Por: Guillermo Segovia Mora.
Las últimas semanas, los bogotanos y bogotanas nos hemos visto afectados por sobrecogedoras y aterradoras noticias sobre hechos delictivos que atemorizan, no solo por su frecuencia, sino por la sevicia con la que han sido cometidos. Si bien, no parecen ser representativos de una crisis de seguridad y una criminalidad incrementada, si son síntomas de alerta para la ciudadanía y la administración de la ciudad.
Un ciudadano apuñaleado en una estación de Transmilenio, otro asesinado en un forcejeo por no dejarse quitar una cachucha, uno más atacado inmisericordemente frente su casa para arrebatarle el celular, mujeres arrastradas desde motocicletas para arrancarles sus carteras o violentadas en parques, aparición de cuerpos desmembrados son hechos que llaman la atención por la frialdad inmoral de los victimarios.
De las estremecedoras cifras de muerte violenta de comienzos de la década de los años 90, de la que dimos cuenta en las primeras radiografías elaboradas sobre el tema, gracias a políticas públicas orientadas a la reducción de esa dramática situación, con diversos énfasis en el aspecto social, la cultura ciudadana y el control policial y la investigación criminal, Bogotá logró colocarse en la media internacional de muertes por cien mil habitantes para ciudades de sus características.
No obstante, según informa la Policía Metropolitana, cada ocho horas se registra un asesinato y a la semana 20 en promedio. De enero a octubre se produjeron 835 homicidios, con un incremento del 1.5% con respecto al año anterior. Ciudad Bolívar es la localidad con el mayor número de casos, 168 a corte de octubre, seguida por Usaquén (42 casos), Rafael Uribe Uribe (74 casos) y Puente Aranda (41 casos).
Lo más indignante es que el 8% de los asesinatos estén relacionados con hurto de celulares y bicicletas. Y, si bien, es un logro que, para esos casos, a octubre haya una reducción comparativa de siete respecto del año pasado (de 64 a 57), como lo reivindica ante los medios la coronel María Elena Gómez, jefe de la Sijín de la Policía de Bogotá, el móvil demuestra una delincuencia animada por la facilidad de comercialización de los objetos del ilícito y unas condiciones de seguridad deplorables en algunos sectores de la ciudad.
En la ciudad se registra, a través de sondeos de los medios, el debate público y la percepción de inseguridad, insatisfacción alrededor del tema, no solo por los crueles casos de asesinatos por robo sino por la ruptura de confianza que se ha generado con la autoridad policial, derivada del desprestigio de que periódicamente algunos de sus miembros aparezcan vinculados con hechos criminales y de abuso y maltrato a los jóvenes. Imagen: Pares.
Según cifras facilitadas por el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, el año pasado entre el 1 de enero y finales de octubre, habían robado 49.786 celulares. Este año, para el mismo período, la cifra bajó a 38.684. Se produjo una reducción de 11.102 casos. Para el solo mes de octubre la disminución comparativa fue de 5.075 a 4.415 celulares. Si bien pareciera que las medidas adoptadas han tenido algún efecto, considerando que ha sido un año de restricciones y confinamiento, el resultado no es muy demostrativo: en promedio cada hora se produce el robo de 6 celulares.
De acuerdo con la Policía Nacional, el 34% del total de homicidios tiene relación con riñas y convivencia, el 22% corresponde a problemas de bandas en negocios de microtráfico (ajustes de cuentas, control territorial), venta de armas o economías ilícitas y el 35% está por determinar.
El arma de fuego, con un 62%, es el medio más utilizado en la comisión de delitos, seguido por el arma blanca con un 31% y elementos contundentes con un 7%. Hay evidencias de estructuras criminales dedicadas al homicidio, como la recientemente desarticulada de “Los Meliani” a la que se le imputan 14 asesinatos por encargo en Bogotá.
