Por: Katerin Erazo
foto tomada de: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Este domingo 10 de marzo marcó el final del cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. Durante siete días, las partes se reunieron en San José del Guaviare, reiterando sus compromisos en pos de un proceso de paz continuo.
Este ciclo se desarrolló en un contexto de cese al fuego bilateral, vigente hasta el 15 de julio, confirmado desde el pasado 14 de enero. A pesar de algunas denuncias de incumplimiento entre las partes, el diálogo ha persistido con el objetivo de avanzar hacia una paz duradera.
Entre las conclusiones destacadas de esta etapa de negociaciones se encuentran medidas especiales para fortalecer el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), así como la implementación inmediata de acuerdos en regiones clave donde las disidencias de las FARC tienen influencia, como Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá.
Según un comunicado conjunto emitido al final del ciclo, se ha acordado atender de manera positiva las propuestas inclusivas y las demandas de participación efectiva de las comunidades y líderes locales. Las partes planean reunirse nuevamente en Ocaña (Norte de Santander) en abril para continuar avanzando en el proceso.
Además, se ha puesto énfasis en la importancia de los diálogos sociales en regiones como Nariño, Putumayo y Arauca, con el objetivo de establecer nuevos acuerdos. Se ha ratificado un acuerdo especial para transformaciones en la cuenca del río Micay y el cumplimiento de compromisos anteriores definidos desde octubre de 2023 en el corregimiento El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca).
Durante el encuentro, se presentó el segundo informe del MVMV, el cual ha contribuido a evaluar el proceso del cese al fuego y ha permitido definir un cronograma para la instalación de instancias locales antes del próximo ciclo en áreas prioritarias.
Las representaciones del Gobierno y del EMC reconocieron las desigualdades regionales y nacionales, así como la necesidad de corregir y fortalecer los protocolos de comunicación, pedagogía del proceso y garantías para los diálogos.
Se han aprobado varios documentos para aplicar correcciones y fortalecer el proceso, incluyendo protocolos de comunicación, pedagogía de los diálogos de paz, acuerdos sobre transformaciones territoriales y la creación de una Comisión Mixta Jurídica y de Garantías de Seguridad.
Camilo González Posso, jefe del equipo negociador del Gobierno, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en este ciclo, resaltando los compromisos para la transformación territorial y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas por el conflicto.
Por su parte, el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, hizo un llamado a acelerar los acuerdos que beneficien a la población civil y destacó la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades en medio del proceso de paz.
En la próxima reunión de la mesa de diálogos se espera seguir avanzando en la agenda para el desarrollo del quinto ciclo de negociaciones. Estos diálogos se suman a los esfuerzos continuos por alcanzar una paz duradera en Colombia, recordando los acuerdos previos como el compromiso de las disidencias de acatar el Derecho Internacional Humanitario y la evaluación de la situación de los miembros de este grupo armado que están detenidos.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), como parte crucial del cierre del cuarto ciclo de la mesa de negociación entre el Estado Mayor y el Gobierno, es esencial destacar, en primer lugar, el seguimiento que se está llevando a cabo respecto al mecanismo de veeduría y monitoreo.
Esto cobra relevancia debido al incremento de acciones armadas entre el Estado Mayor y el Ejército. En este sentido, se está evaluando el cumplimiento de las reglas establecidas, así como la necesidad de tomar medidas, ya que persisten combates y enfrentamientos, además de ataques a la fuerza pública, que han aumentado en el último mes, con consecuente impacto en la población civil.
Balance de acciones del cese con corte a febrero
En consecuencia, se presenta el segundo informe del mecanismo para poner énfasis en estas situaciones que se han venido manifestando. Otro aspecto relevante mencionado por la investigadora se refiere al impulso de rutas de acción frente a zonas de influencia significativa del Estado Mayor, abarcando los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Meta y Caquetá. Esto se alinea con la agenda de territorialización de otras mesas, como la del ELN, que ha comenzado a desarrollar actividades en Nariño.
Una cuestión importante mencionada en las conclusiones es el control y verificación de las acciones en la cuenca del río Micay, así como en el Cauca y el Plateado, que guarda relación con las acciones en el Valle del Cauca.
Marín explicó que se han presentado siete documentos que establecen protocolos de acción y acuerdos en varios ejes. El primero se refiere a los incidentes en los que se han producido combates entre el Estado Mayor y la Fuerza Pública en el marco del cese al fuego, considerando también las afectaciones a la población civil. Además, se presentó un protocolo de pedagogía en diálogo de paz para contribuir a la consolidación del mecanismo de participación previsto por el Estado Mayor Central, así como un protocolo de comunicación para generar espacios de incidencia conjunta entre las partes.
En el ámbito de los acuerdos respecto a las transformaciones, se han establecido dos acuerdos específicos, uno que abarca los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, y otro que incluye la región de Catatumbo. También se han realizado acercamientos en relación con las comisiones jurídicas y de garantías de seguridad, reiterando la importancia del mecanismo de veeduría y monitoreo.
En cuanto a los próximos espacios de negociación, se espera que se cumpla rigurosamente el cese al fuego y que se realice una verificación más exhaustiva de las acciones en curso, dada la incompleta implementación del mismo. Asimismo, se espera que se avance en las agendas de actividades y seguimiento territorial en las regiones prioritarias, poniendo énfasis en el impacto en la sociedad civil, incluyendo la protección de líderes y lideresas sociales y el respeto a las comunidades y organizaciones que se encuentran en medio de disputas territoriales. En paralelo, se considera importante coordinar con las mesas de negociación con el ELN para abordar la territorialización en lugares como Nariño, Putumayo y Arauca, que son escenarios de disputa.