Por: Laura Cano, periodista Pares.
Donde sea que se esculque o se mire se encuentran casos de corrupción, es algo así como, si el mundo político en Colombia se moviera en un sistema paralelo donde lo que predomina es la corrupción, señala Ariel Ávila, subdirector de Pares. En una semana han sido suspendidos dos alcaldes por presuntos hechos de corrupción y por desacato a las medidas establecidas por el Covid-19. Se trata de Luis Antonio Rhenals Otero, alcalde de Cereté (Córdoba) y Elvira Julia Mercado Acevedo, alcaldesa del municipio de Sucre (Sucre).
En varias partes del país se han denunciado además, irregularidades en la contratación y entrega de las ayudas. Es como si la corrupción y el abuso contra los colombianos no se hubiera ido de cuarentena, dijo el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo en una entrevista con RCN Radio. Estamos vigilando más de 800 mil millones de pesos en contratación.Y ya se ha determinado que más del 10 ó 12% se ha ido en sobrecostos. (…) Aquí parece que la gente se quiere aprovechar del hambre y las necesidades de salud de los colombianos para convertirlos una vez más en el banquete de los corruptos.
Ambos hechos se informaron el 13 de mayo, luego que se decidiera, en el caso de Rhenals, abrir una investigación por lo que podrían ser sobrecostos en la adquisición de alrededor de 20.000 mercados por $500 millones. Tras esta decisión también se estableció retirar de su cargo al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, ambos por tres meses, tiempo determinado para evitar una posible reiteración de la conducta investigada e igualmente, para no generar entorpecimientos en el proceso.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Regional de Córdoba, al parecer los estudios previos elaborados no cumplirían con los requisitos de ley, así como tampoco se habría verificado la capacidad, idoneidad y experiencia relacionada por parte de la empresa contratada para suministrar los mercados.
El Ministerio Público busca establecer si se seleccionó la oferta más favorable para el municipio y si se habría vulnerado los principios de la contratación estatal como la transparencia, selección objetiva, responsabilidad y libre concurrencia, informó el organismo de control.
En el caso de Elvira Julia Mercado Acevedo se tomó la decisión de retirarla de su puesto durante tres meses, luego de que por redes sociales circulara la denuncia de que ella se encontraba violando las medidas decretadas con el aislamiento preventivo obligatoria.
El hecho puntual se registró durante una celebración realizada entre la noche del 03 de mayo, hasta la madrugada del 04 de mayo, en la que pudo, además, haber presencia de otros servidores de la Alcaldía y del Hospital Santa Catalina.
Se investiga a la mandataria local por presunta inobservancia de las ordenes de distanciamiento social y del no uso de elementos de protección, y por al parecer propiciar la circulación de personas que acudieron a la celebración, presuntas irregularidades que a juicio de la Procuraduría se tornan más reprochables aun, teniendo en cuenta el cargo y los deberes que tiene como alcaldesa municipal, señaló la entidad.
Investigaciones en medio de la cuarentena
Estos no han sido los únicos hechos de investigación y suspensión a funcionarios públicos durante la cuarentena decretada a causa del Covid-19. Cabe señalar que estos hechos se dan, en su mayoría, por presuntos hechos de corrupción con el dinero que ha sido destinado para cubrir los costos en la entrega de ayudas a las poblaciones más vulnerables. Lo que agrega una grave variante más a toda la problemática social que se ha agudizado con el virus.
El pasado 24 de abril la Procuraduría General Procuraduría General de la Nación presentó un comunicado con las primeras decisiones que se tomaron tras las investigaciones que se habían iniciado ante las alertas que se habían hecho por posibles hechos de mal manejo de los recursos públicos.
En ese primer momento se afirmó que se adelantaban 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial. También que se estaban realizando 1.286 actuaciones de las cuales 990 corresponden a acciones preventivas y 296 a procesos disciplinarios. Además, que este organismo junto a la Contraloría y la Fiscalía habían recolectado pruebas en las gobernaciones de Tolima y César, los municipios de Malambo y Soledad en Atlántico, y otros 11 procesos, para definir evaluación sobre juicio disciplinario.
