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Comunidades del Río Yurumanguí, entre la violencia y el olvido

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.


La Defensoría del Pueblo alertó sobre el confinamiento de 157 familias y el desplazamiento de 28 familias de San Antoñito, en el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí. Sin embargo, sobre esta situación, tanto el Consejo como la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (APONURY); expidieron un comunicado a los medios locales buscan desmentir “información que circula por redes sociales frente a un desplazamiento masivo de comunidades de la parte alta de nuestro territorio hacia la parte urbana (…) importante aclarar que estas comunidades no han contemplado la posibilidad de salir del territorio”.


Asimismo, se refirieron a los hechos ocurridos en los últimos días cuando —aproximadamente— 25 familias tuvieron que desplazarse de manera interna. Según el Consejo y la Asociación fue una acción que hicieron éstas por la autoprotección y de cara a salvaguardarse. Mantienen, por supuesto, la alerta sobre la situación de la comunidad de Juntas que “se encuentra en incertidumbre y zozobra por posibles enfrentamientos armados (…) nos reafirmamos en continuar en resistencia por derecho al uso, goce efectivo de nuestro territorio de vida, alegría, esperanza y libertad”, señalan en el comunicado.


En la cuenca del río Yurumanguí viven cerca de 3.000 habitantes en trece veredas; El Encanto, Barranco; Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel, San Jerónimo, El Queso, San José, San Antonio, Águila, San Antoñito y Juntas. Allí conviven las comunidades organizadas mediante la autoridad territorial del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí. Sus comunidades se han visto fuertemente victimizadas por cuenta la labor que ejerce el Consejo Comunitario porque sea un territorio libre de cultivos de uso ilícito.


La Oficina de Pares Pacífico ha venido denunciando, por lo menos hace un año, la situación que ocurre sobre la situación humanitaria en Buenaventura y la violación de derechos contra las comunidades asentadas en los ríos, zona carreteable, playas y zona urbana.


Precisamente, hace un año se llevó a cabo la Misión Humanitaria en Buenaventura en el que el mensaje es y sigue siendo ‘Las cuencas de los ríos también somos Buenaventura’. Llamado hecho por las comunidades de las comunidades de las cuencas del Naya, Yurumanguí, Cajambre y Raposo.


El Estado sigue sin cumplir el mandato de la Corte


El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) desde hace dos meses alertó sobre las situaciones de riesgo de las comunidades del río Yurumanguí en zona rural de Buenaventura, por cuenta de los enfrentamientos entre el Grupos Armado PostFarc (GAPF) Columna Móvil Jaime Martínez y el ELN. Para ese momento, el CONPA advertía que las comunidades se encontraban con serias restricciones de movilidad pues el ELN les habían advertido que era una zona altamente minada.


El CONPA también se refirió a una serie de presiones que ha cargado el Consejo Comunitario del río Yurumanguí que no sólo se circunscriben a los combates entre los grupos armados que hacen presencia en la región.


Es importante señalar que en el auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, a través de la Sala Segunda de Revisión, ha resaltado que los territorios colectivos en el río Yurumanguí hace parte de un grupo al que se le deben garantizar planes específicos de prevención, atención y protección. Planes que el CONPA recuerda que no han sido ni formulados ni ejecutados por parte del Estado colombiano a pesar de ser una orden por la protección de estas comunidades, por parte de la Corte Constitucional.


En dicho auto la Corte precisa que bajo “fundamentos constitucionales, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de la protección prioritaria que deben recibir las comunidades afrodescendientes y sus miembros como sujetos de especial protección, en el marco de la política pública de atención al desplazamiento forzado interno”


Específicamente frente al caso del Consejo Comunitario del río Yurumanguí en el que la Corte Constitucional suscribió que “Se legitima al Consejo Comunitario como única autoridad territorial”.


Una soberanía a pesar de la sombra armada y la ausencia del Estado


De acuerdo con el CONPA el territorio colectivo “debe permanecer libre de monocultivos y cultivos con fines ilícitos, de minería destructora y contaminante, y de pesca con químicos y dinamita. Estas decisiones se mantienen pese a las presiones externas y a la falta de apoyo gubernamental al Consejo Comunitario.”

Esta soberanía que ejerce el Consejo Comunitario históricamente se ha visto amenazada por el abandono del Estado y de la acción violenta de los grupos armados. Según el CONPA en el último tiempo la disputa entre la Jaime Martínez de FARC y el ELN continúa extendiéndose por varias cuencas del distrito de Buenaventura.


El lastre de esta disputa se ve en riesgo de la vida de las comunidades, el ejercicio de los liderazgos, derechos y manifestaciones culturales en el territorio. El confinamiento no es un tema de hoy, según insiste el CONPA. No sólo por cuenta de las minas sino —a su vez— por ataques a pobladores, pescadores artesanales por hombres armados en la bahía de Buenaventura, hecho alertado desde enero de 2021.


