Cien días de tenacidad
Por: Guillermo Segovia
Politólogo, abogado y periodista
Colombia vive días intensos, asimilando cambios y con muchas expectativas. Por primera vez en su historia, un gobierno plural en los aspectos político, étnico y de género, con peso mayoritario tanto en el ejecutivo como en el legislativo de fuerzas de centro izquierda y amplio respaldo popular, intenta materializar las promesas de un programa orientado a redistribuir ingresos para superar la pobreza, colocarse en el liderazgo de la amenaza mundial del cambio climático y trabajar por una paz ambiciosa que desactive y desestimule los principales factores de la violencia, tragedia soportada durante décadas. En un primer balance de gestión sobresalen los esfuerzos por agenciar los cambios prometidos frente a zancadillas innobles de una oposición limitada pero agresiva, dispuesta a impedir reformas estructurales.
Una feroz campaña de los medios informativos, la mayoría de cuyos directores encubren, en el papel de control del poder, una ácida oposición de la derecha y de algunos tecnócratas neoliberales, agazapados en columnas de opinión; se esfuerza, agotada la monserga del castrochavismo, en mostrar que lo ocurrido en el primer trimestre de gobierno de Gustavo Petro por el Pacto Histórico y el Acuerdo Nacional es más de lo mismo, asegurándose, eso sí, en un vergonzoso oxímoron, de atacar con sevicia cualquier iniciativa o propuesta que, en consonancia con el compromiso de cambio, pretenda alterar el statu quo.
Bastan unos pocos ejemplos, los más visibles entre los muchos que marcan una ruptura con el manejo tradicional y la concepción de poder imperante, para mostrar cómo, con la máscara de defensa de los “intereses nacionales”, “los sectores populares” o la “institucionalidad democrática”, los aludidos voceros de privilegios convertidos en derechos –a causa de las deformaciones de la democracia como tapadera legitimante del clasismo y la usura– intentan distorsionar el sentido y hondura de reformas que buscan corregir, reorientar y trazar políticas con el objetivo de reducir la desigualdad y los desequilibrios sociales imperantes, precaver la catástrofe climática y proteger el medio ambiente, y desmontar las guerras larvadas en intereses mafiosos que agobian los territorios.
El trámite de la reforma tributaria es la muestra más grotesca de los intentos por disfrazar utilidades desmesuradas y, en algunos casos cuestionables por su impacto en la salud pública, gabelas injustificadas y odiosas concesiones para evitar que contribuyan en un esfuerzo nacional por equilibrar las finanzas del Estado y proveer al gobierno de recursos necesarios para poner en marcha programas sociales que permitan reducir las abismales brechas entre minorías acaudaladas y mayorías en los límites de la supervivencia. Esta propuesta progresiva y redistributiva intentó tergiversarse, con malabarismos estadísticos y sin rubor alguno, como una propuesta innecesaria, expropiatoria, inflacionaria, recesiva, desestimulante de la inversión y violatoria de justos derechos adquiridos.
La ofensiva más agresiva contra los impuestos provino de agremiaciones como la ANDI y empresas concesionarias de explotaciones petroleras, carboníferas y mineras que, a través de sus directivos y de varios directores de noticieros y notas “periodísticas”, a veces en tono burlesco contra el gobierno, parados indignamente en un aberrante concepto de años atrás de la DIAN, ratificado por sentencia del Consejo de Estado, según el cual las regalías compensatorias por la extracción de un bien del subsuelo son un costo de producción y en tal medida deducibles de la renta –es decir, una simulación– terciaron a favor de que se siguiera esquilmando a los colombianos, a la vez que vociferaron por la plata que se perdería si se reducía la exploración de hidrocarburos. Ese acto de autoridad y soberanía constituye una buena parte de los nuevos ingresos.
Jugarretas similares realizaron, en varios casos con éxito, para ralentizar o eximirse de carga, las industrias de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, las zonas francas, las iglesias –que no disimularon su chantaje de voto a cambio del privilegio de no pagar gravamen por sus negocios–, los megapensionados y otros, pues el gobierno, si bien expuso sus máximos, estaba claro de necesarias concesiones ante la imposibilidad, a pesar de tener una coalición mayoritaria en el Congreso, de jugarse el todo por el todo. Buena parte de los congresistas comulgan o reciben apoyo de empresas e iglesias y el cabildeo de los voceros de estas es aplastante. Quedan varios pendientes, pero el debate permitió a la opinión enterarse de muchas anomalías que más temprano que tarde llevarán al desmonte de canonjías o a la reducción de daños en la salud y costos a la nación, vía desestímulo del consumo de comestibles nocivos.
