Por: Guillermo Segovia Mora. Colaborador Pares
Colombia está en paro. Las centrales obreras y de pensionados junto con las dos principales organizaciones de estudiantes de educación superior, la federación nacional de maestros, las organizaciones nacionales y regionales de indígenas, afrodescendientes, campesinos y de otros sectores confluyeron en un pliego de peticiones y la realización de un cese de actividades nacional en reclamo al cumplimiento de anteriores acuerdos, oposición a varias medidas económicas y sociales en curso o proyectadas y respeto a los acuerdos de paz por el gobierno de Iván Duque, denominadas en su conjunto “El paquetazo”. La consigna: “Parar para avanzar ¡Viva el Paro Nacional!”. Tras diez días de insubordinación multitudinaria, efervescente y creatividad contestataria, el ejecutivo trata de quitarle el protagonismo a la plaza, fingiendo no darse cuenta que, en adelante, nada será sin ella.
El paquetazo neoliberal
Los convocantes rechazan los lineamientos de la reforma pensional divulgados en primicia en octubre por el periódico Portafolio centrados en el marchitamiento de Colpensiones administradora pública del régimen de prima media y el fortalecimiento del régimen individual que manejan las administradoras privadas, el aumento de edad y semanas de cotización así como del monto de la misma.
También cuestionan el decreto que termina la estabilidad reforzada para personas en condición de discapacidad, el piso mínimo de protección social y los beneficios económicos periódicos, estos dos últimos como sucedáneos paupérrimos del derecho a una pensión. Esta reforma es urgida por el sector privado y es parte de los requerimientos de la OCDE, aunque en la coyuntura del paro el gobierno haya decidido desmentir su contenido y anunciar concertación en busca de un mejor momento.
Por el lado del régimen laboral piden archivar el proyecto de legalización de la contratación laboral y cotización al sistema de seguridad social por horas, que el partido de gobierno promovió y llevó al Congreso bajo la iniciativa de Álvaro Uribe -principal gestor como congresista y presidente de varios iniciativas y medidas que conllevaron la pérdida de conquistas laborales y el desmejoramiento de los ingresos de los trabajadores- así como no dar trámite a la idea de la federación de comerciantes, avalada por la ministra de trabajo, de la vinculación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años con el 75% del salario mínimo. Propuestas que como la de pensiones quedaron parias con la reacción sindical.
De otra parte, los trabajadores del sector público rechazan la iniciativa del ministro de Hacienda Carrasquilla de juntar en un holding entidades financieras del sector público o con participación de éste para imponer criterios de mercado a su actividad, abrirlas al sector financiero y adelgazar sus nóminas y la venta del 20% de la petrolera Ecopetrol y la participación en la productora eléctrica ISA, entidades fuertes aun en manos del Estado, en busca de financiar faltantes presupuestales.
En el tema tributario se reclama la supresión de billonarias exenciones a las grandes empresas que la reforma en curso lleva a $ 10 billones (la bobadita de U$ 2.850 millones) y que el recaudo se destine a inversión social, así como una estructura impositiva progresiva.
A esas preocupaciones se suma la insatisfacción y exigencia de los universitarios frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno en las jornadas de movilización de 2018, pues si bien el presupuesto inercial aumentó, advierten que los propósitos de gratuidad, cobertura, calidad, infraestructura y énfasis en ciencia y tecnología no se están cumpliendo. Las organizaciones indígenas, afro y sindicales demandan que se honre lo pactado en materia socioeconómica en anteriores movilizaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y se proteja a la población y los liderazgos, en particular en el Departamento del Cauca.
En conjunto se demanda del gobierno medidas efectivas para proteger la vida de líderes sociales, indígenas y guerrilleros desmovilizados con cerca de 600 asesinados desde el inicio del actual gobierno, que se suspenda las pruebas de fracking, la explotación minera en páramos y zonas de riesgo ambiental, la deforestación y la caza y pesca de especies en peligro, compromisos elusivos de la campaña de Duque.
El cumplimiento pleno de los acuerdos de paz con las Farc, fragmentados por el gobierno, la reiniciación del diálogo suspendido con el ELN, medidas eficaces para garantizar equidad de género y dar vía legal a puntos pendientes de la consulta anticorrupción de agosto de 2018, son otras reivindicaciones unitarias.
