Por: Javier Alejandro Jiménez. Colaborador Pares.
En medio de la emergencia sanitaria desatada por el contagio continuo del nuevo coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, en Colombia las jornadas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito no han dado tregua, ni siquiera en medio de las medidas de aislamiento social obligatorio. Ante esto el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo manifestó que no frenará estas acciones ni siquiera en medio de la cuarentena y, en su momento, contaría con el asesoramiento de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en tres (3) regiones denominadas por el Gobierno en su política de seguridad como Zonas Futuro: Catatumbo, Pacífico Nariñense y Sur del Meta.
En el marco de la Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el Problema de las Drogas impulsada por el Gobierno de Iván Duque, para este año la meta en materia de erradicación de cultivos de uso ilícito está alrededor de las 130.000 hectáreas, intencionalidad auspiciada por el Gobierno de los Estados Unidos como gran financiador de la “guerra contra las drogas”. En dicha política se plantea que el aumento de estos cultivos trae consigo el deterioro de “la gobernabilidad, la seguridad, del tejido social, y desafíos a las oportunidades de integración económica para el desarrollo” así como graves consecuencias medioambientales.
No obstante, las acciones institucionales que se han adelantado para la erradicación forzada por medio de operativos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública antes que un proceso de sustitución concertada que garantice la transformación de la economía e involucré a los pobladores en una cultura de la legalidad, evidencian la incapacidad del gobierno actual para comprender las conflictividades territoriales existentes y contrario a lo esperado, una continuidad en la violación a los derechos de las comunidades.
Campesinos, el eslabón más débil
En regiones como Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Pacífico nariñense, Putumayo, Chocó, Caquetá y Sur del Meta, se han desarrollado en los últimos cuatro meses distintas acciones u operativos por parte de la Fuerza Pública, cuyas estrategias y tácticas militares han generado altercados entre el pie de fuerza que entra a erradicar los cultivos de hoja de coca y las comunidades campesinas que se resisten a dicha práctica que de forma invasiva atenta contra su seguridad y la de sus habitantes.
La comunidad y diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos decidieron realizar un cerco humanitario como estrategia para evitar los operativos militares de erradicación forzada. Imágen: Pares.
Estos campesinos y campesinas son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, sin embargo son los más perseguidos y sufren la violencia de manera directa sin brindarles oportunidades reales para dejar de depender de esa economía ilícita. Hasta el momento, en el marco de la emergencia sanitaria, producto de estos altercados han muerto dos campesinos y un indígena, decenas de campesinos heridos quienes han padecido mutilaciones en sus cuerpos y, paralelamente, se han realizado detenciones arbitrarias a manifestantes y líderes sociales que han participado en la denuncia de estos hechos.
En este caso la Fuerza Pública viola los derechos de las comunidades en el momento que abre fuego de manera indiscriminada e infringe el DIH al no cumplir con el principio de distinción entre población civil y combatientes en el desarrollo de hostilidades, tal como ha ocurrido en la región del Guayabero durante las últimas nueve semanas.
Al respecto las Fuerzas Armadas se refieren a estos acontecimientos como meros hechos disuasivos mediante el uso legítimo de la fuerza, acompañados por unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) sin siquiera referirse al uso de armas de fuego, tal como ocurrió tras los hechos ocurridos el 26 de mayo y el 4 de junio en la vereda Tercermilenio del municipio de Vistahermosa, Meta, cuando el Brigadier de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega señaló que la tropa sufrió de constreñimiento y obstrucción en su accionar por cuenta de una “asonada violenta con vías de hecho”.
En un comunicado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega expresó:
“Cabe recordar que los pobladores de la región adelantan esta acción [de asonada] hacia las tropas, bajo la presión ejercida por los alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, (GAO-r), Estructura Séptima”.
A este argumento se suma el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga el cual ha expresado en distintos medios de comunicación que lo acontecido en esta zona del Sur del Meta obedece a un asunto de seguridad nacional y que lo que allí ocurre es una lucha de delincuentes en donde se obligan a los campesinos a salir a marchar en contra de la Fuerza Pública por cuenta de los intereses del narcotráfico, sin mencionar las condiciones de vulnerabilidad económica y social que allí se viven: falta de acceso a servicios públicos, ausencia de oportunidades laborales, garantías mínimas para que estas comunidades no recurran a la hoja de coca para subsistir.
