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Correlaciones y causalidades: la Paz Total bajo la lupa

Por: Laura Bonilla, Subdirectora

Para: @confidencialcol



Esta semana tuve una amable discusión en X con el exministro de Salud Alejandro Gaviria que puede ayudar a arrojar luz sobre un tema complejo, como lo es la política pública de paz del presente Gobierno y la política de seguridad, junto con sus diversos resultados. En el debate hoy hay una premisa casi incuestionable y es que la Paz Total ha causado la presente ola de violencia, lo que es impreciso y conduce a error. Voy a tratar de explicar con algunos datos por qué no es verdad que los incrementos de la violencia son consecuencia de la Paz Total y que el Ejército no está actuando.


La primera variable que quiero analizar es el tamaño y la expansión de los grupos armados. En 2018, el país contaba con 18 estructuras, mientras que en 2022 esta cifra había aumentado a 41, con capacidad de operar y causar daño en 281 municipios. Para 2023, estos 41 grupos se redujeron a cuatro grandes agrupaciones: el ELN, las AGC o Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el EMC, junto con dos grupos de menor capacidad: Los Pachenca y Los Pachelly.


Es importante destacar que tanto en tiempos de guerra como de paz, resulta más manejable lidiar con seis objetivos en lugar de 41. Sin embargo, es alarmante que en Colombia se haya experimentado un crecimiento tan drástico en tan pocos años. ¿Cómo llegamos a eso?

Hay algo que es verdad y es que la ley de Paz Total, tal y como se pasó en el Congreso, creó el incentivo perverso del “politicómetro” para los grupos armados ilegales, que no causó la oleada de violencia pero contribuyó a reforzar la presión violenta de los grupos sobre las organizaciones sociales y reforzar el reclutamiento y la utilización de población mientras relajaban los principios de distinción entre civiles y combatientes. Esa es la razón por la cual mayoritariamente se ha asesinado a liderazgos indígenas y de comunidades étnicas, que son sustancialmente fuertes y organizadas. Una especie de “si no eres mía, no eres de nadie” para las organizaciones sociales que contribuyó a mantener al alza el asesinato de líderes y lideresas.


En 2022 hubo 180 casos en 12 meses; en 2023, ya van 123 en nueve meses. Analizando trimestres, los casos bajaron a medida que avanzaban las negociaciones, especialmente donde operaba el ELN tras el cese al fuego: de 44 en octubre 2022 a 35 en marzo, según el importante conteo de Indepaz. Sin embargo, en abril, con la ruptura del cese por el Estado Mayor Central y el paro minero de las AGC, subieron a 46 en junio. El 82% de los casos los involucra, pero no hay mesas de diálogo con ninguno de ellos.


Otras variables también se comportan de forma similar. En número de municipios afectados por masacres tenemos: 16 para el 2018, 38 para el 2019, 66 para el 2020, 73 para el 2021, 74 para el 2022 y 51 para el 2023, a septiembre, según datos de Indepaz. En número, los años con mayor ocurrencia fueron el 2020 y el 2021 con 91 y 95 casos respectivamente. En lo corrido del 2023 van 64 masacres al 18 de septiembre.


En cuanto a los departamentos afectados por la violencia, el Cauca lidera la lista con disputas en curso, pero no es el único. También el Chocó, Norte de Santander y Antioquia enfrentan graves problemas, incluyendo confinamiento y restricciones en la ayuda humanitaria. En estos lugares, se observa una variedad de violencias dirigidas hacia el control territorial y poblacional. En todos estos departamentos, el Ejército ha llevado a cabo campañas que, en algunos casos, han provocado respuestas de estos grupos armados, tal como lo han expresado en comunicados públicos, como en el caso de las AGC y su promoción del paro minero. Esto contradice la idea de que el Ejército no está tomando medidas. En el Cauca, la ofensiva militar ha impulsado al EMC a sembrar más minas y a aumentar la violencia contra civiles, en un intento de ejercer un «disciplinamiento social» y causar daño a las fuerzas de seguridad. Además, debido a las fluctuaciones económicas relacionadas con la coca, buscan expandir su control en el cañón del Micay y adentrarse aún más en la minería ilegal. Este es el epicentro de la actual disputa.


Entonces, ¿por qué la narrativa pública establece una correlación tan fuerte entre la Paz Total y la situación actual? Mi hipótesis es que el gran error del Gobierno fue lanzar una política tan ambiciosa en un momento de tantos cambios significativos sin considerar la capacidad de las fuerzas y la institucionalidad para lograr la paz. Esto explica por qué existe una mayor atención en este Gobierno en comparación con el anterior. Las expectativas eran elevadas, y hay más denuncias en la mesa debido a la esperanza de ser escuchadas. Y adicional a lo anterior, hay hoy más sectores políticos preocupados por la violencia, lo que nunca había pasado.


La conclusión puede ser la siguiente: no, la Paz Total no es la responsable del incremento de la violencia, pero tampoco ha contribuido seriamente a su disminución. Esperemos que una mejor articulación entre seguridad y paz pueda llevarnos a buen puerto. Hay que tomar decisiones. ¿Una mayor acción del Ejército contribuiría a disminuir la violencia? No necesariamente. ¿Presionaría al grupo armado para forzar una tregua en la mesa de negociación que se instalará? Definitivamente. No es una decisión fácil, pero no tomarla es aún peor.



 

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