Las calles son del que las camina
El pliego era conocido por el gobierno dada la convocatoria pública del paro desde el 4 de octubre y la participación de miembros del comité impulsor en instancias de concertación legales, sin embargo, su reacción se produjo apenas un par de semanas antes de cumplirse la fecha fijada, un tanto precipitado por los hechos de Ecuador y, en especial, Chile, donde el alza del precio del metro explotó una olla a presión al fuego durante los años de dictadura y los gobiernos de concertación pluripartidista posteriores emparejados en el modelo neoliberal, cuyo éxito en la pirámide escondía desencantos acumulados en sectores medios y carencias hirientes en los mas pobres.
Pero Duque no actuó hacia el diálogo, por el contrario, intentó burlar las peticiones como producto de especulaciones y mentiras para luego, invadido de los miedos de un vecindario incendiado, optar por demonizar al movimiento social, con acusaciones del partido de gobierno de obedecer al izquierdista Foro de Sao Paulo (en pronunciamiento leído por el senador Álvaro Uribe), pasando por descalificaciones gubernamentales (a las “brisas bolivarianas”), denuncia de presencia de saboteadores extranjeros (venezolanos), anuncio de medidas represivas, facultades a los alcaldes, militarización, cierre de fronteras y una campaña propagandística por televisión divisoria entre un país de buenos y malos.
Así las cosas, las movilizaciones convocadas para el Paro Nacional del 21 de Noviembre lograron una sorprendente participación histórica, multitudinaria (se calculan 2 millones), festiva e impactante en la mayoría de ciudades del país -en la que se destacaron Bogotá echada a la calle, Medellín considerada bastión del uribismo, Popayán y Cali- que se disolvería al final de la tarde en la frustración de hechos incontrolados de vandalismo y represión desaforada del Esmad, en especial en la Plaza de Bolívar de Bogotá y barrios marginales de la capital y Cali, a lo que al caer la noche casi todo el país en sus centros urbanos respondió con la solidaridad de un masivo y estruendoso cacerolazo.
La jornada de marchas pacíficas del 22 dio paso a escenarios de confrontaciones callejeras y actos vandálicos en varias ciudades con intensidad en particular en Bogotá, donde se suspendió el transporte público y fueron afectados el sistema de estaciones de TransMilenio, bienes públicos y sedes de entidades y comercios.
En la noche, la capital vivió una estrategia de terror como la noche anterior Cali, cuando una bien calculada cadena de rumores y videos por redes propalaron posibles asaltos y asonadas que desataron la desconfianza y la violencia entre vecinos, sin que las autoridades le hayan dado una respuesta clara a la ciudadanía sobre responsables, denuncias contra la policía y desfogue de la xenofobia. No obstante que las redes ciudadanas denunciaron una estrategia de miedo soterrada de las autoridades y afectos al gobierno.
El clima de tensión lo crispó la orden de las autoridades civiles y de policía de impedir a toda costa movilizaciones y bloqueos de apoyo para evitar el fortalecimiento del paro con los ojos puestos en la prolongación de las protestas en Chile que llevaron a la profundización de las demandas ciudadanas y finalmente a la concreción de un acuerdo político para convocar una asamblea constituyente.
Azarado por la magnitud del movimiento, el día del paro, en su alocución nocturna, el presidente, tras una formal declaración de respeto al diálogo y disposición de escucha, advirtió con vehemencia sobreactuada y nerviosa sobre el tratamiento de orden público a las protestas callejeras.
En Bogotá, la noche del 22, al tiempo que Duque volvía a anunciarle al país respeto a la protesta a la vez que detallaba medidas represivas, el alcalde Peñalosa, al ver rebasadas las fuerzas del ejército y la policía en algunos sectores, decretó el toque de queda de manera tan improvisada y desesperada que por imposibilidad o desobediencia se acató parcialmente, en medio de advertencias de saqueos y caos que apenas sucedieron y que el alcalde adjudicó en su afán disociador a una estrategia de autor implícito (sus opositores y del gobierno nacional).
