Corte Suprema llama a indagatoria al senador Miguel Barreto

Por: Laura Cano Periodista - Pares


La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador, por presuntas irregularidades relacionadas con falsedad en documento privado y fraude procesal. Este caso fue abierto a través de una denuncia que recibió la Corte porque, presuntamente, el senador no reportó, en el año 2018, en sus gastos de campaña, una donación por $20 millones que le hizo llegar un particular mediante un cheque.


Así las cosas, Barreto fue llamado a indagatoria y la cita tendrá lugar el próximo viernes 22 de octubre a las 9:00 de la mañana. Al respecto, hay que señalar que, de acuerdo a la información del diario El Tiempo, la donación la habría hecho Juan Guillermo Mancera García. Sobre esto último, es importante traer a colación que, en el medio Elboga.net, en mayo de 2021, se informó que a la oficina del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura N°24 del Consejo De Estado, llegó y fue admitida una demanda de pérdida de investidura en contra del senador Miguel Barreto. En los fundamentos de la demanda se argumentaban irregularidades en su campaña en 2018, cuando se disputaba una curul en el Congreso.


Esta demanda fue realizada por el abogado Sebastián Maestre Gallego, quien afirmó que: “El día 06 de marzo del año 2018, el señor MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO recibió el cheque número 9457375, de la entidad financiera CITIBANK COLOMBIA S.A. por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00 M/cte), de parte del señor JUAN GUILLERMO MANCERA GARCIA. (...) Dicho valor no fue reportado por el entonces candidato MIGUEL ÁNGEL BARRETO CASTILLO, tal y como lo exige la resolución No. 3097 del 05 de noviembre del 2013, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual «se establece el uso obligatorio de la herramienta electrónica, software aplicativo denominado ‘CUENTAS CLARAS’ como mecanismo oficial para la rendición de informes de ingresos y gastos de campaña electoral»”.


Siguiendo lo establecido por el portal digital Elboga.net, hay dos cosas importantes que señalar. Por un lado, que Mancera García, también mencionado en la nota de El Tiempo, sería un coronel en retiro de la Policía y presidente Ejecutivo en las gasolineras Plus en Colombia. Además, sería cercano al exgobernador Óscar Barreto, primo del hoy cuestionado Miguel Barreto.


Adicionalmente, se puntualiza que, según la información reportada por el senador, fueron recolectados “sesenta y nueve millones quinientos mil pesos ($69.500.000,00) en donaciones de fondos privados y de ser cierto que los 20 millones del cheque ingresaron a su campaña, hubiera sobrepasado el límite en un millón ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres mil pesos ($ 1.086.783,7), pues se supera el tope máximo establecido por la norma, que corresponde al 10% autorizado por la ley 1475 del 2011. Con lo que habría lugar a la pérdida de su investidura, que de dársele no podría volver al Congreso de la República, ni a varios cargos de elección popular”.

Otros hilos por desenredar en el caso Miguel Barreto

Este caso se suma a otro en el que ya había resultado cuestionado Miguel Barreto: en 2019, Carlos Arturo Reyes, diputado del Partido Liberal, lo denunció penalmente por supuesta compra de votos para llegar al Congreso. Puntualmente, el funcionario argumentaba que en septiembre llegó a su oficina un paquete con 62 folios que darían cuenta de las transacciones.

“Llegaron al municipio de Rovira en el Tolima un total de 2.000 bultos de cemento y 550 tejas de zinc. Elementos que fueron entregados para el fortalecimiento de las campañas”, señaló en su momento el diputado. En el escrito que llegó a la Corte Suprema de Justicia, había un listado de 14 posibles beneficiarios de la supuesta compra de votos. En este proceso también se había visto implicada Adriana Matiz, representante a la Cámara, también cercana a Óscar Barreto. Desde la Corte Suprema no se han pronunciado sobre ese caso puntual.