Esta situación se refleja en que un 49% de los encuestados afirman sentirse inseguros en su propio barrio y un desconcertante el 24 % -de 12 mil sondeados- aseguró haber sido víctima de algún tipo de delito durante la cuarentena, según encuesta del programa Bogotá Cómo Vamos, realizada entre julio y agosto, en momentos de levantamiento del confinamiento debido a la pandemia producida por el Covid-19, por lo que refiere una sensación vivida en época de semi encierro. El mayor malestar se presenta en localidades del suroriente y suroccidente de la ciudad y en estratos populares.
Es probable que este panorama haya incidido en los desencuentros públicos de la alcaldesa Claudia López con su Secretario de Seguridad, Hugo Acero, como su insistencia en mayor presión para evitar la reocupación del sector del Bronx por indigentes y el criticado señalamiento a inmigrantes de “estarnos haciendo la vida a cuadritos”.
Inclusive, frente a los acontecimientos del 9 de septiembre, tras el asesinato por policías de Javier Ordóñez, que llevaron al incendio de varios CAI y la muerte de 13 personas, de muchas de las cuales se acusa a la policía, frente a lo cual fue crítica la posición de la alcaldesa al señalamiento del gobierno nacional, respaldado por Acero, de que se trataba de una asonada del ELN, y exigió claridad y correctivos.
Más allá de las impresiones que puede generar el tratamiento mediático de las situaciones de criminalidad, en ocasiones con un trasfondo que busca generar pánico moral para presionar medidas restrictivas de control pensadas en función de épocas de indudable insatisfacción social, como aquellas de militarizar la ciudad, el Secretario de Seguridad sostiene que hay logros a la fecha como la desarticulación de 135 bandas la mayoría dedicadas al hurto, en particular en el transporte público, la judicialización efectiva de los capturados y la reducción relativa de algunos índices delictivos.
Con todo, en la ciudad se registra, a través de sondeos de los medios, el debate público y la percepción de inseguridad, insatisfacción alrededor del tema, no solo por los crueles casos de asesinatos por robo sino por la ruptura de confianza que se ha generado con la autoridad policial, derivada del desprestigio de que periódicamente algunos de sus miembros aparezcan vinculados con hechos criminales y de abuso y maltrato a los jóvenes.
Al parecer, además de una reforma institucional, el empoderamiento que de la entidad se hizo a través del Código de Convivencia, aumentado con las funciones asignadas para el control de la pandemia, requiere una urgente capacitación que clarifique e interiorice el principio de autoridad con apego a las normas y derechos y al servicio de los ciudadanos.
La manera en que la policía ha evadido despejar las dudas sobre la actuación del 9 y 10 de septiembre que conllevó la muerte de 13 civiles, documentada de manera amplia por portales periodísticos como 070, La Vorágine, Temblores y Cuestión Pública, en nada contribuye a una relación transparente y de empatía con la ciudadanía. A esto se suma la grave denuncia del concejal Diego Cancino de la indolencia policial frente a la muerte incinerados de nueve muchachos en un centro de detención de Soacha.
Frente a la problemática de inseguridad se revive el debate sobre las causalidades, entre quienes radican su incremento en la situación económico social, indudablemente agudizada por los efectos del confinamiento por la pandemia y apneas aliviada con precarias ayudas públicas, y quienes las relativizan para enfatizar en las evidentes macroestructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas -potenciadas con la negativa del Congreso a legalizar el consumo de marihuana-, receptación y otros delitos, traducidos en el comportamiento criminal callejero en una lumpenización tal, que un celular o una bicicleta pueden costar la vida.
Con seguridad las políticas y los apoyos sociales de emergencia constituyen una importante barrera para evitar la delincuencia eventual por necesidad -con prioridad en la juventud-, pero ante manifestaciones de una industria criminal, como la operante en Bogotá, son imprescindibles medidas concertadas con los organismos de investigación y la policía para atender aspectos protuberantes en lo inmediato: refinamiento de las labores de inteligencia, generalización de cámaras de seguridad, control a la posesión de armas de fuego y armas blancas, judicialización y extinción de dominio de negocios dedicados a la receptación de celulares y bicicletas y expendios de drogas de uso ilícito (“ollas”), además de las prioridades establecidas por la Fiscalía para combatir la criminalidad en general.