El paro firme y el gobierno en maniobras
Tras dos días de sorpresas y trasnochos de los asesores de la Casa de Nariño, el sábado 23 el presidente anunció la convocatoria a una “Gran conversación nacional” con todas los sectores y en las regiones sobre la base de un temario condicionado y prolongado hasta marzo de 2020, en una maniobra por deslegitimar el comando de paro y desconocer el pliego cuyas peticiones es reacio a tratar en la medida en que cuestionan aspectos centrales de su agenda de gobierno.
La iniciativa se inspira en el diálogo convocado por Macron en Francia para calmar los “chalecos amarillos” y Piñera en Chile en su intento fallido de enfriar el levantamiento y es una extensión de sus desaliñados y controlados “talleres construir país” segunda temporada de los encuentros comunitarios del gobierno de Uribe.
Para poner en funcionamiento la estrategia Duque aprovechó una reunión prevista con anterioridad, con alcaldes y gobernadores recién electos, al final de la cual la alcaldesa de Bogotá Claudia López, no obstante manifestar su disposición a contribuir con el diálogo y acuerdos, se encargó de señalarle quienes debían ser los interlocutores: “la calle la representan los dirigentes del paro”.
Además, advirtió que si la crisis era del poder no se podía aspirar a solucionarla legitimando ese poder y le pidió al presidente humildad para reconocer errores en la imposición de medidas, falta de gobierno y uso desmedido de la fuerza.
La herida por un disparo en la cabeza al joven Dilan Cruz a manos de un agente del Esmad en Bogotá, en la represión de una de las marchas de protesta el sábado 23, ofertó al movimiento, pletórico en símbolos y consignas – los cartelones y canciones caseros, los artistas y sus pronunciamientos, las performance, el apoteósico apoyo de la barra del equipo Santafé en El Campín, de las de Nacional y Medellín en la capital paisa y de América en Cali- , una causa mas de lucha y una petición adicional: la disolución del cuestionado aparato anti motines.
El 24 de noviembre en varios puntos de la capital y otras ciudades, entre tensión y tristeza, una juventud y una ciudadanía heridas rogaron por la vida de Dilan mientras se conocía la noticia del suicidio del soldado Brayan Cely luego de grabar un mensaje de apoyo al paro. En la Plazoleta de la calle 80 de Bogotá centenares de artistas se congregaron en un concierto espontáneo unificado alrededor de una contundente consigna “No tenemos miedo”.
Luego de reunirse con el presidente en una cita de la “conversación”, el lunes 25, los representantes de los gremios le expresaron su respaldo, minimizaron la crisis, ignoraron el paro y saludaron la “conversación”. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los colectivos feministas con apoyo de las demás organizaciones sociales hicieron sentir su protesta contra el patriarcado y respaldo al paro.
El 26, la muerte de Dilan ahondó la indignación provocada por el propio presidente, la ministra del interior y los jefes de policía al afirmar horas antes que se trató de un accidente, cuando videos del momento muestran una acción ofensiva contra jóvenes en huida.
Con una noche de vigilia, velas, cánticos, Colombia le rindió honor y avivó el paro en distintos puntos de la ciudad: la Calle 19 con 4ª., donde ocurrió el disparo, frente al Hospital San Ignacio donde Dilan fue atendido y la Universidad Nacional, donde se presentaron choques con el Esmad hasta la madrugada. En otras ciudades del país también se expresó el duelo.
Forzado por las críticas al haber relegado al actor principal de la movilización, el presidente recibió al comando de paro y tras manifestaciones mutuas de la necesidad del diálogo, los remitió a la “conversación” tras de lo cual los dirigentes sociales convocaron a un nuevo cese y movilizaciones pacíficas el 27 de noviembre.
La Cámara de representantes y Senado de la República los escucharon en sesiones con voceros de todos los partidos, excepto del gobernante Centro Democrático, en la búsqueda de acuerdos para algunos de los temas motivo de la protesta.
Tratando de disipar la movilización, en comparecencia de las comisiones económicas y los ponentes de la reforma tributaria (llamada ahora “para el crecimiento económico”), Duque anunció paliativos: reducción progresiva del aporte a salud del 12% al 4% a los pensionados con pensión menor a un salario mínimo -rechazada por gobierno anterior y este por costo fiscal-, 3 días del año sin IVA a algunos productos -un galimatías técnico -, devolución del IVA a las compras de población vulnerable -que compra productos no gravados- y destinar la nueva sobretasa al sector financiero a vías terciarias -obligada porque no hay otra fuente de financiación.