Cabe señalar que según el índice de pobreza multidimensional (IPM) tiene un 53,6% de pobreza Buenaventura y un 70,2% en los centros poblados y rural disperso y un Índice de Riesgo Victimización (IRV) Medio Alto del 49,7%.


Las incursiones han ido alertando


Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, es importante dejar claro que la crisis de derechos humanos en Buenaventura no se reduce a los hechos ocurridos en los primeros tres meses del año; sino que se ha agudizado por cuenta de la desatención del Gobierno Nacional. Justamente, las advertencias han sido múltiples sobre el riesgo que ha significado el fortalecimiento de las estructuras del ELN en las cuencas.


Para el investigador de Pares es importante seguir dejando constancia de que las comunidades han denunciado las incursiones y los enfrentamientos. Por ejemplo, en el sector de Bajo Calima el ELN con el Clan del Golfo se están enfrentando. O en la zona de los ríos —Sabaleta, Raposo, Yurumanguí— existe el enfrentamiento de la Jaime Martínez con el ELN. O en el Naya entre el ELN y el Frente 30.


Lo que están volviendo a vivir las comunidades del río Yurumanguí; lo vivieron ya el año pasado los habitantes del río Raposo. Para noviembre de 2020, Pares Pacífico advirtió que el ELN incursionó desde Raposo y Mayorquín, donde ejercen control territorial, para hurtar los motores desde las lanchas de los pescadores que se desplazan por los esteros del río. Similar a la situación de Yurumanguí las comunidades se negaron a desplazarse. Para dicha incursión por el río Raposo la presión del ELN era ejercida a “las personas que brindan servicio en la comunidad están siendo blanco de la violencia, se trata de un atentando en contra del gobierno propio”.


Cabe recordar que en cuenca del río Raposo dividido en habitan 13 veredas: Santa Ana, Murillo, Bello Horizonte, Cocalito, Guadualito, Tigre, Bella Vista, Auca, Peña Blanca, Calle Honda, San Antonio, San Francisco, Caimito y Cacoli, donde habitan 2.500 personas. Finalmente, Bajo Calima, que compone el Corregimiento numero 1 de Buenaventura y cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes. En la cuenca del Río Raposo se han registrado enfrentamientos entre Grupos Armados PostFARC y el ELN. Sumado a la amenaza latente de Clan del Golfo por la disputa del territorio.


Ese mismo noviembre de 2020, Pares Pacifico denunciaba la victimización sufrida por las comunidades ribereñas de Sabaletas y Anchicayá por cuenta de la incursión un grupo de encapuchados, que se movilizaba en dos lanchas. En esa ocasión, los hombres dispararon contra las viviendas de manera indiscriminada, saqueando los establecimientos comerciales y hurtando lanchas, motores y gasolina.


Los silencios en cuencas y ríos


Juan Manuel hace un llamado para que se tomen las medidas integrales para atender lo que ha venido ocurriendo en las cuencas. “Son territorios que vienen pidiendo protecciones colectivas. Que solucionen el tema de tierras. Hay, en estas zonas, intereses corporativos, los narcotraficantes tienen un interés en hacerse al control de las rutas, los grupos armados quieren el dominio territorial. Esto ha generado que se registren casos de reclutamiento forzado, se han configurado desplazamientos silenciosos, confinamientos.”


Una trinchera soberana


“El Consejo Comunitario del Río Yurumanguí hace un proceso de resistencia tan valioso desde este jueves 4 de marzo iniciará encuentro de jóvenes que, a pesar de la situación, no ha sido suspendido”, precisa Juan Manuel.


El investigador de Pares insiste en que es necesario hacer la claridad que los desplazamientos que están teniendo lugar en esta cuenca son de carácter interno. Es decir, que “las veredas que se sienten más amenazadas, por la presencia de los grupos armados y los combates entre éstos, se han movido a otras veredas. Es una comunidad muy unida, sin embargo, hay unas que no han podido moverse y continúan confinadas. Las comunidades no han salido a la zona urbana de Buenaventura porque ellos resisten lo que más pueden.”


Además, explica Juan Manuel que el no salir de sus territorios también tiene que ver con que, por un lado, no hay una atención integral de parte de la institucionalidad. Por el otro lado, porque el salir es un riesgo de no poder retornar.


¿Qué viene?


La Defensoría del Pueblo participó durante este miércoles 3 de marzo en un Consejo de Seguridad que llevó a cabo en Buenaventura. De éste se conoció que se va a llevar a cabo una nueva misión humanitaria que pretender verificar y atender a las familias. Esta se llevará a cabo el próximo viernes 5 de enero y contará con el acompañamiento de la Personería, la Procuraduría General de la Nación y Autoridades locales.


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