Por otro lado, en todo este entramado, hay otro punto por señalar, pues según las investigaciones de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se conoce que Miguel Barreto pertenece a uno de los clanes políticos del Tolima: el ‘Clan Barretismo’. Se trata de una fuerza política acentuada entre 2008 y 2011, cuando Óscar Barreto llegó a la Gobernación del departamento, con lo que empezó a edificar su propia estructura política. No obstante, en 2013, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años debido a presuntas irregularidades en la licitación de la vía Líbano-Villahermosa en 2009.

Aunque Óscar Barreto se mantuvo distante de la política, luego del escándalo de corrupción en el que se vio implicado, decidió apoyar a su primo Miguel Barreto, en su carrera hacia la Cámara de Representantes, y a Juan Mario Laserna, al Senado, en las elecciones al Congreso en 2014. Pese a ello, tan solo su primo consiguió la curul con 22.388 votos, el segundo más votado de la colectividad luego de José Elver ‘Choco’ Hernández Casas. Ese mismo año, en el mes de diciembre, la Procuraduría lo absolvió en segunda instancia, por lo que decidió volver a lanzarse a la Gobernación del Tolima.


En 2015, Barreto se enfrentaría a su mayor rival en política, Mauricio Jaramillo Martínez, quien además contaría con la aspiración de su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo en la Alcaldía de Ibagué. Las votaciones dieron como ganador de la Gobernación a Barreto, que en esos comicios fue avalado por el Partido Conservador y coavalado por los Partidos Centro Democrático y Opción Ciudadana.


Una vez posesionado, Barreto abriría sus cartas para las elecciones a Congreso de 2018, donde buscaría quedarse con una curul en Senado y otra en Cámara de Representantes, para ello apoyó a su primo Miguel Barreto, en Senado, y en Cámara a Adriana Magali Matiz. En aquellos comicios, Barreto consiguió lo que había buscado en 2014, pues su primo obtuvo 79.980 votos, mientras que Adriana Magali Matiz consiguió ser la representante más votada en el departamento, con 37.846 votos, a lo que también se sumó uno de sus aliados: el entonces electo representante por el Centro Democrático Ricardo Ferro.


Con un senador y una representante de sus huestes, Barreto se posicionaba como el barón electoral más fuerte del Partido Conservador y del Tolima, llevándolo a planear lo que serían las elecciones locales de 2019. Para poder consolidar su poderío, Barreto le apuntó a los dos cargos más importantes del departamento: la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué. Para la Gobernación lanzaría a su entonces secretario de Gobierno, José Ricardo Orozco, y para la Alcaldía de Ibagué, en un principio, iría su pariente José Barreto. Sin embargo, este declinó su aspiración para sumarse a la candidatura del exsecretario de Infraestructura de Óscar Barreto: Andrés Hurtado.


El 27 de octubre de 2019, Óscar Barreto desplazaría del todo al ‘Jaramillismo’ y al ‘Emilismo’, otros dos clanes del departamento, luego de que su candidato Orozco, avalado por el Partido Conservador, el Partido de la U y la ASI obtuviera 220.184 votos, 62.019 más que la candidata del Partido Liberal y Cambio Radical Rosmery Rodríguez. En la Alcaldía de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado consiguió los votos que le hacían falta para quedarse con la capital del Tolima: un logro más para el ‘Barretismo’ en un cargo clave.


En la actualidad, el ‘Barretismo’ no solamente cuenta con la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué, la exsecretaria de planeación de Óscar Barreto, Olga Lucía Alfonso Lanini, le arrebató la Corporación Autónoma del Tolima a los liberales. Asimismo, de acuerdo con varias fuentes en territorio, el ‘Clan Barretismo’ controla aproximadamente 30 de las 47 alcaldías en el Tolima, con varias alianzas con políticos locales.


Ahora, lo que suceda con Miguel Barreto, en la Corte Suprema de Justicia, podría significar un golpe tanto para el congresista, de manera individual, como para su clan político, por lo que habrá que esperar a que empiece la indagatoria para conocer en qué resulta este proceso abierto en su contra, y para vislumbrar las consecuencias que esto tendría de cara a las elecciones del 2022.