El senador Uribe también hizo su aporte al anunciar el retiro de su proyecto de contratación por horas -que sus voceros negaban que existiera. El propio director de Impuestos nacionales puso en duda las concesiones por su inviabilidad fiscal.
Los partidarios del gobierno y periodistas simpatizantes en los medios aplaudieron la “conversación” y las “ofertas” pero el movimiento social rechazó los anuncios por distractivos y reiteró la exigencia de que se suspendiera el trámite de la reforma para concertarla. Se trata de un asunto crucial para las partes porque el gobierno está obligado a lograr su aprobación antes del 31 de diciembre y el movimiento social a impedirla, en lo que jugarán un papel fundamental las mayorías del Congreso que podrán a prueba su conexión con el malestar popular.
Duque rabia, la gente canta
El día 27, en una nueva jornada de paro, el presidente madrugó a una ronda de medios para explicitar sus anuncios de concesiones sociales en la reforma tributaria, promover la “conversación nacional” e iniciar una ofensiva velada contra los promotores del paro, hábilmente camuflada de advertencia de castigo a los vándalos responsables de los desmanes en estas jornadas.
La noche anterior, en el congreso de la federación de ganaderos, dirigida por su copartidario terrateniente José F. Lafaurie -a quien le devolvió el manejo de los recursos de la entidad impedidos por el gobierno Santos por malos manejos- arrancó aplausos al llamar “pirómanos” a los inconformes y advertir que no tolerarían que “quienes perdieron las elecciones traten de imponer la agenda de gobierno”, afirmación repetida por el uribismo en escenarios políticos y mediáticos, provocadora y antidemocrática de parte quien está investido para gobernar a la nación.
En una emisora, dirigida por su cuñado, fue mas explícito habló de “personajillo” para referirse indirectamente a su contrincante en las elecciones Gustavo Petro, contra quien se rumora el Centro Democrático prepara una maniobra legal para intentar sacarlo de la vida política acusándolo de desestabilizar el país.
Petro ha sido un activo convocante a la protesta en las redes e intervenciones en los medios, lo que le valió algunos llamados de atención de periodistas y adversarios que lo quieren fuera de la vida política del país atentos a los 8 millones largos de votos que acompañaron su candidatura en 2018.
A pesar de que le han cuestionado estar suplantando a los dirigentes del paro siempre manifestó respeto a la autonomía de la movilización. Su posición es que la agenda neoliberal vigente en Colombia hace un cuarto de siglo y motivo del paro solo se derrota con una movilización organizada, masiva, prolongada y sin concesiones.
En esa línea han sido sus trinos y consignas. Actitud que intentarán cobrarle sus detractores y a donde parece han decidido apuntar el gobierno y su partido, al tratar de deslindar el paro entre protesta pacífica y vandalismo y posicionar a Petro y a los promotores del paro como instigadores de violencia, con lo que a la vez intentan desdibujar la razón de fondo de las movilizaciones y justificar posibles represalias.
Durante todo el día se produjeron movilizaciones en varias ciudades sin mayores alteraciones. En Bogotá, la Plaza de Bolívar y El Parque de Los Hippies alojaron entusiastas concentraciones. En este último, un “cacerolazo sinfónico” de cerca de 300 músicos interpretando la “Canción de la Alegría”, “La novena sinfonía” y “Colombia tierra querida” puso la nota de entusiasmo hasta el llanto y fue viralizada por miles.
En la gala del Premio de Periodismo Simón Bolívar, periodistas y propuestas independientes fueron galardonados por sus trabajos de denuncia, análisis, entrevistas, reportajes y columnas críticas reveladores de la corrupción, el abuso del poder, la violación a los derechos humanos y ambientales y la censura, que en varios casos involucran representantes del poder y el actual gobierno. Al anochecer, la marcha que se dirigía al portal del norte en Bogotá fue disuelta por el Esmad con heridos, detenidos y un periodista comunitario al borde de la muerte.
