Choque de trenes entre JEP y Fiscalía por bienes de las FARC

Por: Mateo Quintero, Redacción Pares

Las diferencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido recurrentes en los últimos meses. Primero, por la petición que hizo la Fiscalía a la Corte Constitucional para que definiera si la JEP tenía o no la competencia de suspender el proceso de extradición de Santrich y si podía o no decretar pruebas para determinar la fecha de la comisión del delito; más recientemente,  la Fiscalía, en el marco de una investigación contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, ingresó a las oficinas de la JEP llevándose de forma irregular el expediente del Caso 001 y citando a interrogatorio a una magistrada de la Sala de Reconocimiento, que cuenta con el mismo fuero del Fiscal General (Lea: Los ataques del fiscal a la JEP). El  último incidente, que llegó a configurarse como un choque de trenes, tiene que ver con las medidas cautelares que se solicitaron sobre los bienes de las FARC para que esos sean destinados a la reparación de las víctimas.

Hace algunos meses, tanto el Fiscal General como el Superintendente de Notariado y Registro salieron en los medios de comunicación a afirmar que poseían información de múltiples bienes de las FARC que no habían declarados durante el proceso de dejación de armas, adicionalmente, la Fiscalía ha sido la encargada de adelantar la extinción de dominio sobre los bienes que dicha guerrilla entregó durante el proceso. A raíz de esto, se elevó una petición ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento  para que declarara medidas cautelares sobre los bienes que pertenecieron a las FARC, en aras de que estos fueran usados exclusivamente para reparar a las víctimas de este grupo armado ilegal.

A raíz de la apertura del proceso, la sección instó a varias organizaciones, entre ellas la Fiscalía, la Superintendencia, el Ministerio del Interior, entre otras, para que entregaran un informe sobre dichos bienes, su estado, su deterioro, entre, otros. El Ministerio no respondió el llamado realizado por la Sección, la Fiscalía le respondió que esa era información reservada, aun cuando la Constitución aclaró que ninguna entidad podría aducir reserva de información ante la JEP, y la Superintendencia dijo que los expedientes que tenía eran de la Fiscalía y que por tanto debía pedírselos a esta.