Curvaradó y Jiguamiandó: entre el despojo y la resistencia

Por: Alejandro Camacho Escamilla, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto


En la segunda mitad de 1996 se dio inicio la operación “Septiembre Negro”. Esta estrategia militar, realizada de manera conjunta entre paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia, se gestó con la intención de detener la avanzada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, que para la época había logrado controlar gran parte del territorio del pacífico haciendo su entrada desde el río San Juan por medio del Frente 34. Estas acciones generaron desplazamientos masivos en varios municipios de Chocó y Antioquia, principalmente en Mutatá, Murindó, Riosucio y Carmen del Darién.

Las comunidades que abandonaron sus territorios por las masacres, amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes posteriormente serían la base militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), eran también habitantes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó y fueron despojados por vías violentas.

A lo largo de estas tres décadas, y desde antes, estas comunidades han defendido su territorio de grupos armados ilegales. Su resistencia generó que los entes internacionales pusieran sus ojos en esta parte de Colombia, logrando, como una de las victorias más importantes, que bajo la resolución del 6 de marzo de 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos-CIDH les brindara medidas cautelares, posibilitando la creación de diversas Zonas y Resguardos Humanitarios dentro de los territorios colectivos titulados a las comunidades negras e indígenas.

A su vez, grandes proyectos mineros han intentado hacerse a concesiones en estos territorios. Este es el caso de Muriel Mining Corporation, Anglo Gold Ashanti y Glencore, quienes según las comunidades están asociadas a la presencia de grupos “paramilitares”. Por otra parte, según el documento publicado por Indepaz titulado “Las maniobras del rey Midas”, sólo Anglo Gold tenía “escrituradas” 186.636 hectáreas en Chocó por medio de 47 títulos en el año 2012. También señala que la propia empresa ha devuelto títulos que involucran casi 8 millones de hectáreas en todo el país en los años previos a la fecha de publicación del artículo.