Comunidades confinadas bajo la ley del terror

Por: Laura Cano, Periodista Pares.


Desde el pasado 25 de marzo se decretó aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. Este ha puesto sobre la mesa la necesidad de haber pensado de forma diferencial la manera en que iba a ser implementado, analizando las poblaciones y territorios que quedarían en mayor vulnerabilidad con esta medida.


Hoy, casi cuatro meses después, las consecuencias saltan a la vista; trapos rojos que siguen izados en algunos hogares como señal de hambre, una tasa de desempleo que llegó a uno de sus picos más altos con el 21.4%, un último mes – junio – con un total de 54 feminicidios, 21 personas en proceso de reincorporación asesinadas en la cuarentena y, por lo menos, 27 lideresas y líderes sociales que también les arrebataron la vida en este periodo.


Lo anterior en un marco de violencia que no abandona el país, el mismo que pareciera sí estar abandonado por sus gobernantes, y que en esa falta de presencia estatal ha permitido que los actores armados sean quienes estén disputándose el control, especialmente, en las zonas que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, donde se ha reclamado atención, y que, aún en medio de una pandemia mundial, esa atención se ve todavía lejana.


Ahí está uno de los reclamos realizados por Human Rights Watch, quienes han hecho un llamado al Gobierno Nacional para “proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados”. <