Sin lugar a dudas, se avanzó en justicia tributaria, tras décadas de concesiones a los empresarios, disfrazadas de impulso al empleo y cargas a los empleados, y la comida de los de menores recursos, desestimulados ante una corrupción aberrante. El desafío es que el gobierno actué para impedir la a todas luces desafiante y, esa sí subversiva, posición de quienes plantean efectos negativos de la reforma pues, según su visión delictual, los tributos –que son una carga social para quien obtiene utilidades en la provisión de bienes y servicios– serán trasladados al encarecimiento de la canasta familiar, lo que constituye una forma de elusión que debe ser castigada con los instrumentos punitivos que también fueron fortalecidos. El alza exagerada de matrículas en varias universidades podría estar cayendo en esa conducta.
La ampliación conceptual y de facultades al gobierno frente a los factores de violencia con la reorientación de la Ley de Orden Público hacia la Paz Total es otro avance de gran calado, con apoyo de su coalición parlamentaria y el liderazgo del comisionado de paz, Danilo Rueda, el ministro del Interior, Alfonso Prada y el senador Iván Cepeda. De esta manera –mediante reconocimiento del carácter político del alzamiento en armas– podrá retomar o iniciar, como de hecho avanza, la negociación con organizaciones insurgentes, trátese, como lo ha establecido el presidente, la vice y el comisionado de paz, del Ejército de Liberación Nacional, con el que se suspendieron los diálogos en el gobierno de Duque; disidentes del Acuerdo con las FARC de Santos y los contingentes que, ante la persecución de algunos sectores del Estado y políticos, retornaron a la beligerancia.
Podrá también entablar conversaciones con grupos criminales –varios de los cuales se han manifestado interesados de hecho o de palabra– en la búsqueda del desmonte de sus actividades y el acogimiento a la justicia en condiciones de favorabilidad, condicionadas al reconocimiento de responsabilidad, contribución con información útil a la reducción de actividades delincuenciales y, en todos los casos, cese de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal como requisito para entablar diálogos. En la perspectiva del logro de los mayores niveles de convivencia y tranquilidad, en particular en los territorios azotados por la violencia por décadas, el gobierno Petro apunta a una meta ambiciosa que debe estar soportada en mayor participación ciudadana, presencia institucional y política social. La instalación de 60 puestos de mando unificados en municipios problematizados apunta a ese propósito.
De acuerdo con las encuestas, la Paz Total cuenta con un importante respaldo ciudadano, no obstante la perversa intención de la derecha de plantearla como una concesión y una demostración de nexos con la delincuencia para aminorar sus posibilidades e impacto. En una de las salidas propias del expresidente Uribe, en las que el abuelo angelical de las fotos sociales saca las garras, ante el registro de asesinato de líderes, en ostensible decrecimiento, afirmó, de manera mezquina, que dichas muertes no son “culpa” de Petro ni de Duque sino de la impunidad propiciada por el “Acuerdo de La Habana”. Frase que busca deslegitimar la salida negociada al conflicto, las confesiones de militares frente a los “falsos positivos” acaecidos en su gobierno y posicionar una falsedad, pues son contados los casos de firmantes de la paz involucrados con crímenes posteriores. La JEP, por su parte, impondrá sanciones que atienden al modelo de justicia transicional avaladas por los tres poderes del Estado.
El Presidente Petro se comprometió a cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc, con rango constitucional, reducido por su antecesor a la desmovilización. En sus primeros días de gobierno, advirtió que garantizar el punto uno de reforma rural integral en materia de tierras implicaba un costo de $ 60 billones de pesos, asunto que la maraña de oficinas creadas para dar puestos a cuenta de la paz se había cuidado de advertir. Señaló que la cifra obligaba a revisar el uso productivo de tierras, avalúos e impuestos para posibles compras, replantear la regla fiscal o acudir a endeudamiento. Ante la osada puesta en el tablero del tema, los ganaderos y terratenientes se apresuraron a dar declaraciones catastróficas y desafiantes muestras de fuerza.