El 28 en varios puntos se expresó apoyo al paro, Medicina Legal dictaminó el homicidio de Dilan Cruz con arma convencional (cientos de balines envueltos en un trapo disparado a quemarropa le perforaron el cráneo) y el nuevo Ministro de Defensa Carlos Trujillo, enrocado desde la cancillería, defendió la actuación del Esmad como disuasiva. Una atronadora tamborada animada por la rockera Andrea Echeverria repicó en la calle 85 de Bogotá.
El comité coordinador del paro anunció un “cacerolazo continental” el primero de diciembre en apoyo a varias causas de los pueblos latinoamericanos entre ellos el paro de Colombia y una nueva jornada de movilización nacional el 4 de diciembre. En la capital, artistas como Adriana Lucía, Doctor Krápula, Aterciopelados, Madame Periné, Santiago Alarcón, Totó La Mompoxina, Santiago Cruz, Diamante Eléctrico, Benedic, Sistema Solar, Bomba Estéreo, Alí, Marta Gómez y varios mas piden #Permisoparacantar y logran autorización de la alcaldía para realizar el 8 de diciembre un multitudinario Concierto de apoyo al Paro: ‘Enciende tu voz, un canto por Colombia’.
En procura de encontrar una salida al intento gubernamental y de sectores del poder por estigmatizar, erosionar y apaciguar la movilización para evitar negociar las demandas ciudadanas, el Comité de Paro, la Bancada por la de Paz del Congreso, el movimiento Defendamos la Paz -integrado por los equipos negociadores del acuerdo de paz del gobierno Santos y Farc y personalidades defensoras de la negociación- y cientos de organizaciones sociales, instan al gobierno a una mesa de diálogo nacional “plural y diversa” para un diálogo “democrático, incluyente y eficaz” sobre la base del pliego del paro, cumplimiento de los acuerdos con las Farc, exploración de posibilidades con el ELN, garantías a la protesta popular, política de seguridad, derechos humanos y asesinato sistemático de líderes sociales, reforma política y electoral, medidas anticorrupción y protección de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente.
En el noveno día de protesta (29 de noviembre) con evidente instrucción política los medios hacen inventario de los daños económicos del paro, dan cuenta de sacrificios de gente angustiada por el pan diario y denuncian la violencia contra las fuerzas del orden -ciertas y provocadas por minorías pertenecientes a milicias insurgentes, grupos delincuenciales y tácticas contrainsurgentes- pero ajenas a directrices del paro.
En las redes y las calles les responden con las cifras irrefutables de la corrupción, la desigualdad y las violaciones impunes de los derechos humanos por parte del Estado. En Bogotá se da un emotivo recibimiento a la Guardia Indígena Nasa proveniente del Cauca para reforzar el paro y organizaciones de las comunidades negras realizan un plantón frente al Dane para repudiar la invisibilización de la población afrodescendiente en el censo nacional de población.
En salones comunales, parques, auditorios y plazas de la ciudad y el país se realizan eventos deliberativos en torno a la agenda temática de una movilización que trascendió a las organizaciones convocantes y se convirtió en un acontecimiento nacional con trascendental empoderamiento ciudadano de peso juvenil y comprensión integral y amplia de derechos, en adelante imposible de desenraizar.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La Constitución de 1991 intentó una salida institucional a la falta de democracia, la negación de derechos y la angustiante violencia. Con algunos hechos positivos en participación y mecanismos de protección del ciudadano, bien pronto se encontró el país con el incremento del conflicto armado y la criminalidad del narcotráfico y si mecanismos como la tutela abrían las puertas a derechos como la educación y la salud, la apertura económica en el marco del modelo neoliberal implicó la progresiva pérdida de viejas conquistas en materia de seguridad social y laboral en favor del capital. Con el tiempo, muchas de las expectativas de las minorías se vieron frustradas y animaron procesos organizativos para exigir su cumplimiento.
Si bien el hastío con la guerra de guerrillas y el fracaso de varios intentos de paz por cálculos estratégicos de la partes llevó a un amplio sector del electorado a optar por la “seguridad democrática” propuesta en 2002 por Álvaro Uribe y a aceptar modificar la Constitución para darle un segundo período, dado su éxito en la lucha contrainsurgente, el desequilibrio institucional generado, los excesos en materia humanitaria, la privatización de la salud y la educación, la reversión de derechos laborales y pensionales y el abuso de poder mantuvieron su mandato en constante confrontación con las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales así como con la población indígena y afrodescendiente del sur del país.
