Por: Mateo Quintero, Redacción Pares
Las diferencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido recurrentes en los últimos meses. Primero, por la petición que hizo la Fiscalía a la Corte Constitucional para que definiera si la JEP tenía o no la competencia de suspender el proceso de extradición de Santrich y si podía o no decretar pruebas para determinar la fecha de la comisión del delito; más recientemente, la Fiscalía, en el marco de una investigación contra la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, ingresó a las oficinas de la JEP llevándose de forma irregular el expediente del Caso 001 y citando a interrogatorio a una magistrada de la Sala de Reconocimiento, que cuenta con el mismo fuero del Fiscal General (Lea: Los ataques del fiscal a la JEP). El último incidente, que llegó a configurarse como un choque de trenes, tiene que ver con las medidas cautelares que se solicitaron sobre los bienes de las FARC para que esos sean destinados a la reparación de las víctimas.
Hace algunos meses, tanto el Fiscal General como el Superintendente de Notariado y Registro salieron en los medios de comunicación a afirmar que poseían información de múltiples bienes de las FARC que no habían declarados durante el proceso de dejación de armas, adicionalmente, la Fiscalía ha sido la encargada de adelantar la extinción de dominio sobre los bienes que dicha guerrilla entregó durante el proceso. A raíz de esto, se elevó una petición ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento para que declarara medidas cautelares sobre los bienes que pertenecieron a las FARC, en aras de que estos fueran usados exclusivamente para reparar a las víctimas de este grupo armado ilegal.
A raíz de la apertura del proceso, la sección instó a varias organizaciones, entre ellas la Fiscalía, la Superintendencia, el Ministerio del Interior, entre otras, para que entregaran un informe sobre dichos bienes, su estado, su deterioro, entre, otros. El Ministerio no respondió el llamado realizado por la Sección, la Fiscalía le respondió que esa era información reservada, aun cuando la Constitución aclaró que ninguna entidad podría aducir reserva de información ante la JEP, y la Superintendencia dijo que los expedientes que tenía eran de la Fiscalía y que por tanto debía pedírselos a esta.
En este panorama, el 22 de octubre la JEP dio un ultimátum a las entidades requeridas para entregar información sobre los bienes de las extintas FARC. El plazo iba hasta máximo hasta el 25 de octubre, de no ser entregada la información sobre los bienes, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro incurrirían en desacato, según la JEP.
El Fiscal Néstor Humberto Martínez declaró entonces el choque de trenes, remitiendo el caso a la Corte Constitucional para que sea esta quien defina si la JEP tiene la competencia para dictar medidas cautelares sobre los bienes de las FARC. Néstor Humberto también expresó que, según lo firmado en el Acuerdo de Paz, los bienes que no hayan inventariado a más tardar el 15 de agosto de 2017 tendrán el tratamiento de la legislación ordinaria.
En este sentido, el Fiscal argumentó que cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto falsea la voluntad de las partes y, por ende, el marco legal del proceso de paz. No obstante, lo que no menciona el Fiscal es que la diferencia entre dichas instituciones no es únicamente por los bienes que se detectaron con posterioridad a dicha fecha y no están inventariados, sino todos aquellos que habían sido sujetos de extinción de dominio con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.
Hay que aclarar, además, que la Fiscalía tiene un cuerpo de investigaciones y de extinción de dominio de activos que van a parar a un fondo especial destinado para su administración. El problema es que este Fondo no está obligado a destinar los recursos que recibe por materia de extinción de dominio, y que eran de este grupo armado ilegal, a la reparación de las víctimas, que es lo que la JEP parece querer asegurar.
Contrario a lo que arguye el fiscal, desde la JEP se defiende la idea de que los bienes identificados, incautados u ocupados con fines de extinción de dominio en procedimientos adelantados por la Fiscalía contra las FARC-EP sirven para reparar a las víctimas.
Otro de los grandes problemas es que, según argumentó el Fiscal en su carta, hasta la fecha se han incautado bienes presuntamente vinculados a las FARC avaluados por 2,3 billones de pesos, “cifra que dobla con creces la relacionada en el inventario entregado al gobierno”. Tras la dejación de armas las FARC entregaron un inventario al Gobierno avaluado en 823.534 millones de pesos.
Se espera entonces que la Corte Constitucional resuelva la competencia sobre los bienes de las FARC, en especial aquellos que se incautaron antes y después de la firma del Acuerdo de Paz y que no están inventariados en las listas entregados por la guerrilla, así como la destinación que dichos bienes deben tener.
A continuación los presuntos bienes encontrados por la Fiscalía vs. los bienes entregados por las FARC.
