Por: Redacción Pares
La pandemia del coronavirus deja al descubierto el nefasto impacto de las desigualdades en todas las sociedades, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y de no controlarse creará disparidades aún mayores «en un contexto de gran sufrimiento», afirmó este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante una reunión extraoficial del Consejo de Derechos Humanos donde analizó el impacto del COVID-19, Michelle Bachelet destacó que las deficiencias en el acceso a la atención sanitaria, en los derechos laborales y la protección social, entre otros, en los países en desarrollo se han vuelto repentinamente muy evidentes.
A su vez, indicó que el impacto en la población de los países en desarrollo podría ser aún mucho más grande.
«Los millones de personas que con escaso acceso a la atención sanitaria y que, por necesidad, viven en condiciones de hacinamiento, con un saneamiento deficiente y sin red de seguridad, sin agua limpia, serán los que más sufran. Es menos probable que puedan protegerse del virus, y menos probable que soporten una fuerte caída de sus ingresos», afirmó.
Seguidamente, resaltó la importancia de que todos los países adopten numerosas medidas económicas y sociales que sirvan para mitigar consecuencias de la epidemia y disminuir el aumento de las desigualdades tanto como sea posible.
«Todavía no se han dejado sentir todas las repercusiones de la pandemia en las economías mundiales y nacionales. Muchos Estados de todas las regiones, especialmente de Europa, han adoptado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y reducir al mínimo el número de personas que quedan sin empleo. Se debería alentar a todos los Estados con recursos suficientes a hacer lo mismo«.
También indicó la posibilidad de estudiar la creación de nuevos instrumentos financieros para financiar la solidaridad mundial. Como ejemplo, destacó que la semana pasada el Banco Africano de Desarrollo creó el mayor bono social del mundo: un fondo de 3000 millones de dólares que servirá para ayudar a los gobiernos africanos a ampliar el acceso sanitario y a otros servicios y bienes esenciales.
Proteger los derechos civiles y políticos
Bachelet también tuvo tiempo para destacar la importancia del respeto a los derechos civiles y políticos durante la crisis al señalar que «una situación de emergencia no representa un cheque en blanco para hacer caso omiso de las obligaciones en materia de derechos humanos».
«Las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas para satisfacer esa necesidad. La gente debe estar totalmente informada sobre las medidas de emergencia y se le debe decir cuánto tiempo permanecerán en vigor. El cumplimiento de las medidas de emergencia debe aplicarse de manera justa y humana. Las penas que se impongan deben ser proporcionales al delito cometido y estar establecidas por la ley».
Por ello, expresó su preocupación de que en ciertos países se adopten poderes de emergencia ilimitados y no sujetos a revisión, «que usan la epidemia para justificar cambios represivos en la legislación ordinaria», que seguirán vigentes tras la finalización de la emergencia.
La crítica no es un delito
Igualmente, mostró su inquietud por las restricciones a la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, debido a que que las medidas para combatir la «desinformación» sobre el virus pueden aplicarse a cualquier crítica.
Bachelet indicó que esto ya ha sucedido en periodistas sancionados por informar sobre la falta de máscaras. «La crítica no es un delito», destacó
Del mismo modo, exhortó a todos los Gobiernos a aumentar el acceso a información y estadísticas precisas ya que «la transparencia es primordial y puede salvar vidas en una crisis sanitaria». Asimismo, instó a detener a los bloqueos totales de internet y de las telecomunicaciones.
Respuesta a la pandemia
La Alta Comisionada destacó que la única forma eficaz de luchar contra la epidemia es contar con la confianza de las personas. Para lograrlo propuso dos vías: la respuesta inmediata a la epidemia y la preparación de la recuperación.
Con relación a la respuesta inmediata expuso una serie de actuaciones de relevancia inmediata para elaborar políticas efectivas y humanas.
Los planes nacionales deben tratar de mitigar los efectos de la epidemia en las mujeres y en los grupos vulnerables «como las personas que se encuentran en lugares de detención y otras instituciones, incluidas las instituciones psiquiátricas y los orfanatos; las personas con discapacidades; los pueblos indígenas y las minorías; los migrantes, los refugiados y los desplazados internos; las personas en zonas de conflicto; y, en particular, las personas de edad, especialmente las que viven solas o en instituciones».
Todos los países deben adoptar medidas de amplio alcance para absorber las repercusiones económicas y sociales de la epidemia y reducir al mínimo el crecimiento de las desigualdades. Priorizar la protección de los trabajadores sanitarios y su adecuada remuneración. El 70% de los trabajadores de la salud en el mundo son mujeres.