El viraje inesperado en 2010 de Juan Manuel Santos, ungido por Uribe, hacia una política de negociación política para la terminación del conflicto armado generó un rompimiento al interior de la coalición gobernante en la que Santos supo maniobrar para obtener mayorías en el Congreso y las Cortes y así poder sacar adelante los acuerdo de paz con las Farc a pesar de la rabiosa oposición del uribismo, contrario a arreglos distintos a la desmovilización y desarme de la guerrilla en razón de su posición de negación del conflicto armado.
No obstante que, en materia económica se manifestaban en idéntico sentido en el rechazo a la atención de demandas sociales con el argumento de la estabilidad fiscal, atracción de inversión y garantía a la propiedad privada.
Pero no solo en la paz había diferencias ideológicas y políticas en el bloque en el poder. La modernización y la globalización trajeron consigo cambios culturales y la reivindicación y demandas que repugnan los sectores tradicionales como la equidad, la democracia deliberativa, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual y de género, el consumo de sustancias psicoactivas, los derechos de la mujer, los jóvenes, las minorías, los animales, la naturaleza y un largo etcétera, temas que hoy dividen a la sociedad colombiana. En un contexto de esas características, el uribismo y el conservadurismo recalcitrante colocaron en la Procuraduría General de la Nación a Alejandro Ordóñez, un cruzado del moralismo medieval, mientras que la línea del gobierno reflejaba en esos aspectos una posición progresista.
La quiebra institucional para la manifestación empoderada de esas rupturas y las posibilidades de cambios con decisión política y apoyo ciudadano se produjo con la asunción de Gustavo Petro, exmilitante del M!9, implacable senador en el control político del gobierno de Uribe con sus denuncias sobre corrupción y paramilitarismo, a la Alcaldía de Bogotá y su destitución en un amañado proceso disciplinario del procurador Ordóñez.
Petro desprivatizó las basuras en una osadía inconcebible para un establecimiento empresarial y desde el balcón de la alcaldía y las calles, en diciembre de 2014, inspiró una movilización ciudadana sin precedentes en Bogotá y el país que ganó la batalla para su restitución con una lección de impacto histórico en las relaciones de poder en Colombia. En adelante nada ha sido igual.
Al tiempo que surtía negociaciones con las Farc, el gobierno Santos tuvo que llegar a acuerdos políticos y programáticos con diversas fuerzas para darle continuidad al proceso en su segundo mandato y para ello se comprometió e incumplió garantías a Gustavo Petro sobre su continuidad en el cargo, a pesar de lo cual el movimiento del alcalde fue un entusiasta promotor del acuerdo de paz. Santos además, afrontó fuertes movilizaciones agrarias, paros en Buenaventura y Quibdó y una poderosa manifestación estudiantil, al final de su segundo mandato, estableciendo con todos acuerdos diferidos en su cumplimiento.
Todas esas protestas recibieron un elocuente y activo respaldo ciudadano a nivel nacional con masivas movilizaciones en Bogotá y el resto del país. La paradoja es que en el tema de la paz, gobierno y organizaciones sociales estaban del mismo lado.
El histórico proceso de negociación y el Acuerdo de Paz con las Farc suscrito el 26 de septiembre de 2016 estuvo a punto de convertirse en un traumático fracaso tras un tormentoso plebiscito a capricho de Santos, que lo rechazó por una diferencia mínima obtenida, en buena medida, con engaño al electorado abanderando peligros y amenazas hirientes de creencias tradicionales inexistentes para llevar “emberracado” al electorado, como reconoció el coordinador de la campaña del no.
La espontánea, masiva, dolida e imponente movilización de los jóvenes y organizaciones sociales en toda Colombia le dio a Santos la fuerza necesaria para no claudicar e imponer una salida institucional al traspié. Finalmente, los acuerdos fueron ratificados el 24 de noviembre con el rechazo del uribismo y la extrema derecha, exacerbados luego con el Nobel de Paz de aquél.
El pacto de paz dividió al país entre un bando a su favor integrado por la coalición de gobierno (La U, Cambio Radical, sectores liberales y conservadores), los movimientos sociales, el creciente Partido Verde y la centroizquierda y la cerril oposición del Centro Democrático liderado por Uribe contrario al contenido e implementación de lo acordado. En ese panorama las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una disputa alrededor de la continuidad o reversión del proceso.
