Por: Luis Eduardo Celis Méndez
Es fácil hablar de lo que no se conoce. Y temerario. Y abusivo. La inmensa mayoría de la sociedad urbana colombiana no sabe, ni entiende, ni tiene empatía por lo que viven muchas comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas desde hace muchas décadas en esa Colombia que nos provee de alimentos, agua y oxígeno. Debemos insistir en conocer ese mundo rural donde se ha librado y se siguen librando unas violencias que aniquilan la vida.
El nuevo gobierno se ha propuesto trabajar por las transformaciones pendientes y postergadas por la sociedad colombiana, y una de ellas es construir unas fuerzas armadas y políticas de seguridad y defensa plenamente civilistas y totalmente encuadradas en nuestro ordenamiento constitucional. Esa tarea está pendiente y todos los gobiernos le han sacado el cuerpo al tema o, peor aún, han cohonestado con los graves problemas que tienen nuestras fuerzas armadas, que a mi juicio son dos y enormes: violan derechos humanos de manera sistemática y son corruptas.
Desde el famoso discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958, se abrió un ciclo de relacionamiento entre los militares, la clase política y los gobiernos civiles que yo resumo así: los militares no se meten a dar golpes y los gobiernos y la clase política no nos metemos con ellos. Quizás es un análisis simplista, pero si se contrasta con la realidad de los últimos 64 años y los últimos 14 presidentes del país, desde Lleras Camargo en 1958 hasta Iván Duque en 2022, hay evidencia histórica de que esto ha sido así. Analicemos algunos ejemplos.
Los militares torturaron miles de civiles durante el estatuto de seguridad y el Gobierno los dejó. Los militares se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia (este sí un golpe al poder civil) y el expresidente Betancur condescendió. Los militares han atropellado por décadas a muchas comunidades rurales y el poder civil no ha dicho nada de fondo, aunque la justicia en algunos casos ha actuado por la presión social de movimientos de derechos humanos y de la comunidad internacional. Así podría seguir enumerando casos en los que los militares se han ido contra las comunidades.
Hay que reformar las fuerzas armadas y este gobierno ha mandado mensajes claros sobre ello: militares con algún cuestionamiento fueron retirados del servicio y no ascendieron a las cúpulas (puede que haya una que otra injusticia, no lo niego); ha asegurado que irá contra las violaciones a los derechos humanos y contra la corrupción al interior de las fuerzas; designó a Iván Velásquez como ministro de Defensa, un hombre que viene de la justicia y de los derechos humanos.
El presidente Gustavo Petro ha sido claro: la seguridad en su gobierno es la seguridad humana, y esta seguridad está basada en el ejercicio de los derechos ciudadanos, de todos los derechos y para todas las personas y comunidades, enorme desafío sobre el cual deben trabajar no solo las instituciones de seguridad y defensa, sino todo el Estado colombiano y toda la sociedad en su diversidad y complejidad.
Recuerdo la frase de Octavio Sarmiento, gran dirigente liberal araucano, asesinado por los paramilitares en Tame en el año 2000 y que me la mencionó Cayo Mario Sepúlveda, su gran amigo y coequipero: “cuando los perros ladran en el campo en la noche, el campesino y la campesina sienten miedo”. Eso no debe seguir pasando y desafortunadamente anoche en muchas comunidades campesinas, indígenas y de afros, los perros ladraron y hubo miedo en esas familias colombianas, algo inaceptable y que debe ser superado.
Ante esta enorme tarea de reformar de manera democrática y civilista nuestras fuerzas armadas, requerimos muchos diálogos, investigación, propuestas. Por eso les invito a leer el último informe del Internacional Crisis Group, titulado Atrapados en el conflicto: reforma de la estrategia militar para salvar vidas en Colombia, publicado esta semana.
Uno de los temas a resolver en la reforma de las fuerzas armadas y en el marco de superar todas las violencias organizadas que se ha propuesto la política de Paz Total de este gobierno, es brindar seguridad a las comunidades rurales y el informe del International Crisis Group, arriba referenciado, nos recuerda la pertinente propuesta del coronel del Ejército Carlos Alfonso Velázquez de constituir una Guardia Rural.
Presidente Petro y ministro Velásquez: la tarea de la reforma del sector seguridad y defensa hay que hacerla y hay que hacerla en este gobierno en el que se pueden sentar bases importantes.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.