto, a donde llegan la mayoría de importaciones del país, tiene que ver con la desigualdad galopante. En la zona rural de Buenaventura la pobreza afecta al 91% de la población.
La ampliación del puerto en 1966 se hizo de espalda a las necesidades de la gente. Para hacerlo desplazaron personas ya que tuvieron que demoler dos barrios, Balboa y Cristo Rey. En los ochenta ya se empezaban a ver escenarios de violencia como el que puso en la mesa un hombre al que se le conocía como Carlitos “El fusilero” que se dedicaba a hacer lo que mal se llama limpieza social en sus calles. Este hombre contó con el apoyo de autoridades y de comerciantes del puerto quienes buscaban ver sus calles libres de mendigos y ladrones potenciales. Pero la escalada de la violencia tendría su cumbre con la llegada del Frente 30 de las FARC. Nadie olvida la primera gran masacre que hubo en la ciudad, la de Zabaletas, donde fueron asesinados cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas fueron asesinados en plena vía.
A comienzos del siglo XXI, según el relato de la Comisión de la Verdad, Buenaventura era una zona de guerra en donde se usaban de armas hasta bombas pitadoras. La violencia de las guerrillas fue ripostada por el horror de los paramilitares. Tristemente célebre es la reunión que sostuvo Vicente Castaño con empresarios de Buenaventura para tomarse el puerto. Entre los años 2000 y 2003 se cometen 19 masacres que dejan un saldo de 118 víctimas. Se desplazan más de 36 mil personas. La desmovilización paramilitar no significó otra cosa que la fragmentación en otros grupos que derivaron en estos, los Shottas y los Espertanos, que en medio de una desconfianza mutua intentan cumplir sus treguas.
Ellos son el remante de otro grupo, la Local, manejado por Diego Optra, quien después de su caída en el 2019 dejó a los sicarios de su banda en la anarquía por reemplazarlo. A los Shottas le tienen mucho miedo en Buenaventura. Ellos no sólo viven del narcotráfico sino de la extorsión a comerciantes y también a vecinos de cualquier barrio. La excusa que tienen los Shottas para cobrarle a los vecinos es que ellos garantizan la seguridad. Nadie denuncia, temen demasiado.
En Buenaventura se respira miedo. Saben los métodos que tienen los Shottas para convencer a la gente de su poder, las casas de pique donde desmiembran a personas hace rato que no son un mito. Los Espartanos, quienes eran la contraparte de los Hottas dentro de La Local, ha sido su principal rival y la confrontación azuzó aún más la creación de las temibles fronteras invisibles. Se han podido sentar a hablar en este gobierno. El pasado 5 de mayo el comisionado de paz Otty Patiño llegó al puerto a hablar con representantes de ambos bandos. Lo acompañaba alguien confiable y respetable, Francisco de Roux, ex presidente de la Comisión de la Verdad. También viajó el jefe de la delegación del gobierno en estos diálogos, Alejandro Ocampo, quien anunció que Los Espartanos, quienes se habían levantado de la mesa de negociación en marzo, volvían a ella y extenderían la tregua hasta agosto. 90 días de paz.
Además las bandas habían llegado a compromisos concretos como el de frenar el reclutamiento de menores en el puerto. Sin embargo hay preocupaciones. Una de ellas es que durante el 2023 el gobierno giró $2.900 millones de pesos para actividades de paz entre Shottas y Espartanos y nadie responde por ellos.
Lo otro es que está estancado el marco jurídico para la paz en ambos bandos. Se firmaron acuerdos, la gente en el puerto lo sabe, pero no creen demasiado en el compromiso de silenciar los fusiles. La preocupación crece con los días.