El uribismo supo mimetizar en un candidato joven, atractivo e inexperto, al gusto de Uribe, Iván Duque, la apuesta por retrotraer los aspectos clave del acuerdo de paz, proteger a insignes uribistas de sus enredos judiciales e imponer una agresiva agenda neoliberal encubierta con demagogia.
En el bando pro paz, en cambio, los partidos de la coalición santista no lograron cuajar candidatura, mientras la centroizquierda ascendió rauda sobre el descontento popular y regional y los miedos liberados por el acuerdo de paz. La segunda vuelta presidencial entre el candidato del uribismo y Gustavo Petro, con apoyo de alguna parte del centro, la izquierda y el movimiento social, con un programa de reformas progresistas y de profundización de la paz, llevó a una porción mayoritaria de la coalición de gobierno y al establecimiento en su conjunto a derivar hacia Duque. No obstante la histórica votación de la Colombia Humana de Petro se impuso el candidato del Centro Democrático reforzado por los partidos tradicionales, los gremios y las iglesias y sectas.
La paz no puede ser el enemigo
El estreno de Duque, esperanzador para algunos al situarse como promotor de la consulta anticorrupción, que tras las elecciones presidenciales logró una votación mayor que la suya como mandato ciudadano, fue apenas un truco mediático pues la abandonó a su suerte en un Congreso en su mayoría beneficiario de la coima. La coalición que lo llevó al poder rápidamente se fracturó al intentar reformar los acuerdos de paz, no hacer concesiones burocráticas y promover la agenda derechista del uribismo.
Su gabinete constituye un desafío a la concordia nacional al ubicar en los ministerios de política, trabajo y orden público fichas del expresidente. La designación de funcionarios en cargos relacionados con los acuerdos con las Farc constituyen un desafío a la opinión pública que respalda una política de paz, trátese de las consejerías, el Centro de Memoria Histórica, la Agencia de Restitución de Tierras o Radio Televisión de Colombia, alineados en la visión negacionista del conflicto y con hoja de vida o misionalidades arregladas al puesto.
En política exterior el afán de protagonismo para convertirse en el líder de una cruzada regional de derecha aupado por EE.UU. contra el régimen venezolano, con el reconocimiento de un presidente autoproclamado y un sainete de “ayuda humanitaria” en la frontera, resguardado por grupos paramilitares que ocultaba un intento de derribar a Maduro, le granjeó a Colombia un pleito inconveniente.
Mala reputación internacional constituye su negativa a reconocer los protocolos firmados por el gobierno Santos con el ELN y países garantes para asegurar el retorno de sus comandantes desde La Habana en caso de ruptura de negociaciones -como sucedió en enero de 2019 tras el atentado sangriento de la guerrilla a una escuela de policía- y las presiones contra el gobierno de la isla para que los entregue, lo que lo llevó a una abstención solitaria y vergonzosa en la votación mayoritaria contra el bloqueo a Cuba en la ONU.
Duque congeló la implementación del acuerdo con las Farc en aspectos fundamentales como el agrario, restitución de tierras, cultivos ilícitos y participación ciudadana, retrotrayendo la política contra el cultivo de drogas ilegales a la fracasada represión y presionado la vuelta al uso del nocivo glifosato. Intentó desnaturalizar la Justicia Especial para la Paz en favor de los victimarios, aceptó a regañadientes recibir y concertar en diciembre de 2018 con un incontenible movimiento universitario acuerdos presupuestales en favor del derecho a la educación, los que ha interpretado a su acomodo, y eludió despectivamente conversar con la minga indígena del Cauca en demanda de que se cumplan viejos pactos.
De manera tozuda impuso en el Congreso una ley de financiamiento (reforma tributaria disfrazada) criticada por inequitativa al reducir impuestos a los grandes capitales para cargar el recaudo en clases medias y bajas, que fue objetada por la Corte Constitucional y es motivo de las actuales protestas al intentarse su trámite sin ninguna revisión ni concertación.
