La opinión pública y analistas políticos se han preguntado una y otra vez, por qué si se condena judicialmente o se destituye de la función pública a un cacique electoral, bien sea por vinculación con actores ilegales o por relaciones con mafias de contratación local, este sigue actuando en política como si nada hubiera pasado a través de otras personas, que bien buen pueden ser sus familiares o amigos suyos. Tampoco deja de existir la pregunta de, ¿por qué si el Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad en materia de elecciones, sabe de este tipo de irregularidades en las aspiraciones, no evitan que estas consigan su objetivo revocándolas?
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