Luis Eduardo Celis
Colombia tiene el reto de lograr un estado social y democrático de derecho que funcione en el 100% del territorio y cubra a todas las comunidades, todas y todos los ciudadanos. No es un pequeño reto, llevamos toda nuestra vida republicana sin lograrlo y en los últimos sesenta años, las cosas han sido más grave. Lo anterior, porque hemos estado en medio de un conflicto armado enorme, con unas insurgencias retadoras del orden y un paramilitarismo con considerable poder y presencia territorial. Todas estas violencias organizadas, con el propósito de atacar un orden o de defenderlo, han dejado nueve millones de víctimas, reordenamiento de territorios y una democracia precaria, llena de violencias y mafias. Todo esto es lo que debemos superar.
Llevamos treinta y dos años de procesos de diálogos y negociaciones para cerrar estas violencias. El acuerdo de paz con el M-19, en marzo del 90, inició este camino que ha logrado la integración del EPL, el PRT, el Quintín Lame, la CRS, las milicias de Medellín en varias de sus siglas, el importante proceso con las AUC entre 2003-2006 y la histórica negociación con las FARC y el importante acuerdo firmado en 2016.
Las violencias organizadas que hoy persisten en Colombia son más acotadas si se les compara con la presencia que tenían en el año 2000, donde había presencia de organizaciones armadas en la mitad de los municipios. Hoy esa presencia está en 180 de los 1.122 municipios con los que cuenta Colombia.
Desde 2016, con la firma del acuerdo de paz con las FARC, se puede afirmar que estamos en un nuevo ciclo de este largo conflicto armado, y que el actor nacional más organizado es el ELN. Igualmente, participan de estas violencias persistentes, los disidentes del proceso de paz desde las FARC y los disidentes del acuerdo firmado, ambas dinámicas provenientes de la dicha guerrilla. Además, queda la acción del Clan del Golfo, que proviene del viejo paramilitarismo. Estas son las dinámicas organizativas más relevantes, que siguen ejerciendo sus proyectos vía violencia.
Cerrar todas las violencias organizadas sigue siendo un reto vigente. No podemos resignarnos a seguir viviendo sin una democracia de calidad y con violencias de irregulares que lesionan, permanentemente, múltiples derechos de las comunidades que deben convivir con estas organizaciones, que, por supuesto, tienen variado tipo de relacionamiento. Pero, en últimas, los irregulares de todos los signos terminan imponiéndose a sangre y fuego si ven vulnerados sus derechos.
Se requiere una política abarcadora para integrar territorios al desarrollo, territorios donde no hay condiciones para iniciativas económicas viables porque están aislados, donde persiste la economía ilegal de la coca, y no hay debida protección de los recursos naturales, para mencionar algunas consideraciones que colocan la complejidad de este reto.
Una política para superar las violencias organizadas debe plantearse de frente a la coca. El narcotráfico es un disolvente de toda posibilidad de avanzar en democracia, con narcotráfico no podemos construir estado social de derecho, el narcotráfico todo lo corrompe y ha sido el capital de mafias que hoy son una fuerza enorme en la sociedad colombiana. Si queremos superar las violencias organizadas, debemos salir de la fracasada guerra contra las drogas, desarrollar de manera autónoma alternativas para el tema coca y cultivos ilícitos y participar de manera activa y propositiva en el debate global, para construir nuevas políticas frente al tema drogas, tema mundial que va a cambiar, no ahora, pero va a cambiar.
Una política abarcadora para cerrar las violencias organizadas debe partir de darle impulso al cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC. Su incumplimiento sustancial por parte de este gobierno le ha dado nuevos aires a la acción de los disidentes de las FARC. Igualmente, hay que colocar los recursos financieros, el protagonismo ciudadano y las instituciones estatales que hagan realidad este importante acuerdo.
Construir una política ante las violencias organizadas que hoy persisten debe plantearse con seriedad y recursos de todo tipo. La presencia legitima del estado en el conjunto del territorio, lo que algunos han denominado una presencia integral y estratégica, implica asumir diálogos difíciles y complejos en los territorios donde permanecen los irregulares, llámese ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo o bandas organizadas. El reto es construir procesos de paz y desarrollo en los territorios.
Estamos en pleno debate presidencial, hay que animar el debate sobre cómo vamos a salir de este nuevo ciclo de violencia, es necesario y posible.