En una hábil iniciativa, consecuente con la política de desescalar conflictos y aclimatar la paz, con la ministra de Agricultura al frente y los siempre proactivos esfuerzos del senador Iván Cepeda en la trastienda, el presidente de la agremiación de ganaderos, con su familia de acérrimos opositores de Petro, firmó, a nombre de Fedegán un acuerdo mediante el cual dispondrán para la venta al Estado tres millones de hectáreas de tierras productivas, cuyos precios se establecerán de acuerdo con requisitos legales.
Con realismo y seriedad, la ministra Cecilia López ha advertido la imposibilidad fiscal de este gobierno para adquirir la totalidad de las tierras. Aun así, se destraba por las buenas un aspecto que ha sido y es causal de la violencia y central para la paz. En lo inmediato, esclarecida la situación legal de predios en su custodia, el Ministerio de Agricultura procedió a la titulación de 681.372 hectáreas (11.200 títulos) para 10.800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. A la vez que a las comunidades indígenas les fueron formalizadas 300 mil hectáreas con la ampliación de diez resguardos.
De otra parte, en el mismo objetivo, la primera tarea asignada a la Sociedad de Activos Especiales –SAE–, que administra los bienes incautados a la mafia, fue identificar y procurar los mecanismos legales para que las tierras bajo su administración fueran otorgadas a familias campesinas para la producción. El paso más significativo de esta estrategia fue la entrega por la SAE y la Unidad de Víctimas de la finca Támesis, una extensión de 600 hectáreas avaluada en 8 mil 500 millones de pesos, cerca de Montería –en el pasado propiedad de Carlos Castaño, jefe del jefe del paramilitarismo– a 50 familias pertenecientes a una organización de base. Danilo Rojas, director de la SAE, explicó que la nueva forma de relación para las adjudicaciones es mediante alianzas público privadas populares productivas.
Como se preveía, en el escenario internacional la presencia de Colombia señalando nuevos rumbos, ha sido importante. De manera pragmática, sin renunciar a servir de apoyo a una solución política al conflicto venezolano y atraer al actual gobierno de ese país hacia los organismos internacionales para garantizar la vigencia de los derechos humanos, Petro reestableció relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que permite la progresiva normalización y control de la frontera para beneficio mutuo y de poblados vecinos, un nuevo aliado en la protección de la Amazonía y en el proceso de paz y la regularización del flujo migratorio que ha tenido altos costos. La ruptura fue un error histórico impuesto por el capricho ideológico y el afán protagónico del expresidente Duque y el uribismo.
Con un emotivo discurso de matices literarios y verdades irrebatibles, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente colombiano ratificó, de manera enfática, el fracaso de la guerra contra las drogas liderada por los Estados Unidos y sus costos económicos y sociales, derivados del escapismo consumista del mundo capitalista y llamó a un replanteamiento hacia la legalización. En Egipto, ante la vigésima séptima conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, no rebajó en contundencia: el mundo está al borde de la catástrofe, estas reuniones retóricas son un desperdicio, debe cesar el consumo de combustibles fósiles, el FMI debe cambiar deuda por protección a la Amazonía como pulmón de la humanidad, y presentó un decálogo para la acción liderada por organizaciones sociales.
Con el presidente de Francia recabó apoyos para la reforma agraria, el proceso de paz, alternativas a la guerra antidrogas y protección de la selva amazónica. En una conferencia sobre la paz en París esbozó una concepción integral que liga reducción de las desigualdades, protección del medio ambiente y compromisos para erradicar causas y auspicios de las guerras. En un giro de acento en las relaciones bilaterales, EE.UU. ha expresado y acordado apoyo a la Paz Total, una acción antidrogas integral, replanteamiento en compromisos sobre cambio climático y apoyo para la preservación de la Amazonía. Refutando supuestas simpatías ideológicas, Petro ha reivindicado los derechos de Colombia frente a Nicaragua y la vigencia de derechos y libertades en ese país.
Era previsible que una oposición delirante de políticos de derecha, periodistas retrógrados devenidos en estadistas, tecnócratas con ínfulas de omnisapientes y un sector fanatizado de los colombianos, la emprendieran en forma amañada, ignorante, contraevidente e inmoral ante el rol que el presidente de Colombia ha decidido desempeñar frente a una realidad tozuda como son los efectos irreversibles del cambio climático, y trataran de ridiculizar a la ministra que lidera esa posición en el gabinete, quien, si bien incomprendida y estigmatizada, ha mantenido los criterios fundamentales sin renunciar a que las decisiones en la materia surgirán de acuerdos mediados por el realismo y la sensatez.