Durante el reciente período de campañas electorales para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, la Fundación Paz y Reconciliación en alianza con el diario El Espectador y la Fundación Friedrich Ebert – FESCOL, nos dimos a la tarea de preguntarles a los candidatos a la alcaldías de cuatro ciudades principales en Colombia, por sus propuestas para una mejor seguridad ciudadana durante los próximos cuatro años, en donde se esperaba que al interior del debate se discutiera en cómo llevar a cabo planes e ideas para unas metrópolis en un país en postconflicto.
La guerra en Colombia ha tenido su punto más álgido en municipios y veredas, que es en donde se han llevado a cabo los enfrentamientos entre guerrillas, fuerzas militares y paramilitares. Sin embargo, es claro que las ciudades no han sido ajenas a este flagelo. Medellín y Cali por ejemplo han sido centro de disputa territorial entre grupos armados por el control de la venta de drogas ilegales. Bogotá en los años ochenta y parte de los noventas sufrió hechos violentos como la Toma al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la oleada terrorista desatada por los carteles de la droga en Colombia.
Así mismo cada ciudad en nuestro país ha padecido algún hecho relacionado con el conflicto armado, prueba de que ningún territorio en Colombia es ajeno a este, por lo que se hace necesario que todo el país prepare planes e ideas propias en su zona para un eventual escenario de postconflicto.
El primero de estos debates se celebró en Bogotá, con Carlos Vicentes de Roux y María Mercedes Maldonado, aún en la contienda.
En los cuatro debates sobre seguridad ciudadana realizados por esta alianza (Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga), no se escuchó propuesta alguna, enfocada en eventual escenarios de postconflicto.
En lo que tiene que ver con Bogotá los candidatos parecen no conocer que la capital del país es quien más recibe víctimas del conflicto armado, que acuden a ella huyendo de la guerra. Según la Unidad de Víctimas, hay un total de 623.151 personas declaradas como víctimas del Conflicto, la mayoría de estas tienen asentamientos en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, San Cristóbal y Usme en condiciones de vulnerabilidad.
Ante esta realidad la actual administración se comprometió a construir un total de 70 mil Viviendas de Interés Prioritario para estas personas, como plan complementario al paquete ofrecido dentro del Programa de Cien Mil Viviendas Gratis del Gobierno Nacional. A ninguno de estos se les escuchó decir si daría continuidad a estas medidas y a donde llevaría a cabo su construcción (Centro Ampliado o localidades periféricas).
Tampoco se escucharon propuestas e ideas encaminadas a no permitir que la población desmovilizada no corra el riesgo de ser atrapada en las redes de criminalidad urbana de Bogotá.
En lo que tiene que ver con desmovilizados, parecería que Colombia olvidó por completo episodios ocurridos durante la administración de Álvaro Uribe Vélez quien trajo a la ciudad de Bogotá un número grande de ex integrantes de las Autodefensas, dejándoles en albergues ubicados en los barrios Palermo y la Soledad, lo que desató una ola de protestas de parte de los vecinos de la zona, por el creciente aumento de prostitutas y venta de drogas en su territorio tras la presencia de estos señores, a lo que hay que sumarle los atentados que con petardos de bajo calibre que para ese entonces ocurrieron en estos territorios, y que no pueden volver a suceder.
Lo anterior demuestra que Bogotá, aunque no sea territorio de disputa entre grupos armados al margen de la ley, tampoco es ajena al conflicto armado y que debe preparar ideas que permitan no solo un reasentamiento de la población víctima del conflicto y de la población desmovilizada, sino además generar planes de educación básica y superior, lo mismo que trabajar de la mano de la empresa privada para que quienes lleguen de la guerra, encuentren una solución económica y adecuada para lo que será su vida en adelante.
Medellín, Cali y Bucaramanga tampoco fueron la excepción, a pesar de que las dos primeras ciudades han sido centro de disputa territorial de parte de los grupos armados y de carteles de la droga.
En las tres ciudades se escucharon propuestas que hacían caer a los candidatos en lugares comunes, como aumentar el número de pie de fuerza de la policía e instalación de cámaras de seguridad. Tampoco pronunciaron ideas encaminadas a trabajar de la mano de los municipios vecinos, ni el departamento. Es decir, que no se ha caído en cuenta que el tema de seguridad urbana ya no se trabaja de manera aislada e individualmente, sino que se debe cooperar con los zonas aledañas, como un tema de ciudad – región.
Al igual que en Bogotá, los candidatos a las alcaldías de estas tres ciudades no se pronunciaron en planes que preparen a sus ciudades en un eventual postconflicto.
Sorprendió a un más que en el debate citado por el diario El Espectador y el Programa La Controversia del Canal Capital, para que los candidatos a la alcaldía de Bogotá debatieran sus planes de cómo sería el papel de Bogotá en una etapa de postconflicto en Colombia, lo más cercano a la idea planteada por los citantes, fue del candidato Francisco Santos quien mostró su negativa a invertir en la población desmovilizada, según él, “son las Farc quienes deben entregar el dinero para que estos inicien una nueva vida”. El resto de aspirantes dieron respuestas que nada tenían que ver con el tema.
Esto da a entender que Colombia no es consciente del camino que inicia con la eventual firma de un proceso de paz con las Farc, y que esto parecería una cosa más del Gobierno Nacional, en este caso del Presidente de la República, que del país entero. Por esto se hace un llamado a los nuevos gobernantes en nuestro país, a que desde ya se piense en diseñar planes y esquemas que permitan al país entero prepararse para una etapa de postconflicto.