Por: Fredy Chaverra Politólogo, asesor y consultor. Actualmente se desempeña como investigador y profesor universitario.
Con la decisión de la Corte Constitucional de respaldar la votación que creó las 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado, se cierra una de las discusiones jurídicas más intensas de los últimos años y se abre una importante ventana de oportunidad en la ruta de implementación temprana del Acuerdo de Paz. Este camino abierto permitiría avanzar en la transversalidad del enfoque territorial y en medidas de representación para los territorios más afectados por la persistencia del conflicto armado y por la debilidad institucional. Sin duda, fue una decisión de calibre histórico que se sustentó en la centralidad de los derechos de las víctimas y en la necesidad de incorporar los territorios olvidados en el “concierto” de la política nacional.
Es claro que le asisten grandes retos y dificultades. Sin embargo, tampoco es una medida completamente nueva en los procesos de posacuerdo que se han dado en el país. Echemos un vistazo.
En el marco del proceso de negociación entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, se acordó una Circunscripción Especial de la Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción formó parte del paquete de reformas incluidas en el proyecto de referendo que Barco le presentó al Congreso en 1989, pero tras su hundimiento en el último debate (a instancias del Gobierno y debido al “mico” favorable a los extraditables) al M-19 no le quedó más alternativa que tramitar su reincorporación política bajo las reglas ordinarias. A dos días de dejar las armas, Carlos Pizarro se postuló a la alcaldía de Bogotá y Antonio Navarro a la alcaldía de Cali. Asimismo, Vera Grabe llegó a la Cámara de Representantes.
Para las elecciones legislativas de 1991 (tras la derogación por parte del constituyente del Congreso elegido en 1990), el M-19 —ya convertido en Alianza Democrática— se alzó con 22 curules. A voto limpio y sin circunscripción especial.
Para 1994 se aplicó por primera y única vez la Circunscripción Especial de Paz en la elección de concejales en 199 municipios de 22 departamentos. Fue una medida que amparó a todos los grupos armados y milicias que habían adelantado procesos de desarme en el gobierno Gaviria. Entre ellos se encontraban el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas de Medellín. A la Corriente de Renovación Socialista también se le otorgó el derecho a tener dos representantes a la Cámara para el periodo 1994-1998. Fueron medidas excepcionales y transitorias de reincorporación política en fases de posacuerdo, pero solo enfocadas en las demandas de los grupos desmovilizados.
A diferencia de los procesos de los años 90, las actuales Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP) no se diseñaron para favorecer electoralmente a los grupos desmovilizados. Es más, estos no pueden participar con candidatos o listas propias. Su criterio de creación obedeció, en mayor medida, a la necesidad de construir unos cinturones regionales intradepartamentales, priorizando los municipios más afectados por el conflicto, la presencia de cultivos ilícitos y la debilidad institucional. Son 168 municipios (coincidentes con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) subrepresentados en el Congreso y claves en la implementación del enfoque territorial del Acuerdo de Paz. En su diseño original, las curules se pensaron como una fórmula intermedia de reparación territorial. No obstante, el Congreso le introdujo dos grandes modificaciones: las convirtió en curules exclusivas para las víctimas y excluyó de la lógica electoral a todas las cabeceras municipales. En su decisión, la Corte Constitucional fue más allá y extendió su vigencia hasta 2030.
Por dos periodos consecutivos, la Cámara se fortalecerá con la presencia de dieciséis representantes que llegarán al Capitolio con la responsabilidad de representar a los territorios más olvidados del país, así como de ser garantes en la ejecución de los PDET, el programa de sustitución de cultivos ilícitos, las sanciones propias de la JEP a los máximos responsables de crímenes atroces y, en general, de todos los componentes que constituyen la Reforma Rural Integral. Además, podrán integrar bloques legislativos en comisiones o plenarias y posicionar agendas nacionales o locales. De ahí la importancia de que estas curules sean ocupadas por actores sociales que realmente conozcan las necesidades y particularidades de los territorios. Estas personas serán las principales garantes políticas en la construcción de la paz territorial y el resarcimiento a los derechos de las víctimas. No es una responsabilidad menor.
Sin embargo, sobre las curules también se ciernen dudas y sombras. Primero, la derecha empezó su andanada mediática afirmando que serán ocupadas por las Farc o que podrán ser cooptadas por los actores armados. Ya es claro que el partido Comunes está inhabilitado para postular candidatos (tampoco podrán participar exguerrilleros). Así quedó establecido en el acto legislativo y no hay lugar a discusión. Sin embargo, sí es cierto que las y los representantes serán elegidos en territorios donde persiste el conflicto y el dominio de grupos armados (mucho más porque son zonas rurales dispersas). Y pese a que esto no es motivo para estigmatizar esos territorios, sí es una condición que amerita diseñar esquemas muy exhaustivos de veeduría, monitoreo y control tanto a candidaturas como a campañas.
También se deberán garantizar los puestos de votación suficientes y las condiciones de seguridad necesarias para avanzar en el proceso electoral. Son riesgos que hay que reducir para que las curules no pierdan su esencia restauradora o sean cooptadas por actores armados.
En síntesis, las circunscripciones transitorias no son fórmulas nuevas en el país: ya se han implementado con resultados diferenciados, pero sí es la primera vez que se crean bajo un amplio criterio territorial y desde un enfoque de derechos. Es la medida de reparación e integración territorial más importante en la historia reciente del país y un auténtico compromiso —real, práctico y verdadero— con millones de víctimas. No hay duda de que estas circunscripciones también están encaminadas a cerrar las brechas sociales que han convertido al país en un monumento a la desigualdad y la indiferencia. Tengo la expectativa de ver a las víctimas en el Congreso posicionando agenda y llevando la voz de cientos de comunidades a un órgano que legisla de espaldas al país. Como un compromiso por la paz y la reconciliación, pongo a disposición mi experiencia para acompañar a los movimientos interesados en postular candidaturas y asumir el compromiso de ser garantes en la construcción de la paz territorial.
Con su llegada al Congreso, se dignificará la política en un espacio donde las víctimas se han convertido en un “adorno” cada 9 de abril.