Estigmatización contra defensores de derechos humanos
Sus pronunciamientos al respecto han reforzado la estigmatización social en contra de defensores, defensoras de D.H. y las organizaciones que denuncian estos actos y que exigen reiteradamente al gobierno local soluciones alternativas al cultivo de uso ilícito y el control del accionar violento de las unidades de la Fuerza Pública.
Afirmar sin pruebas sólidas que las comunidades y asociaciones campesinas que allí habitan “representan” a Grupos Armados PostFARC (GAPF) y son instrumentalizados para evitar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona, es una sentencia peligrosa por parte de las autoridades locales la cual pone a las organizaciones sociales y asociaciones campesinas como objetos legítimos de victimizaciones en medio de estos operativos.
Ante este fenómeno, el Ministro Holmes manifestó que en el desarrollo de estos operativos se aplican protocolos sobre uso de la fuerza acorde a la normatividad nacional e internacional con el acompañamiento de autoridades del Ministerio Público en los niveles regional y local como la Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales. Según el testimonio de fuentes locales, estas instituciones nunca han estado presentes en medio de dichos operativos.
La presencia del Ministerio Público no se hizo efectiva sino hasta una semana después de la llegada de tropa a esta zona, cuando el Personero municipal de La Macarena llegó al territorio para mediar en esta situación entre las comunidades campesinas y la Fuerza Pública desplegada en ese sector.
Desde entonces, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado la interlocución con instituciones estatales en aras de lograr una salida negociada al asunto y, sobre todo, sean garantizados los derechos de las comunidades, especialmente protección a la vida, acceso a salud y seguridad alimentaria.
Para la segunda semana de junio fue posible la instalación de una mesa de diálogo en la cual se logró acordar el envío de una comisión de verificación de derechos humanos por parte de la Gobernación departamental, pero no se llegaron a acuerdos sobre la suspensión de la erradicación forzada y de la salida de la Fuerza Pública de esta zona, las cuales avanzan en la ocupación del territorio, como por ejemplo la llegada de más unidades de la Fuerza Pública a la vereda de El Silencio.
Cerco Humanitario
Ante este panorama, la comunidad y diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos decidieron realizar un cerco humanitario como estrategia para evitar los operativos militares de erradicación forzada, ejercicio que trajo como respuesta la detonación de un artefacto explosivo y resultó herido el campesino Luis Fernando Valoy Potes, quien perdió su pierna derecha como producto de las heridas causadas por la explosión.
Sumado a esto, se encuentra el asesinato de Yohanni Yeffer Vanegas a finales de junio, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la vereda Picalojo con cuatro impactos de bala. Este líder campesino y participante de las movilizaciones en este sector, promovió la realización del espacio de diálogo entre funcionarios del gobierno nacional y departamental, altos mandos militares y voceros de la comunidad, realizado el pasado 11 de junio.
Este asesinato se dio en medio de las denuncias por parte de las comunidades campesinas sobre presuntos perfilamientos y seguimientos realizados por miembros de la Fuerza Pública a quienes han participado no solo de las jornadas de protesta sino del dialogo con las instituciones.
¿Soluciones a la vista?
Las acciones de erradicación en la zona no son acciones particulares de este gobierno, ya que se han desarrollado desde muchos años atrás, especialmente iniciando del año 2000, el departamento del Meta era uno de los departamentos con mayor área cultivada de coca y sus municipios eran objetivos de aspersión aérea de glifosato, entre estos Vistahermosa, por la alta dependencia de los habitantes del territorio a los cultivos de coca y la falta de acceso a economías legales sostenibles con estrategias sólidas para la comercialización de productos agrícolas.
A pesar de la continuidad de operaciones de erradicación forzada – ahora de tipo manual – en municipios del sur del Meta como Vistahermosa y La Macarena, la efectividad de estas acciones los últimos cinco (5) años, es cuestionable. A continuación una evidencia en términos de las áreas cultivadas de coca frente a las erradicadas durante los últimos cinco años:
El departamento del Meta registró en el 2018, 3.688,34 hectáreas erradicadas manualmente, donde los municipios de Vistahermosa y La Macarena tuvieron 16% y 23% de esta cifra global.
