Con la Ley TIC todos perdemos

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares


El proyecto de Ley 152 de 2018 propone cambios sensibles sobre el control gubernamental en los medios públicos en Colombia, entre otras cosas, la eliminación inminente de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). A falta de una semana para el trámite de leyes, las críticas han llovido ante el proyecto que lidera Sylvia Cristina Constain Rengifo, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El proyecto fue aprobado en primer debate el jueves 6 de diciembre por parte de las comisiones Sextas del Senado y Cámara de Representantes. Como el proyecto viene con mensaje de urgencia, le resta un segundo debate que definirá su viabilidad el próximo año. La propuesta ya ha desatado varias críticas, una de ellas por parte del canal de Youtube de opinión de El Espectador, La Pulla, quienes el jueves 6 de diciembre aparecieron con Santiago Rivas, presentador del programa de Señal Colombia ‘Los Puros Criollos’, señalando los peligros de la Ley.

Luego de la publicación del vídeo, el programa ‘Los Puros Criollos’ fue sacado del aire. Hay que tener en cuenta que Señal Colombia es un canal público, lo que abrió un capítulo de discusión ante la opinión pública sobre la censura impuesta por el nuevo gobierno y la independencia de las instituciones.

Ahora bien, cabe recordar que el gobierno ha dado claras muestras de querer transformar la programación de los medios públicos. El pasado lunes 27 de agosto, el presidente Iván Duque nombró a Juan Pablo Bieri—quién trabajo en la campaña del presidente del Centro Democrático— como el nuevo gerente de la Radio Televisión de Colombia (RTVC), encomendándole que la RTVC fuera “un instrumento de pedagogía” y no “uno de propaganda”.

Al respecto, Carolina Botero, de la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, ha manifestado que “tanto la Unesco como la OCDE han recomendado que en temas vigilancia y control haya independencia de los entes públicos. El poder Ejecutivo sigue teniendo mucha presencia y hay que considerar que el gobierno y el Estado tienen participación en los operadores, entonces, ¿se va a sancionar a sí mismos?”.

¿Qué peligra con ‘la Ley TIC’ o ‘Ley de Convergencia’?

Según el texto radicado, por medio de este Proyecto de Ley “se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), y se dictan otras disposiciones”.

Precisamente, la supresión de la ANTV representa un riego para el proceso que vienen adelantando los medios públicos en el país, pues la institución tiene como objetivo brindar herramientas para la ejecución de planes, programas, acceso a la televisión y la garantía del pluralismo informativo, funciones que pasarían a ser ejercidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (Mintic).

Además, se trasladarán las funciones e incluso algunos de los funcionarios de la ANTV a la Comisión de Regulación de Comunicación (CRC). La CRC tiene un discurso con otras ambiciones, la máxima es la siguiente: “escenarios competitivos y desarrollo de infraestructura, servicios, contenidos y aplicaciones”. La Comisión promueve, en evidencia, una mayor inversión en el sector de las tecnologías como bandera para los territorios, lo que podría ir en detrimento a la inversión para los contenidos de los medios públicos.

En el papel esto pareciera no ser preocupante, sin embargo, la creación de política publica con una perspectiva centralista auspicia que se obvien los procesos, como por ejemplo los que han venido adelantando históricamente las radios comunitarias en el territorio nacional. Radios que han sido construidas por las comunidades y que han tejido socialmente desde los contextos y las inmediaciones que los pobladores consideran de urgencia.

Justamente, el primer trimestre del año, según el MinTic, la presencia de las radios comunitarias era muy fuerte en el país. En Antioquia se registran 83; en Cundinamarca, 64; en Santander, 57; en Boyacá, 56; en Nariño, 40; en Valle del Cauca, 29; en Huila, 25; en Norte de Santander, 25; en Cauca, 22 y en Córdoba, 19.

Teniendo en cuenta el nivel de difusión de estas radios, no es de extrañar que otra de las grandes polémicas de este proyecto es la propuesta de que, por medio de Agencia Nacional del Espectro, se de cese de operaciones no autorizadas del espectro radioeléctrico. Pues, ese control que ahora tendrá más maniobra por parte del gobierno nacional conlleva una ambigüedad sobre lo que considere como uso autorizado o no.

Además, existen barreras de entrada sobre licencias comerciales o de servicios, las tarifas e impuestos y, sobre todo, la gestión del acceso al espectro. Si la pretensión del proyecto está encaminada a generar una mayor cobertura, el proyecto debería también tener en cuenta que, según la Fundación Karisma, “las redes comunitarias, normalmente, no se montan con la idea de negocio que permita cargar el costo a las personas que las usan”.

Según el proyecto de ley, quienes estarán encargados de las políticas en materia de medios públicos, y siguiendo el objetivo de la cobertura territorial, serán cinco comisionados que por ley serán ingenieros, abogados o economistas; lo que dejaría por fuera a comisionados con conocimientos en cultura, técnicas audiovisuales y otros saberes. El presidente, además, tendría completa facultad de la supervisión de sus funciones y la potestad de elegir a dos de esos cincos comisionados.