Por su parte, por lo que podrán ser irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados 28 y por sobrecostos en adquisición de elementos de protección 6, por trasgresión del aislamiento obligatorio 9, por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia 3, por extralimitación de funciones de servidores públicos 2, y por otros hechos 34.
Suspendidos e investigados
El primer caso de suspensión a dirigentes gubernamentales o locales se dio en Calarcá, Quindío al alcalde Luis Alberto Balsero y su secretario administrativo, José Winser Garzón.
Esto, luego el representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S y propietario del Supermercado El Progreso» presentara denuncias por presuntas irregularidades con el contrato de suministro No. 007 de 2020, el cual se había realizado por $396.951.000, mientras que el denunciante dice que éste fue firmado por $15 millones, además que desconoce su firma, la cual pudo ver cuando el documento fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I.
Mientras tanto, en el Chocó fue retirado de su cargo por tres meses el gobernador de este departamento, Ariel Palacios Calderón, quien había firmado un contrato por más de $2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, en el que se incluía la realización de sesiones educativas de dos horas sobre: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus, aseveró el órgano de control. Igualmente, se adicionó que estas jornadas representaban también una violación a la cuarentena decretada por el Gobierno.
Asimismo, el pasado 05 de mayo Daniel Enrique Montero Montes, alcalde Tierralta (Córdoba) y su secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, fueron suspendidos provisionalmente por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones, el cual tenía como fin la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria. Además, de posibles irregularidades en el Contrato 042, del 26 de marzo, el que rondaría los $190 millones para la adquisición de 10 mil kits de mercados.
La Procuraduría dijo que se investigan presuntas irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas.
Adicional, también se suspendió al secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca, Pablo Mina, por realizar traslados de forma irregular de 18 migrantes venezolanos en un furgón particular hacia Cali, sin cumplir las normas de bioseguridad, protocolos de traslado y sin una previa coordinación con Migración Colombia.
Cabe señalar que los anteriores no son los únicos hechos. Durante la cuarentena también se han abierto investigaciones tanto a funcionarios públicos, como a instituciones estatales. Estas están vinculadas con estos procesos no solo por la mala distribución y priorización del dinero, sino también por un mal manejo de la crisis, lo que ha afectado directamente a las poblaciones donde se ha esperado que se trate la emergencia con responsabilidad e interés por la gente. Sin embargo, las acciones de estos funcionarios demuestran que en el país se sigue buscando el bien particular por encima del común.
Las investigaciones que ha llevado a cabo la Procuraduría desde lo informado el 24 de abril hasta la fecha han involucrado a:
· Alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.
· Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. También se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
· Alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
· Alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
· Alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
· Gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangond, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
· Diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
· Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
· Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Eduardo José González, y funcionarios por establecer por denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados.
· Gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de 10 ambulancias para el departamento por un total de $3.460.634.610. La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.
· Alcalde de El Doncello, Caquetá, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, por la presunta adopción de medidas que vulnerarían el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos del municipio.
· Director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS), Jhon Mauricio Marín Barbosa, por presuntas irregularidades contractuales por más de $196.000 millones.
· Funcionarios de Mindefensa y Policía por viaje realizado el pasado 15 de abril por el coronel Carlos Alberto Ruiz Reyes a EE. UU., para asumir como agregado de policía ante las Naciones Unidas en Nueva York. La indagación busca establecer si se habría desatendido que a partir del 16 de marzo las autorizaciones de comisiones al exterior, con o sin erogaciones del erario, quedaban suspendidas.
· Funcionarios de la alcaldía de Ibagué por contrato para la construcción y adecuación del coliseo mayor en el parque deportivo de la capital del Tolima, por un valor que supera los $43.917’090.564,00 millones.
· Secretario de Salud del departamento, Carlos Tirso Murillo Hurta, por supuesto sobrecosto en un contrato por más de $1.700 millones, que tenía objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental.
· Subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por presuntas irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa ‘Guitarra & Coffee’ por el valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor.
· Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), brigadier general Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del covid-19.