En materia de derechos humanos un odioso desdén ante el continuado desangre de líderes sociales, indígenas y desmovilizados de la guerrilla, la implicación provocadoramente negada de miembros de la fuerza pública en algunos de ellos, de directrices para restar exigencias humanitarias en los combates denunciadas por la revista Semana (que trajeron a la memoria la página atroz de los “falsos positivos” en el gobierno Uribe) y su afán de minimizar la criminalidad y la inseguridad, colocaron al Ministro de Defensa Guillermo Botero en la lista de funcionarios susceptibles de moción de censura, ante los fracasados intentos contra el de Hacienda Carrasquilla por corrupción con programas de agua municipales y del Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en una desafiante maniobra, acompañada por la mayoría de congresistas, presas del temor o por simpatía, logró desviar en noviembre de 2018 el debate de su involucramiento en el escándalo de Odebrecht, al explotar la senadora uribista Paloma Valencia en pleno debate un video corrosivo y distractivo contra el senador Gustavo Petro.
Las tradicionales jugadas palaciegas y los llamados desde los medios voceros del poder parecían imponerse para impedir el juicio político al ministro, cuando una inesperada denuncia del senador Roy Barreras, corajudo defensor de los acuerdos de paz, el 5 de noviembre sacudió a la nación de manera profunda.
El retorno triunfalista de la política de guerra había cobrado la vida de entre 8 y 18 niños en Caquetá, tras un bombardeo indiscriminado en una zona donde se conocía el reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley por denuncias hechas por el personero municipal, familiares e informes de inteligencia.
El operativo fue la respuesta atolondrada y mediática del gobierno al anunció del regreso a las armas de algunos desmovilizados de las Farc enredados judicialmente. Sin salida, el ministro renunció pero para pasmo de la opinión el presidente le rindió un homenaje por su “patriotismo”, en vísperas del Paro Nacional del 21 de noviembre.
Una sociedad ansiosa de cambio
El país no ha podido superar, porque su dirigencia y los poderosos no han querido, una abominable brecha social que lo hace el segundo mas desigual del continente y el cuarto del mundo, donde un puñado de terratenientes controlan la tierra fértil dedicada al pastaje, despojaron y se apropiaron de grandes extensiones con complicidad del Estado mientras mal viven los campesinos, un jugoso y parasitario sistema financiero está en muy pocas manos, con el 60% de su población en edad laboral generando el sustento en actividades informales, una clase política ladrona y un empresariado aprovechador.
Hechos inocultables en una época en la que, a pesar de todo, la población amplió sus niveles educativos y referentes culturales, dispone de efectivos medios de comunicación a través de Internet y redes, ha hecho conciencia de sus derechos, asume causas de preocupación universal y es muy crítica con un sistema político clientelista, corrupto y reacio al cambio.
Para corroborarlo basta echar una mirada al Barómetro Latinoamericano o a la oportuna encuesta oficial del Dane sobre cultura política 2019: la gente cree en la democracia pero no en la que está viviendo, descree de todas las instituciones tradicionales y está ansiosa de cambio.
Habla una generación desatada del pasado, angustiada por el hoy y que cree puede incidir en un futuro mejor. Que a quienes la acusan de vaga y vandálica les pregunta de dónde viene su riqueza y quienes han perpetuado la violencia. Que es consciente de que para superar las brechas sociales actuales, como lo ha dicho la propia Ocde, responsable de algunas de las medidas repudiadas, se necesitarán once generaciones si no suceden catástrofes o involuciones. Y que ha decidido no esperar mas.
Colombia protagoniza hoy un hecho histórico. En las elecciones regionales de octubre las fuerzas progresistas redibujaron el mapa político y si bien persisten viejas mañas y clanes, los resultados muestran un uribismo reducido y en adelante un electorado joven marcará los destinos.
Una parte mayoritaria de la sociedad se ha volcado a las calles y plazas a hacerse sentir, a respaldar un amplio pliego en el que ve en algo representadas sus carencias y expectativas de justicia, a hacer política deliberando sobre diversidad de problemas que la aquejan de siempre y los que preocupan a las nuevas ciudadanías del siglo XXI, a sentirse parte de un colectivo humanista y justiciero que irradia creatividad en su diversidad y en sus manifestaciones artísticas y culturales, a decirle a los que han manejado siempre el poder y la riqueza que la hora del cambio llegó. ¡Es la Colombia que no está dispuesta a vivir otros cien años de soledad!