Ya para el año 2019, hubo una reducción en las hectáreas erradicadas, 768,7, donde los mismos municipios tuvieron, de nuevo, una participación considerable, La Macarena con 42% y Vistahermosa con 11%. Y finalmente, lo que lleva el año 2020, con corte al 31 de mayo, se han erradicado 129 hectáreas, de las cuales La Macarena han sido el 20% y Vistahermosa el 19%. Las anteriores cifras, proporcionados por Grupos Móviles de Erradicación-GME, Policía Nacional y Fuerzas Militares, dejan ver una caída dramática en las hectáreas erradicadas, lo cual no necesariamente está directamente relacionado con el éxito de estas acciones militares en la reducción de cultivos de coca.
En el departamento del Meta se han erradicado voluntariamente 2604 hectáreas de coca (casi 200 hectáreas más de las erradicadas manualmente en el 2017) y el porcentaje de la resiembra para la región y los municipios en mención es del 0%, según los datos registrados a 31 de marzo del año en curso. Imagen: Pares.
En efecto, los municipios de La Macarena y Vistahermosa han tenido no solo una reducción en las hectáreas erradicadas manualmente sino también en el número de hectáreas cultivadas, lo cual no se debe a la eficacia de este tipo de acciones represivas para acabar con los cultivos de uso ilícito, sino también por el compromiso de las familias y personas que suscribieron compromisos de sustitución de cultivos de manera voluntaria y concertada; según datos de la UNODC, para estos municipios hay registro de 1602 (en La Macarena) y 1451 familias (en Vistahermosa) con beneficios de pagos por suscribir estos compromisos.
De igual manera, esta organización registró que en el departamento se han erradicado voluntariamente 2604 hectáreas de coca (casi 200 hectáreas más de las erradicadas manualmente en el 2017) y el porcentaje de la resiembra para la región y los municipios en mención es del 0%, según los datos registrados a 31 de marzo del año en curso.
Lo anterior, plantea una posibilidad que debe ser tenida en cuenta para el avance de los diálogos entre las comunidades campesinas del Guayabero, instituciones del Estado y plataformas de derechos humanos: la erradicación forzada no es la única salida para acabar con el problema de la producción de estupefacientes en el país, mucho menos cuando se violan derechos de las comunidades que, debido a la falta de vinculación al mercado licito, no han encontrado otra oportunidad para subsistir.
En este sentido, además de la necesidad de suspender estos operativos represivos, el calve que tanto el gobierno nacional como local se comprometan a avanzar en la puesta en marcha del punto 4 del Acuerdo de Paz concerniente a la solución del problema de las drogas ilícitas y, en esa medida, optar por alternativas como la sustitución voluntaria y concertada para las familias que dependen de los ingresos de la coca y que no están cobijados por los beneficios del Acuerdo.
La erradicación forzada debe ser el último recurso cuando efectivamente se demuestre la falta de voluntad o el incumplimiento de las personas que se manifiesten buscar salidas lícitas a los cultivos de coca, especialmente en comunidades como las de Tercermilenio y El Silencio que aún no cuentan con otra alternativa.
Misión Humanitaria por la Paz
Como se mencionó previamente, hasta el momento se han realizado algunos espacios de diálogo entre instituciones estatales, comunidades campesinas de la región, con el acompañamiento de organizaciones internacionales y plataformas defensoras de derechos humanos como veedores de estos espacios, dado el grado de tensión existente alrededor de la problemática en esta subregión del Guayabero.
Esto en medio de las dificultades de conexión a medios virtuales por parte de las comunidades de la región, así como de las restricciones de movilidad por cuenta de las medidas decretadas para mitigar el contagio del coronavirus; sin embargo, aún es un espacio estigmatizado y deslegitimado por las autoridades departamentales como lo ha dejado ver el gobernador del Meta en sus distintas intervenciones públicas.
Finalmente, ante la negativa del gobierno departamental para enviar la comisión de verificación de derechos humanos, se conformó la denominada Misión Humanitaria por la Vida y la Paz en los Llanos Orientales y la Orinoquia cuyo propósito es el acompañamiento y documentación de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las comunidades de San José del Guaviare, La Macarena, Vistahermosa, Mesetas y La Uribe, en medio de estos operativos de erradicación por parte de la Fuera Pública.
Esta comitiva de organizaciones defensoras de derechos humanos locales y nacionales realizó estas jornadas entre el 18 y el 27 de julio y fue primordial que la sociedad civil acompañara estos espacios de diálogo para la búsqueda de una salida concertada a la problemática del cultivo ilícito en dichos territorios y exigir un compromiso eficaz del gobierno nacional para la protección de la población campesina y sus organizaciones, las cuales pese al impacto de las agresiones de la Fuerza Pública, siguen determinadas a seguir apostando por la paz.