Ciudadanía contra la corrupción

Por: Daniela Gómez. Coordinadora Democracia y Gobernabilidad – Pares.

Después de la masiva participación de los colombianos en la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque junto a congresistas de todos los partidos políticos radicaron ante el Congreso, y con mensaje de urgencia, un paquete de 9 medidas que buscan recoger los mandatos votados por los ciudadanos el 26 de agosto. Adicionalmente, congresistas e instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría Nacional han radicado sus propias propuestas, sumando un total de 25 proyectos en la materia. A pesar del mensaje de urgencia y el claro mandato ciudadano, los proyectos no avanzan como se esperaba: en 9 proyectos no se han nombrado ponentes y en otros 9 se nombraron los ponentes pero estos no han presentado sus ponencias; es decir, 18 de los 25 proyectos no tienen ningún avance, entre ellos, los que limitan la remuneración de congresistas, el que obliga al reintegro de bienes por hechos de corrupción y el que obliga a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.

Previendo lo anterior, en el mes de septiembre de 2018, 70 organizaciones de la sociedad civil, instalaron la Veeduría del Mandato Ciudadano Anticorrupción en aras de hacer seguimiento a los proyectos presentados, advertir posibles micos o incumplimientos del mandato, sugerir ajustes a los proyectos e incidir para que se dé celeridad en su trámite y se incluyan las sugerencias realizadas.

En sus diferentes mesas temáticas, la Veeduría analizó los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso. Es evidente el interés manifestado por los proponentes del Estado, Gobierno Nacional y congresistas, en adelantar acciones en materia de contratación, pública, rendición de cuentas por parte de congresistas, fortalecimiento de la prevención y sanción a los hechos de corrupción, declaración de bienes y rentas como información de acceso público, y finalmente la voluntad de implementar mecanismos de presupuesto participativo. Sin embargo, el grupo de organizaciones sociales que conforma la Veeduría del mandato Anticorrupción ha identificado que no existe articulación entre los diferentes proyectos anticorrupción, que en consecuencia podría afectar la construcción de una política anticorrupción integral. En efecto, varios proyectos de ley abordan temas parecidos de manera contradictoria e incompleta.